ABI.- Las víctimas de la masacre de Sacaba, Cochabamba, ocurrida en 2019, solicitarán al relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, que contribuya a la búsqueda de justicia respecto a las matanzas ocurridas en el régimen de Jeanine Áñez, indicó el dirigente Roberto Jucumari.
Explicó que una delegación de los familiares de los 11 indígenas muertos y del centenar de heridos se reunirá el sábado con el enviado internacional. “Vamos a invitarle que también nos visite a Cochabamba, donde nos han masacrado en ese lugar”, manifestó en radio Patria Nueva.
“Cómo víctimas verdaderas que hemos pasado esa masacre en 2019 por eso estamos viajando tres personas a la reunión”, manifestó.
El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Áñez, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en la matanza de Sacaba se produjeron ejecuciones sumarias.
“El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, indica el informe del GIEI.
El reporte internacional también añade que durante la gestión de Áñez se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 perdieron la vida otras 11 personas, todas indígenas y 78 resultaron heridas.
Al respecto, el informe internacional concluye que “el análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”.
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