AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El denominado “grupo de juristas independientes” que entregó al relator de la ONU un dossier que cuestiona la independencia judicial, está compuesto por abogados vinculados a gobiernos neoliberales, como el de Gonzalo Sánchez de Lozada o fueron producto del cuoteo judicial de los ’90 o fueron destituidos de sus cargos por juicios por prevaricato, indicó el abogado Aldo Michel.
Los juristas que entregaron el dossier son Juan Del Granado, Katia Saucedo, José Antonio Rivera Santivañez, Gualberto Cusi, Bernarda Flores Ivanovic, Ramiro Orias Arredondo, Samuel Flores Cruz, Gabriela Sauma Zankys, Marcelo Fernández y Soraya Santiago Salame.
“El doctor Del Granado, el doctor Rivera, los conocemos por sus antecedentes de vinculación política-partidaria en tiempos neoliberales, con partidos tradicionales, con partidos de derecha, con proyectos políticos”, indicó.
“El señor Juan del Granado, por debajo, está asesorando a los abogados de Jeanine Áñez” para desvirtuar los argumentos del golpe de Estado, agregó Michel, quien dijo que ese asesoramiento le priva de “toda voz moral al señor Del Granado”.
Juan del Granado, fue militante de la agrupación política Movimiento Bolivia Libre (MBL) que cogobernó junto a Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien impulsó la privatización de empresas públicas y quien, posteriormente, fue sentenciado por la masacre sangrienta de octubre de 2003, la cual tuvo un saldo de al menos 67 personas fallecidas.
Del Granado también militó en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora, en el Movimiento Sin Miedo (MSM), que se aproximó temporalmente al MAS.
Otra de las juristas es Kathia Saucedo, quien fue Viceministra durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. La abogada también trabajó como asesora de Waldo Albarracín, el cual participó el 10 de noviembre de 2019 en la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) donde actores extralegislativos definieron entregar el poder a Jeanine Áñez.
Otro de los juristas que entregó el dossier al relator de la ONU es Gualberto Cussi, abogado que en 2017 fue destituido del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes.
José Antonio Rivera Santivañez es el otro jurisconsulto que entregó el documento al relator Diego García-Sayán.
Rivera fue designado como magistrado del Tribunal Constitucional desde el año 2003, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR.
Al respecto, el abogado Michel explicó que varios de los integrantes del autodenominado “grupo de juristas independientes” cogobernaron con Sánchez de Lozada, Hugo Banzer o desempeñaron altas funciones públicas pero en ese tiempo “no hicieron nada” para mejorar la justicia en Bolivia o para evitar las políticas de privatización de los recursos naturales.
Es más, varios de los cargos que asumieron fueron producto del “cuoteo”, es decir de la repartición entre los partidos neoliberales, añadió.
