Por Rubén Atahuichi /LA RAZON.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó la ley de designación de autoridades regionales que sancionó la Asamblea Departamental de Santa Cruz y que causó preocupación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La norma, sancionada el 17 de septiembre, dispone la designación de representantes regionales de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A través de un auto supremo dictado el 1 de octubre, el TCP consideró “ha lugar la solicitud de medida cautelar formulada por Andrónico Rodríguez, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta que se resuelva el fondo de la problemática”.
El TCP analizó la demanda del senador, presentada el 24 de septiembre, y consideró que aquella cumple los requisitos de “1) el o los actos que pretende no se ejecuten, 2) el daño o perjuicio irreparable que podría producirse de no adoptarse las medidas y 3) la vinculación del hecho y el perjuicio o daño irreparable con el o los derechos que se denuncian como vulnerados”.
Además, afirmó que en la solicitud “se advierte que expresó adecuadamente cuál es la resolución o acto que pretende que no se ejecute señalando que solicita que el Gobierno Departamental de Santa Cruz se abstenga de promulgar y publicar la Ley Departamental de la Organización del Órgano Legislativo, que tiene por objeto establecer la organización de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz respecto a su composición, estructura y funcionamiento (…)”.
La Asamblea Departamental de Santa Cruz, dominada por la alianza Creemos, del gobernador Luis Fernando Camacho, sancionó la ley departamental “sobre la elaboración de ternas para las designaciones” del fiscal departamental, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y director de la oficina Anticorrupción.
La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizaciones de las referidas entidades públicas, irrumpiendo la voluntad del legislador del nivel central del Estado”, dice el auto supremo del TCP.
Hace unos días, el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, había aceptado la posibilidad de que el TCP diga lo contrario a la norma sancionada, y rechazó que el proyecto busque consumar el “separatismo” cruceño, como denunció el 24 de septiembre el ministro de Justicia, Iván Lima.
