Por Rubén Atahuichi/ LA RAZON.- El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) estableció que en el cabildo convocado por el Comité pro Santa Cruz el viernes 30 de septiembre participaron “aproximadamente 229.126 asistentes”.
La información —a la que accedió La Razón— está contenida en el informe que dicha oficina presentó el 14 de octubre a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, cuya consideración está pendiente.
El 15 de septiembre, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, solicitaron “la observación y acompañamiento del Sifde en la realización del cabildo departamental” a las 17.00 del viernes 30 de septiembre.
Entonces, detallaron ocho puntos (resumidos en esta edición) para la consideración del cabildo: 1) Censo de Población y Vivienda en junio de 2023; 2) abrogación de la Ley 1405; 3) reforma judicial; 4) exigir al INRA frenar los avasallamientos de tierras en Santa Cruz; 5) frenar el avasallamiento y ocupación ilegal de tierras, y acciones para la protección de áreas protegidas; 6) elaboración del pacto fiscal; 7) nuevo padrón electoral y 8) consideración del cabildo para “asumir acciones legítimas enmarcadas en el orden constitucional”.
SIFDE.
El 21 de septiembre, la Sala Plena del TED derivó la tarea al Sifde, que a su vez designó cuatro técnicos con ese fin: Jeannete Beltrán Díaz, responsable de Coordinación del Sifde; Martín Espejo González, técnico OAS-Sifde; Crisbel Castañón Cuéllar, técnico de Educación e Investigación Intercultural, y Ana Isabel Paz Vida, consultora de Capacitación del TSE (Tribunal Supremo Electoral).
Según el informe, Coord.Sifde.SCZ 015/2022 (de 79 páginas, 19 de ellas sobre el informe y el resto, anexos), el cálculo del número de asistentes al cabildo se hizo bajo el método creado por Herbert Jacobs, que señala que “la medida de cómputo para una multitud es de 2,5 pies cuadrados por persona”.
El documento del Sifde explica que “para el cálculo se consideró datos de referencia en imágenes y fotografías aéreas facilitadas por los promotores”.
También, que “el área aproximada ocupada por los asistentes al cabildo fue 53.272 metros cuadrados, datos calculados en el software ArcGis 10.5”.
“En ese contexto, aplicando la fórmula de Herbert Jacobs, se tendrá aproximadamente 229.126 asistentes”, concluye el informe.
El día del cabildo, el Comité pro Santa Cruz informaba de manera progresiva el número de asistentes al cabildo. “Más de 1.530.000 de bolivianos en Santa Cruz decidimos Censo 2023, sí o sí”, fue su conclusión en sus redes sociales el término de la cita.
Este dato está consignado también en la “escritura pública sobre protocolización de acta de verificación del cabildo cruceño”, a solicitud de Calvo, firmada el 6 de octubre por la notaria de Fe Pública 2 de Santa Cruz, María Luisa Lozada Bravo. “El contador digital contó con la participación de 1.530.000 presentes en el cabildo”, señala el documento.
El uso de esa información fue recurrente por parte de Calvo y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En sus conclusiones, el Sifde estableció que la mayoría de los 21 oradores, además del presentador, enmarcaron su intervención en temas de la convocatoria al cabildo y tres abordaron temas que no estaban en la agenda.
OBSERVACIONES.
Sin embargo, observó que entre los oradores “se constató la participación de otros departamento del país, por lo que se concluye que han incumplido con la convocatoria a cabildo departamental de fecha 14 de septiembre de 2022”.
Una de las principales oradoras invitadas fue la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Compcipo), Roxana Grass. Ella fue una de quienes se salió de la agenda de la convocatoria al cabildo.
Habló del “miedo” del Gobierno al Censo. “No quieren que se descubra el fraude electoral”, dijo.
Una segunda observación tuvo que ver con la condición de “cabildo departamental” de la cita.
“De la verificación in situ respecto de las preguntas en el cabildo se constata que con la tercera realizada por el señor Rómulo Calvo no se ha cumplido con la convocatoria”, observó el Sifde.
Esa pregunta en cuestión señala: “¿Están de acuerdo los hermanos de otros departamentos en exigir en sus departamentos que se cumpla el Censo 2023, si no, a tomar acciones en toda Bolivia?”.
El 14 de septiembre, el Comité pro Santa Cruz, por mandato de una cumbre del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, convocó al cabildo en la rotonda del Cristo Redentor, con el objetivo de “legitimar” junto a la población acciones para un Censo en 2023, en respuesta a la decisión del gobierno de Luis Arce de postergar el empadronamiento del 16 de noviembre de 2022 para mayo a junio de 2024, según establece el Decreto Supremo 4760.
DATOS DEL INFORME
- El informe se basó en la Constitución, las leyes del Órgano Electoral y de Régimen Electoral, y el Protocolo de Cabildos.
- La labor del Sifde fue coordinada con Manfredo Bravo y Stello Cochamanidis a las 10.00 del 30 de septiembre.
- El cabildo del 30 comenzó a las 17.07 y terminó a las 21.00; hubo números musicales, un presentador del evento y 21 oradores.
- Se habló de federalismo, economía que se cae a pedazos, losetas, elecciones municipales y fraude, fuera de la agenda.
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Promotores del “paro indefinido” intentan golpear el crecimiento económico y quebrar la paz social
La Paz, (ABI).- Una tormenta social cayó sobre las cabezas de Luis Fernando Camacho, Vicente Cuellar y Rómulo Calvo, el trio político que persiste en paralizar las actividades en la educación, salud, comercio, banca, transporte, alimentación, producción, suministro de carburantes, construcción y hasta los centros de recreación como las cabañas de las orillas del río Piraí de Santa Cruz.
Los tres políticos de oposición no mandaron ninguna señal de concertación con el gobierno nacional por el Censo Nacional, por el contrario, mediante su brazo violento, la Unión Juvenil Cruceñista, iniciaron una cuenta regresiva y agresiva: “¡Paro indefinido! Faltan 2 días. Sí o sí Censo Nacional 2023”.
En cambio, organizaciones que representan a la sociedad civil y municipios de Santa Cruz rechazaron el anunciado “paro indefinido” desde este sábado, por los impactos negativos sobre la estabilidad económica regional, con efectos multiplicadores en el territorio nacional, y sobre todo la paz social.
Los antecedentes públicos de los líderes del infundado paro, constituyen un agresivo rechazo a los ciudadanos que reclaman respeto del derecho al trabajo, incluso al pedido de concertación demandado por la Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo.
Como Comité Interinstitucional del Censo 2023, asumieron una postura radical que exige la derogación del Decreto Supremo 4760 de convocatoria al Censo 2024.
Perfiles negativos
El gobernador Luis Fernando Camacho enfrenta un proceso penal por el golpe de Estado de noviembre de 2019, cuyo padre canalizó el levantamiento de las fuerzas militares y policiales contra el orden constitucional y democrático.
Santa Cruz no conoce de obras de relevancia económica y social, que haya gestionado el cuestionado gobernador.
Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, tiene 35 denuncias y procesos penales por actos de corrupción y varios ilícitos, según reportes del Ministerio de Justicia. Actualmente, guarda medidas cautelares que le impiden salir de su domicilio particular.
Entre las demandas iniciadas contra el actual presidente del Comité Pro Santa Cruz están: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, beneficios sociales, sedición, difusión e incitación al racismo, uso indebido de influencias, contrabando, entre otros.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, se constituyó en el lugarteniente de Camacho y reproductor de mensajes ofensivos lanzados por el gobernador contra ministros de Estado.
Cuéllar, que no cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Local (FUL), remitió al gobierno una contrapropuesta técnica del Censo, que fue calificada de insuficiente y deficiente.
El rector tiene el antecedente de su marginamiento de la universidad en la gestión 2014, por incurrir en falta grave, como es el plagio de una tesis de maestría. Asimismo, descalificó a expertos internacionales en materia de censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a partir de su unidad especializada Celade (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), que recomendaron realizar el Censo Nacional en 2024 por la exigencia de aplicar una cuidadosa planificación técnica.
¿Sabotaje?
El rechazo popular al “paro indefinido”, hasta ahora, no fue suficiente para hacer comprender al Comité de Camacho, Cuéllar y Calvo que, después del golpe de noviembre de 2019, del que formaron parte, y de la pandemia del Covid-19, se llevó a la ruina a la economía nacional.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dio las buenas nuevas a los ciudadanos: El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia alcanzó una tasa de crecimiento del 4,13%, calculada al segundo trimestre de 2022.
Explicó que este resultado es “el retorno a la senda del crecimiento económico, ratifica este proceso de construcción de la economía y también muestra que se está creciendo un poco más que el primer trimestre”.
La demanda interna, la que quieren paralizar desde Santa Cruz, se constituyó en el pilar de este crecimiento con el 2,30% y la demanda externa con el 1,83%. Asimismo, ascendieron las exportaciones, la inversión pública y privada, las importaciones, gasto de hogares y gasto público, lo que sumó el 4,13%.
El repunte del transporte aéreo, restaurantes y hoteles, electricidad, gas y agua (vinculada a la actividad industrial) y la construcción se verán seriamente golpeados si los grupos radicalizados consuman el “paro indefinido”.
Rector plagiador y conspirador desconoce a Celade y Unfpa como instituciones expertas en censos
La Paz (ABI).- El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuellar, que en 2014 fue cesado de la casa superior de estudios por plagiar una tesis de maestría, calificó de inexpertos a especialistas de Unfpa, Cepal y Celade que hacen seguimiento al censo en Bolivia.
“No tienen experiencia en censos estos representantes de los organismos internacionales”, aseveró el rector en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
En 2014, mediante resolución del Tribunal Superior y de Apelaciones de la UAGRM, respaldada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), se determinó el retiro de Vicente Cuellar de la casa de estudios superiores por haber plagiado una tesis de maestría.
El llamado Comité Interinstitucional, dirigido por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector Cuéllar, optó por convocar a un paro indefinido desde el 22 de octubre, si hasta el 21 no se adelanta el censo para el año 2023.
Camacho y Cuéllar no acudieron a la mesa del diálogo convocado por el Gobierno el 11 de octubre en Santa Cruz, donde participaron expertos internacionales en materia de censos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a partir de su unidad especializada Celade (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía).
En la mesa técnica, los expertos dejaron en claro que no era posible realizar el censo en 2023 debido a razones técnicas y de tiempo.
Recomendaron “no tomar atajos” en la realización de la encuesta nacional e incluso advirtieron que el calendario fijado para junio de 2024 “tiene recortes de tiempo que son importantes de observar”.
El especialista del Unfpa, Daniel Allende Lizama, recordó que junto al Celade, sugirieron a Bolivia postergar el censo de 2022 para octubre de 2024, para garantizar un proceso de “alta calidad”.
En agosto, Camacho y Cuéllar acordaron con el Gobierno encaminar un censo despolitizado y se comprometieron a entregar una propuesta censal.
En septiembre, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la propuesta de la UAGRM está incompleta y ante ello se convocó a una nueva reunión técnica el 11 de octubre.
Organizaciones sociales de Santa Cruz rechazaron el paro promovido por el Comité Interinstitucional y se declararon en emergencia en defensa de la democracia y la reactivación económica. Convocaron al “Gran Cabildo del Pueblo” este viernes en el monumento al Chiriguano.
