Por Rubén Atahuichi / LA RAZON.- Puede ser Amparo Carvajal merecedora de todos los homenajes y reconocimientos por su trayectoria en defensa de los derechos humanos en Bolivia. Uno hasta resulta nada y nadie ante tantos años de lucha de esta mujer venida de León, España, en el mismo año del fragor de la naciente dictadura del coronel Hugo Banzer.

Esos merecimientos debieran ser siempre de nuestro reconocimiento. Ella estuvo al pie de lucha en todos los episodios oscuros de la democracia y hasta fue cofundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Decía una vez Xavier Albó de ella que “en el frasquito pequeño se guarda el mejor licor”. “Petisa, inquieta y ahora cojita, sigue siendo una luchadora gigante”.

A juzgar por sus últimas acciones, los buenos conceptos sobre ella parecen estar esfumándose. A pesar de sus años de lucha, no sería sensato guardarse criterios que, ahora, dicen lo contrario de los principios que sostuvo en décadas.

A partir de la división de la APDHB en los últimos años, Carvajal se ha convertido en un duro contrapeso político del gobierno de Evo Morales y, ahora, de Luis Arce. Sin embargo, su beligerancia con ambos gobiernos le hizo caer en el desvarío.

Ha sido cuestionable que en 2019, cuando el país sufrió una violencia no experimentada en las últimas décadas, no se haya inmutado con las muertes especialmente de Sacaba y Senkata, propiciadas por fuerzas combinadas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

Y, lo peor, en su afán de cuestionar los procesos y detenciones de militares y policías por esas muertes consideradas masacres por distintos organismos de derechos internacionales y, lo último, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Carvajal salió al paso y justificó esas acciones represivas que terminaron con la muerte de al menos una veintena de bolivianos.

“La Policía y las Fuerzas Armadas salieron a defender al pueblo”, dijo en su defensa la activista de derechos humanos.

¿Será posible defender a militares y policías que empuñaron armas contra manifestantes? El GIEI estableció que no solo hubo entonces uso desproporcionado de la fuerza, sino ejecuciones sumarias.

Entonces, militares y policías salieron a reprimir al amparo del Decreto Supremo 4078, posteriormente abrogado a presión internacional, que eximía de eventuales procesos penales contra los represores. El documento con el que las fuerzas represivas actuaron había sido promulgado por la entonces mandataria Jeanine Áñez y su gabinete de ministros.

Y Carvajal insiste en que los represores salieron a defender al pueblo. El GIEI estableció que, por ejemplo, en el caso de Senkata los manifestantes no tenía intención de “volar” la planta de combustibles, como entonces justificaron Áñez, Arturo Murillo, Luis Fernando López y algunos medios de información.

Al contrario, sin ocuparse de las ahora víctimas de las masacres, la longeva mujer hace vigilias por Áñez, que, seguro, tiene derecho de hacerlo. ¿Se movilizó ella por los miles de detenidos injustamente en el régimen precedente? ¿Dijo algo sobre Patricia Arce, ultrajada hasta la humillación en Vinto, o Patricia Hermosa, que perdió su embarazo en la cárcel, sin proceso y donde la tuvieron encerrada por 40 días en un baño? ¿O de Lorgia Fuentes, que fue electrocutada y enmanillada a la cama de un hospital mientras estuvo detenida por nada en 2002?

No. Son del “otro lado”, no del suyo.

Los suyos son la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), esa facción parapolicial, como llamó el GIEI o Estados Unidos. De ellos Carvajal dijo que era “la resistencia necesaria”.

Ese grupo humilló a mujeres de pollera en pleno centro de Cochabamba, “entregó” a manifestantes, ayudó a la Policía a reprimir y causó terror en motocicletas. Incluso, la Comisión Contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo calificó de parapolicial y consideró que fue financiado por “pititas”. Y fue así.

Resistencia necesaria… Al contrario, debemos expresar indignación necesaria ante tanto cinismo de la señora, funcional a quienes tienen responsabilidad sobre la violencia estatal y el quiebre constitucional de 2019.

Causa pena que Carvajal haya despilfarrado tremenda trayectoria por transitar ahora en la vereda equivocada, la de la violación de derechos humanos.

Rubén Atahuichi es periodista.