EL PUEBLO / Redacción Central.- Gran parte de los $us 2,3 millones que robaron los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, junto con sus cómplices, mediante la compra irregular de gases lacrimógenos, fue invertida en un proyecto inmobiliario cruceño del Urubó, uno de los más grandes en el país.
“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado donde se encuentra el dinero de la corrupción (por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio) y gran parte de estos recursos ha sido invertida en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, detalló ayer en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), el 16 de noviembre de 2019 se gestó un negocio fraudulento entre el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ministro de Defensa Luis Fernando López, amigos y colabores de ambos, además de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), para la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de más de $us 2 millones.
El Estado boliviano adquiere desde gestiones anteriores este material de la empresa brasileña Cóndor; sin embargo, durante la administración de Añez, extrañamente se decidió acudir a la empresa Bravo Tactical Solutions como intermediaria.
El pago de coimas a los exministros y sus allegados concretó el ilícito negocio que les otorgó a los miembros del clan mafioso una ganancia de $us 2,3 millones, que se repartieron entre todos.
TRES DECRETOS SUPREMOS
Entre el 29 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, Jeanine Añez y su gabinete firmaron los decretos para justificar la compra del armamento no letal, el presupuesto que también fue usado para coimas y el sobreprecio.
El Decreto 4090 autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana, el Decreto 4116, que abrogó el Decreto 4090, autorizó al Ministerio de Defensa a realizar la contratación directa en el extranjero para la compra del material, y el Decreto 4168 le permitió al Ministerio de Gobierno transferir dinero al Ministerio de Defensa para la compra del material antidisturbios.
EL DINERO PASÓ POR VARIAS MANOS
El 17 de diciembre, la empresa brasileña Cóndor vendió los gases a Bravo Tactical Solutions en $us 3,3 millones y el 19 de diciembre el Ministerio de Defensa suscribió un convenio con esta compañía extranjera para la compra del armamento no letal en $us 5,6 millones.
El 13 de enero de 2020, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, intentó hacer un giro, a través de su cartera, de $us 5,649,137 millones a BT. Paralelamente, Arturo Murillo viajó a Estados Unidos para reunirse con Luis Berkman, representante de BTS y abrió una cuenta bancaria a su nombre y retornó a Bolivia.
“Abren una cuenta en los Estados Unidos y tres días más tarde intentan, a través del Banco Central de Bolivia, la trasferencia de $us 5,6 millones de dólares”, denuncio Del Castillo.
A fines de enero de 2020, el banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago del monto total al detectar una situación irregular, por ello los involucrados en el ilícito trazaron un plan para enviar los $us 5,6 millones. De ese total, la ganancia fue $us 2,3 millones de dólares que se repartieron entre varias personas.
“Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse $us 2,3 millones”, sentenció Del Castillo.
LAS INVESTIGACIONES EN BOLIVIA
Luego de las aprehensiones de Murillo y Méndez en Estados Unidos, quienes son investigados por soborno y lavado de dinero, activistas y políticos de oposición aseguran que la Fiscalía boliviana no hizo nada para esclarecer este caso, a pesar de que a mediados de 2020 ya tenía conocimiento del negociado.
Al respecto, Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado, les invitó a conocer el cuaderno de investigaciones para que no haya dudas del trabajo.
“El 8 de junio de 2020 ha iniciado el proceso correspondiente y se ha dado noticia a la autoridad jurisdiccional para que se investigue el proceso de contratación por las serias observaciones e irregularidades en la compra de armamento no letal mediante el intermediario Bravo Tactical Solutions”, dijo.
Recordó que la Fiscalía emitió los requerimientos diagramando la estrategia de acción a través de investigaciones sobre movimiento de flujos bancarios, informes en Derechos Reales y otros lugares donde hay registro de bienes.
“Se indagó sobre partícipes que intervinieron y se ha pedido información sobre el proceso de contratación íntegro a los dos ministerios. En octubre de 2020, el Ministerio Público, además de colectar la información, ha recibido declaraciones informativas de los rangos altos y medios de la empresa Cóndor, que ha aprovisionado los gases a la intermediaria”, señaló.
Con dicha información fueron emitidas las imputaciones y órdenes de aprehensión en contra de Arturo Murillo y Luis Fernando López.
TEXTO DEL FACEBOOK DEL MINSITRO DE GOBIERNO EDUARDO DEL CASTILLO:
RECHAZO DE INTERPOL
“La Interpol ha sido uno de los obstáculos que ha sufrido el Ministerio Público porque en su razonamiento la persecución era considerada una persecución política, entonces tuvo que ser una justicia ajena al Estado Plurinacional que ha dado cuenta de los actos de corrupción y la pretensión de legitimar las ganancias ilícitas, y así nos dieron la razón”, apuntó.
Remarcó que la Fiscalía no cumple persecuciones de orden político, sino que las persecuciones contra Murillo y López se fundan en actos de corrupción en la compra del armamento no letal.
“La Cancillería anterior ha sido otro obstáculo para que no cumplamos con la identificación o el lugar donde estaban Murillo y López, porque pese a las cartas cursadas a Interpol y la Cancillería, ambas instituciones no han dado fruto, porque dijeron que eran persecuciones políticas, ésa ha sido su máxima bandera y nos impidió a avanzar”, manifestó a los periodistas.
La Fiscalía ya inició los trámites para solicitar la extradición de Murillo y para que se active la notificación azul a fin de conocer el actual paradero de Luis Fernando López, de quien se sospecha que está oculto en Brasil.
En próximos días se realizará la audiencia cautelar de Murillo en Estados Unidos.
Conozca los proyectos “World Trade Center” y “El Doral”, destinos del dinero de la corrupción por la compra de gases en la gestión de Áñez
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien hizo este lunes una gran revelación: La ruta del dinero de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.
“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción y gran parte de estos recursos han sido invertidos en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, aseveró el Ministro, según un reporte de prensa de esa cartera de Estado.
Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes de un clan mafioso.
Del Castillo denunció una serie de sobornos que se realizaron con el dinero producto del sobreprecio. El primero fue a Rodrigo Méndez, quien recibió la suma en efectivo de $us 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld. Parte de este dinero fue para Arturo Murillo.
El segundo soborno fue para Philip Lichtenfeld quien recibió tres trasferencias bancarias de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) por un monto de $us 920.000, añade el informe.
“Según el reporte bancario de las transacciones, el cliente beneficiario figura como ‘Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.’, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria ‘El Doral’ de Cochabamba”, agrega el informe del Ministerio de Gobierno.
El proyecto World Trade Center de Santa Cruz está siendo emplazado en el municipio de Porongo, en la urbanización Colinas del Urubó, a 700 metros del río Piraí. Está constituido por dos torres gemelas, de 27 pisos, revestidas de vidrio. Las torres contarán con 21 pisos de oficinas de 700 metros cuadrados cada una. Un puente conectará ambos edificios. En la parte superior, habrá cinco pisos de entre 300 y 500 metros cuadrados construidos especialmente para brindar una vista privilegiada. Esto implicará un total de 48.000 metros cuadrados de oficinas VIP, clase triple A, según un informe publicado en el periódico Los Tiempos.
Entre los inversionistas de este proyecto se encuentra Philips Lichtenfeld, quien es descrito en la nota de prensa como “gestor del grupo Ravi, una fábrica de botellas, tapas y envases con presencia en siete países y con sede principal en Cochabamba”.
Los otros inversionistas son los argentinos Damián Bacman, Alejandro Ginevra, dueño de Gnvgroup, indica el reporte de prensa.
Según el periódico El Sol de Pando, el World Trade Centers Association cedió a Lichtenfeld y Bacman la franquicia para Santa Cruz.
El reporte del impreso añade que “Philip Lichtenfeld es heredero de una de las industrias de envases y tapacoronas más antigua y exitosa de Bolivia, la empresa Ravi. Una importante y reciente operación en la que estuvo vinculado empresarialmente fue la transferencia de la franquicia de la línea boliviana de detergentes Ola, propiedad de su familia, a la trasnacional británico-holandesa Unilever, que desde 2019 produce esa marca originada en Cochabamba”.
Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.
Según el Ministro de Gobierno, el dinero de la corrupción producto de la red armada en la gestión de Jeanine Áñez, también llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”.
En estos proyectos también participa Philip Lichtenfeld, según el Testimonio e instrumento Nº 411/2017.- “Escritura pública sobre un aumento de capital autorizado, suscrito y pagado y consiguiente codificación parcial de la constitución de sociedad y sus estatutos, que realiza la sociedad anónima Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A” de fecha 29 de marzo de 2017 y disponible en el sitio web de Edictos Legales del periódico cruceño La Estrella del Oriente. (https://www.edictos.bo/testimonio-492/ ).
Según el documento, Philip Lichtenfeld aportó a esa sociedad la suma de Bs. 1.680.000 correspondientes a 168 acciones nominativas de Bs 10.000 cada una, es decir, 11,49% del capital accionario estimado en Bs 14.620.000.
Los otros accionistas son José Cristian Jiménez Poveda, Jonny Hugo Fernández Rioja, Alan Morales Aliendre, Santiago Pablo Bacman y Damián Leandro Bacman (socio de Philip Lichtenfeld en el proyecto de WTC).
Al respecto, el Ministro de Gobierno indicó que se trabaja para recuperar el dinero desviado de los recursos públicos.
“Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse 2,3 millones de dólares”, dijo Del Castillo este lunes.
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