Por Roberto Medina Buezo / En el marco de las investigaciones contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por diversos delitos cometidos en 2020, entre ellos la desaparición de más de 400 kilos de cocaína que debían ser incinerados, el Ministerio Público activará todos los mecanismos procesales para su extradición.
“Tenemos los mecanismos procesales para, a través de la Interpol, conocer la ubicación oficial de esta persona en el extranjero y posteriormente, una vez que tengamos la autorización jurisdiccional, solicitar su extradición para que pueda venir y prestar su declaración y asuma su defensa”, dijo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en la ciudad de Sucre.
El extitular de Gobierno huyó de Bolivia el 5 de noviembre de 2020. Datos oficiales señalan que abordó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) hacia Puerto Suárez (Santa Cruz), desde ahí pasó a Brasil, luego a Panamá y el 12 de noviembre se confirmó que había ingresado a Estados Unidos.
La autoridad recordó que se abrieron varios procesos investigativos en contra de Murillo.
“Tenemos recientemente la apertura de un nuevo caso por la desaparición de más de 400 kilos de droga, en un proceso relacionado al narcotráfico, en el que esta exautoridad hizo de manera pública el comunicado de incautación de 1.435 kilos de cocaína; sin embargo, al momento de la incineración, hubo solamente 1.005 kilos, existiendo una diferencia de más de 400 kilos”, sostuvo.
A inicios de enero de 2020, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró 1.435 kilos de clorhidrato de cocaína, que pretendían ser enviados a Bélgica, camuflados en horcones (madera); sin embargo, días después desaparecieron 435 kilos.
La denuncia sobre la “desaparición” de la droga la hizo el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan.
Confirmó que dentro de las acciones de verificación física de la droga hallada se registró que 18 de 60 horcones no contenían la sustancia controlada.
En aquella oportunidad, Murillo dijo en conferencia de prensa que se trataba de droga de la más alta pureza, pero en el momento de la incineración no reunía esas características
Lanchipa indicó que era una droga prácticamente de mala calidad, situación que dio lugar a la apertura de un caso por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 70 de la Ley 1008, que señala que “El que ordenare o alterare cualitativa o cuantitativamente o sustituyere el cuerpo del delito o los medios de comprobación del mismo que hayan sido decomisados o secuestrado, será sancionado con 10 a 15 años de presidio y 1.000 a 2.000 días multa”.
Es acusado de comprar gases con sobreprecio
El 19 de diciembre de 2019, el exministro de Defensa Fernando López (también prófugo de la justicia) firmó un contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, y el Estado pagó $us 5,6 millones por armamento no letal.
El Ministerio de Defensa no debería ser la unidad solicitante y las pesquisas establecieron que entre las dos carteras de Estado contrataron una empresa intermediaria y que pagaron un sobreprecio de al menos $us 2 millones.
Murillo y López negaron las acusaciones en su contra y, lejos de demostrar ante la justicia su supuesta inocencia, escaparon de Bolivia con el argumento de que eran perseguidos políticos y que no serían trofeos del actual gobierno.
Fiscalía activará mecanismos para extraditar a Arturo Murillo
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