LA RAZON.- El juez Rafael Alcón fue enviado este sábado a la cárcel con seis meses de detención preventiva por favorecer en 2019 al sentenciado por feminicidio y violación Richard Choque Flores. Deberá estar recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Alcón fue aprehendido el viernes acusado de delitos como prevaricato. La mañana de este sábado se instaló su audiencia de medidas cautelares. Alcón había reivindicado su inocencia y aseguró que actuó en el marco de la ley.
Dejó en libertad a Richard Choque Flores con el argumento de que presentaba enfermedades. El 27 de diciembre de 2019 le concedió 18 meses de detención domiciliaria.
“El argumento que ha utilizado este juez, de manera ilegal y en prevaricato, fue que (Choque) estaba en una situación de enfermedad terminal, (pero) esta posibilidad no es admisible en este caso, (además) ninguna de las enfermedades (que alegaron) se encontraban en la etapa terminal (diabetes, gastritis y otras dolencias)”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Choque Flores en libertad continuó cometiendo delitos. En su casa se encontró los cuerpos sin vida de dos de sus víctimas.
Un caso de feminicidio develó la cara más vil de la justicia boliviana
AHORA EL PUEBLO.- El 25 de enero, las autoridades policiales presentaron a Richard Choque como presunto autor de dos feminicidios y otros delitos contra las mujeres, sin imaginar que este caso destaparía —días después— uno de los hechos más insólitos de la justicia boliviana, que fue visto como la cara más vil del sistema judicial nacional.
A través de un ciberpatrullaje, la Policía Boliviana descubrió que Richard, de 32 años, abusó sexualmente de múltiples mujeres y extorsionándolas al hacerse pasar como policía. Luego, les tendía una trampa que consistía en acusarlas de traficar marihuana y droga.
Al final, las obligaba a tener relaciones sexuales para que sus víctimas, supuestamente, no terminen en la cárcel. Se logró descubrir que al menos hay 77 víctimas y desafortunadamente dos fueron victimadas; sus cuerpos fueron hallados en el domicilio de Richard sepultados en una fosa.
Ambas eran adolescentes de 15 y 17 años, captadas mediante las redes sociales. Ese día Richard fue presentado y acusado por la presumible comisión de los delitos de trata de persona, proxenetismo, pornografía y portación de arma de fuego, sin saber que esta persona ya estaba sentenciada con una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien dio a conocer que el “Violador 77”, como se conocía al feminicida, ya fue sentenciado en 2014 por el asesinato de Blanca Limachi, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (Upea) y que tenía otras 17 de nuncias en su contra, extrañamente se encontraba libre.
Mientras tanto los investigadores de la Policía Boliviana y el Ministerio Público llevaron adelante las pesquisas en el domicilio del feminicida serial, ante la atenta mirada de los vecinos de la zona Ballivián de la ciudad de El Alto.
La rabia, el dolor y la frustración cundió entre la vecindad, sobre todo cuando llegaron los familiares de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar los restos o pertenencias de sus seres queridos, por lo que los vecinos del lugar reclamaron la propiedad y pidieron su demolición para ayudar en las investigaciones y en demanda de que los familiares de Richard abandonen el lugar.
Unos días después, el ministro de Justicia, Iván Lima, dio a conocer que el acusado ya estaba sentenciado y estuvo cinco años en la cárcel, pero de forma extraña recibió una autorización del juez 1° de Ejecución Penal para continuar con su condena en detención domiciliaria por 18 meses, alegando buena conducta y padecer una enfermedad terminal.
Tres días demoró el juez Rafael Alcón para otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria al condenado por secuestro y asesinato. La solicitud la recibió el 24 de diciembre cuando era juzgado de turno por la vacación judicial y emitió la autorización el 27 de diciembre de 2019, señalando que debería retornar al penal a mediados de 2021, presentarse cada mes a firmar el libro de asistencia y presentar sus exámenes médicos, nada de aquello se cumplió.
Esa actitud causó el repudio generalizado e inmediatamente se inició una pesquisa al juzgado de Alcón, donde se evidenció que el cuaderno de investigaciones y el expediente del caso desaparecieron, además que José Luis C. cómplice de Richard, se encuentra en libertad porque su proceso —por el asesinato de 2013— está paralizado debido a la ausencia del expediente.
Richard confesó dos asesinatos y aseguró que existen otras víctimas más, ahora se encuentra recluido en Chonchocoro por seis meses a la espera de su juicio por los dos feminicidios, mientras que su benefactor, el juez Rafael Alcón, también tiene detención preventiva por seis meses, pero en el penal de San Pedro, acusado de prevaricato, incumplimiento de deberes y desprotección de mujer en situación de violencia.
Rafael Alcón tiene antecedentes y estaba protegido por su hermano
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, reveló que el juez del Juzgado 1° de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón Aliaga, cometió una serie de irregularidades desde el 2006, pero que los procesos disciplinarios no avanzaron porque contaba con la protección de su hermano Gonzalo Alcón, quien es un exconsejero de la Magistratura.
“Pedimos al Consejo de la Magistratura que destituya inmediatamente a este juez transitorio. Este juez inició en Luribay en 2006, tuvo un mal desempeño permanentemente con denuncias, con sanciones, con proceso disciplinarios que nunca llegaron a concretarse, por un hecho que debemos denunciar, su hermano es el exconsejero de la Magistratura Gonzalo Alcón”, dijo el ministro.
Lima criticó el actuar del juez, quien benefició al feminicida Richard Choque con detención domiciliaria pese a que tenía una sentencia ejecutoriada por un feminicidio en 2013.
“Tuvo una protección desde el Consejo de la Magistratura que también lo nombró y nunca fue evaluado en el desempeño, nunca se hizo una evaluación de las graves irregularidades que se hacía”, dijo Lima y calificó este hecho como “aberrante”.
El juez Rafael Alcón es hermano de Gonzalo Alcón, quien fue cesado en julio de 2021 en el cargo de magistrado porque una sala constitucional consideró que incurrió en incompatibilidad al tener a familiares trabajando como jueces.
Rodríguez: Este hecho pone de relieve los grandes males de la justicia
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, expresó a través de sus redes sociales su indignación y pedido de sanción para el juez que liberó al feminicida que tenía una sentencia y recientemente volvió a incurrir en el mismo delito.
” Es indignante y vergonzoso el caso del juez (Rafael) Alcón que liberó a un feminicida y violador que ya tenía sentencia. Este hecho pone de relieve los grandes males de la justicia boliviana”, publicó en sus redes sociales.
En esa línea, remarcó que desde la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional harán un seguimiento riguroso a este caso a fin de que se haga justicia y se sancione no sólo al feminicida serial, sino también a quienes lo liberaron a pesar de estar sentenciado sin derecho a indulto.
“Exigimos una sanción ejemplarizadora para este juez. Tenemos que trazar el camino para evitar que más vidas se pierdan, por culpa de las acciones contrarias de los operadores de justicia al Derecho”, enfatizó Rodríguez.
El titular del Senado nacional anticipó que las acciones de los legisladores van en las líneas de evitar que exista impunidad por este caso. Richard Choque, el denominado “Violador 77”, por presuntamente cometer abusos en contra de esa cantidad de mujeres, es procesado ahora por el asesinato de dos adolescentes en la ciudad de El Alto.
Rafael Alcón ingresa al penal de San Pedro con detención preventiva por seis meses
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este sábado que Rafael Alcón, el juez que permitió la salida del feminicida serial Richard Choque, ingresó al penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva por seis meses acusado por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y otros.
“Informamos al pueblo boliviano, que el señor Rafael Alcón, conocido como el juez que permitió la salida del feminicida serial, ingresó al penal de San Pedro con detención preventiva por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y otros, por 6 meses. Haremos el seguimiento respectivo hasta que se haga justicia”, publicó la autoridad en su cuenta en Facebook.
La audiencia de medidas cautelares de Alcón, se llevó a cabo este sábado de manera virtual, pese a haber sido pospuesta en dos oportunidades debido a supuestas descompensaciones respiratorias del acusado.
Ayer viernes, el Ministro de Gobierno presentó a esta persona como el responsable de otorgar el beneficio de detención domiciliaria al feminicida y violador serial Richard Choque, y lo denominó “la cara más vil de la justicia en Bolivia”.
El juez Alcón es acusado por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y desprotección de mujer en situación de violencia, de acuerdo con reportes oficiales.
El TSJ fiscalizará cambios a sentencias ejecutoriadas, pide informes a jueces desde 2019
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) toma de la decisión, tras conocerse que el juez Rafael Alcón otorgó detención domiciliaria a una sentencia por feminicidio y violación
LA RAZON.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fiscalizará las modificaciones a las sentencias ejecutoriadas de forma retroactiva y de aquí para adelante. Los jueces de ejecución penal están obligados a remitir esa información a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de la máxima instancia judicial de Bolivia.
La decisión fue tomada luego que se conociera que el juez Rafael Alcón concediera detención domiciliaria en 2019 a un sentenciado por feminicidio y violación que ahora es acusado de dos feminicidios y otros delitos cometidos en el tiempo que estuvo libre.
El instructivo 07/2022 fue emitido el viernes y establece que hasta el 4 de febrero los jueces de sentencia deben remitir a la UTLCC “todas las decisiones judiciales que hayan modificado la situación jurídica de las personas que estén cumpliendo sentencia condenatoria ejecutoriada emitidas en las gestiones 2019, 2020 y 2021”.
Para lo venidero, se dispuso en un plazo de 48 horas para el envío de la modificación de sentencia ejecutoriada. El incumplimiento estará sancionado de forma administrativa.
También se determinó que “en el día y bajo responsabilidad administrativa”, los secretarios de los tribunales y juzgados en materia penal están obligados a informar “por escrito al juez” sobre “el incumplimiento de las reglas y condiciones impuestas a todo procesado, del cual se tenga control jurisdiccional, correspondiente a suspensión condicional de la pena, medidas sustitutivas a la detención preventiva, suspensión condicional del proceso, libertad condicional, detención domiciliaria en ejecución de sentencia y otros”.
La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC), a “consecuencia de la información que se recabe, está facultado a iniciar las acciones penales y/o disciplinarias que corresponda”.
Alcón benefició al sentenciado Richard Choque Flores con detención domiciliaria en 2019. Choque Flores ahora es acusado de dos feminicidios, enterró a sus víctimas en su casa.
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