El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el lunes se firmará un acuerdo que sentará las bases del trabajo de la misión internacional que llegará a Bolivia el 23 de noviembre con la finalidad de contribuir a esclarecer los hechos de violencia y represión policial-militar que se dieron hace un año.
“A nombre del Gobierno Nacional buscaremos todos los mecanismos necesarios para que las víctimas tengan justicia. El lunes firmaremos un protocolo como Estado Boliviano con la CIDH para que se investigue de manera imparcial todo lo que sucedió en Senkata, Sacaba, y toda Bolivia”, explicó.
Cinco expertos del “más alto nivel”, además del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Joel Hernández García, llegarán a Bolivia. En un primer informe, el organismo internacional calificó de “masacres” a las represiones de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz).
En Sacaba perdieron la vida 8 personas por impacto de bala y en Senkata 10, también por heridas de bala, en medio de operativos policiales y militares que estaban amparados en decreto, luego anulado, que los liberaba de responsabilidad penal por lo que vaya a ocurrir en los operativos. Las víctimas mortales eran parte de protestas de respaldo a Evo Morales.
El exministro Arturo Murillo y el exministro Fernando López descartaron que las fuerzas militares o policiales hayan hecho uso de sus armas de reglamento y denunciaron que las balas salieron de las mismas protestas.
Antes habían ocurrido otros conflictos en Montero, Santa Cruz, donde murió una persona que era parte de los bloqueos que pedían la renuncia de Morales. También se tiene reporte de la muerte de un policía en El Alto y de otra persona en la ciudad de La Paz.
Senado rinde tributo a caídos en la crisis de 2019 y los declara defensores de la democracia
La sesión de la Cámara de Senadores de este jueves. Foto: Twitter del Senado
LA RAZON.- A un año de las “masacres” de Sacaba y Senkata, la Cámara de Senadores aprobó este jueves una resolución en la cual rinde homenaje a todas las víctimas de los hechos luctuosos del conflicto poselectoral de noviembre de 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, y los declaró defensores de la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia.
La crisis del año pasado tuvo como detonante la renuncia obligada del presidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude.
En el documento, según una nota de prensa del Senado, se indica que “en el ejercicio de su vocación democrática, el Estado boliviano celebró elecciones generales el 20 de octubre de 2019, sin embargo, el resultado de las mismas desencadenó una serie de conflictos sociales que derivaron en la renuncia del entonces Presidente, Evo Morales Ayma y Vicepresidente Álvaro García Linera, así como de otras autoridades nacionales, lo que produjo que el 12 de noviembre se instalara un nuevo gobierno” (sic).
Y continúa: “Este hecho generó la intensificación de los conflictos sociales, registrándose cientos de protestas, manifestaciones, huelga y bloqueos en todo el territorio nacional, en este sentido, la Defensoría del Pueblo que se constituye constitucionalmente en la principal institución de defensa de la sociedad reportó el fallecimiento de 35 personas y un total de 833 personas heridas en el contexto de la crisis poselectoral, teniendo la mayor cantidad de personas heridas en los departamentos de Cochabamba (393), Santa Cruz (138) y La Paz (122)”.
“De una investigación efectuada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos se concluyó que por lo menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operativos realizados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; coincidente con ello el Instituto de Investigaciones Forenses confirmó como causa de muerte y de varias de las lesiones el impacto de armas de fuego”.
Por último la resolución congresal indica que “las hermanas y hermanos bolivianos fallecidos y heridos en estos acontecimientos que se constituyen en páginas negras en la historia de Bolivia, sacrificaron su vida e integridad en defensa de la democracia”.
