Por Leyla Mendieta / EL DEBER / Santa Cruz.- La investigación del caso “ítems fantasmas” arroja datos que involucran a al menos diez entidades que se beneficiaron de contratos para ser ejecutados en la administración edil. Según concejales de Comunidad Autonómica (C-A), cada institución recibía entre dos y 150 contratos que eran destinados desde la unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña.
El concejal Federico Morón (C-A) informó que en el análisis preliminar de la documentación identificaron a 4.195 personas con observaciones en su proceso de contratación; sin embargo, estos contaban con aval de distintas instituciones, entre las que mencionó a presidentes de colegios de profesionales, empresarios, exconcejales, exsecretarios, partidos políticos, control electoral, entre algunas entidades.
Morón acotó que en este grupo de funcionarios observados se identificó distintas figuras. Por un lado, hay quienes nunca aparecieron a marcar y, por otro, personal que asistía una sola vez para firmar asistencia de todo el mes.
“Cada año había personal que entraba y salía porque (la Dirección) Recursos Humanos se ocupaba como una caja de favores”, indicó el concejal Morón, a tiempo de detallar que cada institución era beneficiada por dos o más de 150 contratos.
Los documentos de las contrataciones observadas fueron entregados a la Fiscalía con nombres de beneficiarios y el supuesto aval que estos tenían para el cargo. Los datos corresponden al periodo que va desde diciembre de 2020 a la fecha. Se identifica similar proceder en anteriores gestiones, como la que se investiga en los ítems fantasmas de 2014 a 2018.
“Se trata de un mecanismo de corrupción, de un pacto de corrupción”, acusó Morón. Por su parte, el integrante de la misma bancada, el concejal José Alberti, quien el fin de semana denunció la entrega de 200 contratos a favor de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido político del alcalde Jhonny Fernández.
Esta semana, Marcela Terceros, fiscal de la comisión que investiga el caso de ítems fantasmas, explicó que efectivamente se tiene la hipótesis de que existen instituciones con personal involucrado en este caso, por lo que se sigue investigando los entornos de los acusados en el proceso.
A las denuncias en este caso se sumó ayer Renzón Mendieta, dirigente de trabajadores municipales, quien cuestionó que en la gestión 2020-2021 se entregó vales por la totalidad de funcionarios registrados en la Alcaldía, pese a que un grupo “es fantasma”.
“Aparentemente también fueron beneficiados de los vales de consumo los fantasmas. Entonces, esto es parte igual del desfalco”, cuestionó Mendieta.
Agenda de comisión
Ayer se reunió la comisión especial del Concejo Municipal que hace el seguimiento al caso ítems. El concejal Juan Carlos Medrano resaltó que esta información entregada a la Fiscalía debe ser contrastada por esta instancia con el objetivo de esclarecer este caso.
Esta comisión tiene previsto, entre hoy y mañana, reunirse con el director municipal de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña y la Secretaria de Transparencia del municipio con el objetivo de que brinden listados, planillas y fechas de momentos relevantes de esta investigación.
Pareja de acusado y Saguapac
Ayer llegó hasta la Fiscalía Francia Antelo, esposa de Guillermo Parada, uno de los principales acusados en este caso y exfuncionario de Saguapac, donde también es sindicado de captar personas bajo engaños para figurar con ítems fantasmas.
“No le deseo a nadie el calvario que estoy viviendo por solo estar casada 16 días”, dijo Antelo brevemente, antes de entrar a las oficinas del Ministerio Público.
Antelo brindará su declaración el próximo 20 de diciembre en calidad de testigo. Ella adelantó que desconoce el caso y que ahora su divorcio está en trámite.
Esta semana, el fiscal departamental, Róger Mariaca, indicó que en el marco de las investigaciones se prevé convocar como testigos a directivos de Saguapac.
César Flores, jefe de Responsabilidad Social de Saguapac, indicó que aún la Fiscalía no les solicitó información sobre ningún funcionario; sin embargo, están predispuestos a colaborar en el caso.
“Estamos esperando que nos citen (la Fiscalía) para coadyuvar con las investigaciones, pero hasta ahora no lo han hecho. Los delitos son personales y nadie puede manchar la imagen de la cooperativa”, afirmó Flores.
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