Imputan a jefe policial represor por lavado de dinero: Bs. 6.1 millón

Página Siete.- El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)  Iván Rojas y su esposa fueron imputados por lavado de dinero. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de ambos en el caso de la investigación sobre el origen de 6,1 millones de bolivianos de su patrimonio.

Ante las varias denuncias presentadas en su contra, Rojas reveló ayer que pidió al jefe nacional de personal de la Policía ser destinado a la letra “A” (prejubilación) y “renunciar a cualquier aspiración personal” (ascenso al grado de general). Aseguró que de acuerdo a las últimas valoraciones entre oficiales que debían ser promovidos, él era el primero de la lista, lo que lo hacía merecedor se asumir como comandante general en 2021.

“Dentro de las investigaciones  realizadas a Carla Rocío de la Torre y Eloy Iván Rojas, tanto activas como pasivas, se evidencia las operaciones sospechosas (…) considerando la cuantía (del capital) de 235.742 dólares y 4.526.300 bolivianos, sumado al hecho que el esposo de la principal analizada, el señor Rojas, es un servidor público, se podría presumir la existencia de hechos de corrupción vinculados a su cargo”, destaca parte del informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que fue citado por la Fiscalía en la imputación como principal indicio.

Se solicitó la detención preventiva de ambos por seis meses mientras continúa la investigación.

El exdirector de la UIF  Ramiro Rivas, quien remitió el informe a la Fiscalía, informó a Página Siete que el análisis a la actividad financiera de Rojas se dio en el marco de la investigación que se inició contra el gerente de la Red ATB  Marcelo Hurtado, detenido por legitimación de ganancias ilícitas en el caso PAT. En ese proceso se solicitó el análisis financiero de más de 40 involucrados en el presunto negociado de publicidad, entre los directivos de esos medios de comunicación y el gobierno de Evo Morales.

La esposa de Rojas fue vinculada debido a que era funcionaria en la firma de seguros Provida, de propiedad de Hurtado, a quien junto a otros directivos de PAT se acusó por crear empresas fantasmas. Con ese indicio se investigó las dos empresas de propiedad de Rojas y su esposa.

El exdirector de la Felcc, en una entrevista concedida ayer a ATB, con la voz quebrada, pidió disculpas a su hija por haber provocado preocupación a toda su familia. Dijo que la aspiración personal de ascender al grado de general “no (se) justifica, porque está de por medio mi vida, mi familia y la libertad de mi esposa y de quien les habla”, sostuvo, por lo que, pese a ser primero de curso, presentó ante el Comando de la Policía  no ser considerado para los ascensos, que afirmó serían la causa de pugnas con sus compañeros de curso y las denuncias en su contra.

Sobre el informe de la UIF, dijo que es sesgado, incompleto y aseguró que nunca tuvo en sus cuentas “ni el 10%” del monto investigado. Aseguró que su patrimonio se debe a negocios de compra y venta de bienes, consultorías y clases que da, además de más de 30 años de trabajo y de su esposa en entidades privadas y públicas.

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