Diario AHORA EL PUEBLO.- Luego de varias horas de analizar la coyuntura del país, el Gobierno y las organizaciones sociales decidieron abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, con la finalidad de devolver la tranquilidad a las familias y la normalidad de las actividades económicas.
“Nosotros, escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, a objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía, una economía que hoy está siendo dañada”, señaló ayer el presidente Luis Arce Catacora en una conferencia de prensa conjunta con el vicepresidente David Choquehuanca Céspedes y los representantes de las organizaciones sociales.
Agregó que una de las tareas del Gobierno es velar por la paz y tranquilidad de la población, cuidar la economía y la democracia.
Dijo que muchos gremiales y transportistas se vieron perjudicados en sus actividades debido a que existen sectores que tienen otros intereses que van más allá de las necesidades de la ciudadanía.
En ese marco, Arce Catacora manifestó que no se debe parar el proceso de recuperación de la economía luego de la profunda crisis generada en el régimen de facto de 2020.
“No podemos detener todo el esfuerzo que estamos haciendo para que mañana las familias bolivianas puedan gozar de una mejor calidad de vida, de una vida digna”, sostuvo el Jefe de Estado, quien añadió que desde el lunes se espera que todo retorne a la tranquilidad y normalidad.
Sectores no permitirán un segundo golpe de Estado
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, cuestionó las acciones de los cívicos de Santa Cruz que, bajo pretextos como la Ley 1386, buscan desestabilizar al Gobierno democrático y dar un segundo golpe de Estado, al igual que en noviembre de 2019, por lo que el pueblo y las organizaciones sociales, aseveró el dirigente, no permitirán estas acciones.
“Estamos en estado de emergencia, estamos listos para salir a las calles, a las carreteras, pero no para ir a confrontar”, apuntó.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Carlos García, indicó que ahora no existen motivos para continuar con movilizaciones ni paros que afecten a la economía.
Empresarios de Potosí expresan su satisfacción
La Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP), mediante un comunicado, expresó ayer su satisfacción y felicitación al Gobierno nacional, y particularmente al presidente Luis Arce Catacora, por la decisión de abrogar la Ley 1386.
Este sector señaló que esta importante determinación presidencial llevará a pacificar el país y el cese de la violencia registrada en algunas regiones.
La FEPP sostiene que la abrogación de la norma permitirá el normal desarrollo de las actividades productivas de todos los sectores y de este modo reactivar la economía nacional “a través del laborioso trabajo del pueblo boliviano”.
Gobernar escuchando al pueblo
.El Ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, destaca la decisión del presidente Arce Catacora por “escuchar y gobernar escuchando al pueblo”.
.El dirigente pide reflexionar y no permitir que intereses políticos de algunos sectores perjudiquen a la población.
.Dijo que se pedirá identificar a los responsables por generar este perjuicio económico.
Sectores sociales, COB y empresarios destacan decisión presidencial de abrogar la Ley 1386
AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), los empresarios privados de Potosí y otros sectores, expresaron su apoyo a la determinación del presidente Luis Arce de abrogar la Ley 1386 con el fin de que reactivar la economía de las familias bolivianas.
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, destacó que el Gobierno escuche las demandas de la población y dijo que las observaciones de algunas corrientes a esa norma jurídica, fue aprovechada por sectores políticos de oposición para desestabilizar al Gobierno y gestar un segundo golpe de Estado.
Lamentó que las protestas de esos sectores de oposición causaron hechos de violencia y luto para la población. Dijo que, por el contrario, las organizaciones afiliadas a la COB apuntan a mantener la paz social y volver a trabajar como corresponde.
Juan Carlos García, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales, indicó que el Gobierno escucha a la población por lo que “queremos agradecer al Presidente Lucho Arce, a David Choquehuanca, porque ellos están gobernando con el pueblo, escuchando al pueblo”.
Indicó que con la abrogación de la Ley 1386 no hay ningún motivo para poder seguir con paros, marchas o bloqueos.
Criterios similares expresaron dirigentes de los transportistas y de los trabajadores campesinos.
Por otra parte, la Federación de Empresarios Privados de Potosí felicitó la determinación del presidente Arce de abrogar la Ley 1386, informó Bolivia Tv.
Los privados sostuvieron que dicha determinación conduce a “pacificar al país, cese de violencia, permitiendo el normal desarrollo de las actividades productivas de todos los sectores, retornando la reactivación económica a través del laborioso trabajo del pueblo boliviano”, indica un comunicado de la Federación de Empresarios Privados de Potosí difundido en la cuenta de Twitter de Bolivia Tv.
Arce envía al Legislativo anteproyecto de abrogación de la Ley 1386
ABI.- Tal como anunció el presidente Luis Arce este sábado, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386.
“Escuchando las demandas sectoriales de las organizaciones sociales, enviamos a la @VPEP_Bol el Anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386 para que no existan pretextos de grupos minoritarios que sigan paralizando nuestra economía. Cuidamos de las familias bolivianas”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
El mensaje es acompañado con una fotografía de la carta dirigida al vicepresidente David Choquehuanca.
En la misiva se indica que se adjunta el anteproyecto de Ley de abrogación de la norma jurídica.
La abrogación busca contribuir a “continuar la senda del crecimiento, estabilidad, certidumbre, paz y tranquilidad para las familias bolivianas”, indica la carta firmada por el presidente Arce.
Pese a la abrogación de la Ley 1386, la Unión Juvenil Cruceñista ataca al barrio Plan 3.000
ABI.- Pese a que el presidente Luis Arce decidió la abrogación de la Ley 1386, que es la demanda central de sectores cívicos, integrantes del grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaron la noche del sábado la zona del Plan 3.000 para obligar a los vecinos a acatar un bloqueo decidido por el comité cívico pro Santa Cruz.
Según el reporte del canal televisivo ATB, en su cuenta de Twitter, “el grupo parapolicial #UniónJuvenilCruceñista intenta tomar la zona del Plan 3.000 en #SantaCruz. Se reportan varios heridos y detenidos”.
“Pese a que el Gobierno anunció abrogar la Ley 1386, el Comité Cívico Pro Santa Cruz decidió continuar con su paro indefinido”, indica el reporte que añade imágenes de la arremetida de la UJC contra los vecinos del Plan 3.000.
El Canciller denuncia ante la comunidad internacional aprestos de ‘golpe de Estado’
Mayta exhorta a la comunidad internacional a rechazar “todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional”.
El canciller Rogelio Mayta leyó un comunicado. Foto: ABI.
Por Edwin Condori / LA RAZON.- El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, denunció este sábado ante la comunidad internacional que en Bolivia se intenta “repetir el libreto de golpe de Estado de 2019”, cuando en medio de otro conflicto se obligó a renunciar al entonces presidente Evo Morales.
“El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional que partidos políticos de oposición, junto a comités cívicos departamentales y plataformas afines, promueven deliberadamente una campaña de desinformación, falsedades y tergiversación sobre el contenido de la Ley 1386 (…) a fin de repetir el libreto de golpe de Estado de 2019”, dijo Mayta al leer un comunicado.
Agregó que la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto de este año, es resultado del esfuerzo del gobierno del presidente Luis Arce para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Bolivia.
Es decir, “responde estrictamente a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y es parte de una serie de normas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, remarcó.
Por lo que también denunció a la comunidad internacional que los sectores movilizados “promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo”, que derivaron “en múltiples agresiones a la población”.
Pues “la instalación de puntos de bloqueo, de caminos y vías, y el amedrentamiento a los ciudadanos que intentan desarrollar sus actividades cotidianas son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, al acceso a la educación, al trabajo y la salud, más aún en tiempo de crisis sanitaria global, llegando incluso a incitar públicamente a tumbar al Gobierno”, añadió.
Además, exhortó a la comunidad internacional, organismos internacionales y a los defensores de los derechos humanos a rechazar “todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional”.
En Bolivia, se declaró paro indefinido, inicialmente, en contra de la Ley 1386, desde el pasado lunes.
La medida de presión es cumplida hasta ahora de manera parcial por cívicos, por un sector de los gremiales y algunos grupos de transportistas en algunas regiones del país en medio de constantes hechos de violencia protagonizados por los bloqueadores, otros sectores de civiles movilizados para desbloquear y la intervención permanente de los policías.
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