PERIODICO PUEBLO / LA PAZ.- Cuatro días después de que Jeanine Añez asumiera la presidencia de Bolivia (12 de noviembre de 2019), el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López tramaron un negocio ilegal para saquear los recursos del Estado, lo que les dejó una millonaria ganancia económica.
Luego de transar algunos negociados ilícitos y pagar sobornos, ejecutaron uno de los actos de corrupción más grandes del gobierno de facto.
La entonces presidenta Jeanine Añez y su gabinete firmaron, el 29 de noviembre de 2019, el Decreto 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana”.
El 12 de diciembre de 2019 se firmó el Decreto 4116, que abrogó el Decreto 4090 y autorizó al Ministerio de Defensa realizar la “contratación directa en el extranjero” para la compra de los gases lacrimógenos.
El 28 de febrero de 2020, Añez y su gabinete reasignaron, mediante el Decreto 4168, Bs 40.068.000 al Ministerio de Gobierno, que fueron transferidos al Ministerio de Defensa para la compra del material antidisturbios.
Con la firma de estos decretos se trató de enmascarar un hecho ilícito que le hizo perder al Estado boliviano $us 2,3 millones; sin embargo, como no hay crimen perfecto, las investigaciones desbarataron un clan mafioso.
Arturo Murillo, Luis Fernando López, Rodrigo Méndez, Philip Lichtenfeld, Luis y Bryan Berkman, entre otras personas, pagaron millonarias coimas, hicieron transferencias de diversas sumas de dinero desde Bolivia a un banco de Estados Unidos, luego volvieron a transferir el dinero a otras cuentas bancarias en Bolivia y se repartieron los $us 2,3 millones.
El Estado boliviano adquiere, desde hace años, gases lacrimógenos y otro material antimotín de la empresa brasileña Cóndor; sin embargo, durante el régimen de Añez se lo hizo mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) de propiedad de un amigo de la infancia de Murillo.
Luis y Bryan Berkman se adjudicaron la compra de los gases a través de su empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), pagaron $us 3,3 millones a la brasileña Cóndor y dos días después vendieron el mismo material al Estado boliviano en $us 5,6 millones.
La ganancia de Sus 2,3 millones fue repartida entre Murillo, López, Méndez, Lichtenfeld, los Berkman y otras personas que tuvieron distintos grados de participación en el ilícito.
Asambleístas y exprocurador denunciaron a Murillo y López
Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en junio de 2020 presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los entonces ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
La decisión fue asumida luego de constatar el daño económico a través de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos antidisturbios y antimotines con el Decreto Supremo N° 4090 del 3 de diciembre de 2019, después de gestiones que se iniciaron el 12 de noviembre, el día en que Jeanine Añez inició su mandato de facto.
Las diputadas Elvira Rojas, entonces presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas; Sonia Brito, Ayda Villarroel, Juana Quispe y los asambleístas Édgar Montaño, Remberto Calani y Franklin Flores plantearon en su momento la demanda.
PAGO
De acuerdo con la denuncia, Bolivia pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través del intermediario Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, después de suspender un proceso de compra directa con la brasileña Cóndor.
El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, demandó a la Fiscalía esclarecer el ilícito y anunció la conformación de una Comisión Mixta para investigar el caso. “Estamos hablando de recursos económicos que son del Estado en desmedro de la economía nacional. Sabemos que los intermediarios trabajan por intereses propios, es mejor ir a la empresa donde se produce el producto”, sostuvo.
A su vez, el diputado Franklin Flores dijo que la denuncia busca que los responsables del acto de corrupción sean procesados y que se ponga fin a los escándalos del régimen de facto de Jeanine Añez.
“Hemos presentado esta denuncia por corrupción contra el ministro del terror (Gobierno) Arturo Murillo y su testaferro ministro (de Defensa, Fernando) López, porque se está haciendo un trabajo sucio”, manifestó.
LÓPEZ LO NIEGA
El 4 de junio de 2020, el que era en ese momento ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y dijo que la denuncia es falsa porque se hizo en base a documentos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela para comparar los precios.
Aseguró que la granada de gas adquirida por Bolivia es más grande y de mayor gramaje que la de Venezuela. Además dijo que la compra venezolana es de 2017, mientras que el país la hizo entre 2019 y 2020. “Con esto estamos demostrando que no existe ni existió ningún tipo de sobreprecio”, afirmó.
MURILLO LO NIEGA
El 24 de junio, Arturo Murillo se comprometió a apoyar la investigación fiscal por el supuesto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. “Me parece muy bien, es lo correcto, la Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y yo estoy para explicar lo que quieran que explique. No tengo ningún problema de acudir a ninguna parte. Cuando uno nada tiene, nada teme”, aseguró.
CONTRALOR DESTITUIDO
El 18 de septiembre de 2020, la presidenta de facto Jeanine Añez destituyó a José María Cabrera Dalence como procurador general del Estado por investigar la compra irregular con sobreprecio de armamento bélico no letal que involucra al ministro de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López.
“Murillo pide mi alejamiento porque en mi calidad de Procurador lo denunciamos en su momento ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que indagaba el caso gases lacrimógenos. Apenas concluí mi informe, Murillo muy molesto le reclamaba a Jeanine Añez mi destitución por este caso, porque lo estaba incomodando por las denuncias de los hechos irregulares”, declaró.
MINISTERIO PÚBLICO
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, después del arresto de Arturo Murillo y Sergio Méndez, investigados por soborno y lavado de dinero, dijo que el 8 de junio de 2020 inició la indagación a las observaciones e irregularidades en la compra de armamento no letal a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions.
“Se indagó sobre partícipes que intervinieron y se ha pedido información sobre el proceso de contratación íntegro a los dos ministerios. En octubre de 2020, el Ministerio Público, además de colectar la información, ha recibido declaraciones informativas de los rangos altos y medios de la empresa Cóndor, que ha aprovisionado los gases a la intermediaria”, precisó.
INTERPOL
Quispe señaló que la Interpol ha sido uno de los obstáculos del Ministerio Público porque no ha dado curso a sus solicitudes de notificación azul para establecer la ubicación del país donde se encuentran Murillo y López, porque en su razonamiento se trata de una persecución política.
Así como la excanciller Karen Longaric que “ha sido otro obstáculo para que no cumplamos con la identificación o el lugar donde estaban Murillo y López, porque pese a las cartas cursadas a Interpol y la Cancillería, ambas instituciones no han dado fruto, porque dijeron que eran persecuciones políticas, ésa ha sido su máxima bandera y nos impidió avanzar”, sostuvo.
Arturo Murillo y sus cómplices, el FBI estuvo tras sus pasos
El envío de dinero de Bolivia a las cuentas de Bravo Tactical Solutions (BTS), en Estados Unidos, mediante el Banco Central, y luego otras transferencias a la cuenta de Philip Lichtenfeld, un ciudadano boliviano radicado en Argentina, desde un banco norteamericano, activaron las alarmas sobre un posible lavado de dinero, es así que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) inició las pesquisas para conocer el trasfondo en la compra de gases lacrimógenos durante la administración gubernamental de Jeanine Añez.
La compra y venta del material no letal entre la empresa Cóndor, Bravo Tactical Solutions y el Estado boliviano dejó una ganancia de $us 2,3 millones a Arturo Murillo, Luis Fernando López, Rodrigo Méndez, Luis y Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, entre otros miembros del clan mafioso, como lo calificó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Ya con el dinero, el exministro de Defensa Luis Fernando López trató de enviarlo desde Bolivia, mediante el Banco Central, a las cuentas de BTS; sin embargo, el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago porque BTS había abierto su cuenta tres días antes de la millonaria transacción.
Por tal motivo, López trató una vez más de realizar la cancelación, logrando su cometido y concretando un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el monto restante de $us 2,3 millones fue para sobornos y lavado de dinero.
Ante la sospecha del acto de corrupción, los investigadores norteamericanos revisaron chats, mensajes de texto, de Whatsapp, pincharon teléfonos de todos los sospechosos y aplicaron diversas técnicas de investigación que posibilitaron descubrir el negociado millonario durante el gobierno transitorio.
El 26 de mayo, el departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que entre el 21 y 22 de mayo fueron arrestados en los estados de Florida y Georgia tres ciudadanos estadounidenses y dos bolivianos, entre ellos el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por cargos penales relacionados a soborno y lavado de dinero en los que usaron bancos norteamericanos.
Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48) participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020 para robarle al Estado boliviano.
El dinero de la corrupción se invirtió en el World Trade Center
Redacción Central / En 2016 se anunció que la marca de oficinas más extendida del planeta llegaba a Santa Cruz de la mano de inversores bolivianos y argentinos que apostaron por el desarrollo regional, sin embargo se conoció que una importante suma de dinero que aceleró la construcción tenía origen en una de las más grandes estafas al Estado boliviano.
Gran parte de los $us 2,3 millones que robaron los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, junto con sus cómplices, mediante la compra irregular de gases lacrimógenos, fue invertida en un proyecto inmobiliario en Santa Cruz.
Las transferencias de diversos montos de dinero, desde Estados Unidos a Bolivia, fueron a parar a los cimientos del World Trade Center, en Santa Cruz, mediante inversiones que hizo uno de los socios identificado como Philip Lichtenfeld, involucrado en los sobornos para lograr el contrato para la compra y venta de gases lacrimógenos con sobreprecio.
El Ministerio de Gobierno corroboró que el dinero fue invertido en esa construcción y en la inmobiliaria El Doral.
El movimiento financiero de la empresa Bravo Tactical Solutions establece tres transferencias que suman $us 920 mil a Proyectos Inmobiliarios El Doral SA, empresa que tiene participación en los proyectos World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria El Doral de Cochabamba.
Al conocerse esa inversión, World Trade Center Santa Cruz anunció la exclusión de Philip Lichtenfeld de su paquete accionario y del desarrollo del negocio en la capital cruceña, la activación de los mecanismos empresariales adecuados para la exclusión de Lichtenfeld e instruyó una auditoría a los aportes cuestionados, los que serán devueltos al Estado boliviano por los canales pertinentes.
“World Trade Center Santa Cruz de la Sierra posee estrictas reglas de transparencia y ética empresarial, respondiendo a los valores de World Trade Centers Association (WTCA), con sede en Nueva York. Nuestra compañía es una desarrolladora de proyectos inmobiliarios, que no ha participado de ninguna actividad ajena a su rubro y, de ninguna forma, ha consentido, encubierto o participado directa o indirectamente de actividad ilícita alguna”, señala un comunicado oficial.
El comunicado agrega que todos los aportes de los accionistas siguieron los procedimientos legales para inversiones en el proyecto, y que, ante los hechos investigados que involucran a Lichtenfeld existe el compromiso con la búsqueda de la verdad, el cumplimiento del derecho y la transparencia institucional.
“La población boliviana puede estar segura de que nuestra compañía cumplirá con la ética que la caracteriza garantizando el estricto cumplimiento de la ley”, apunta.
Algunos datos de la gigantesca construcción
- El proyecto World Trade Center cruceño está emplazado en el municipio de Porongo, en la urbanización Colinas del Urubó.
- Está constituido por dos torres paralelas de 27 pisos, revestidas de vidrio.
- Fueron anunciadas investigaciones para conocer todos los detalles de la inversión en el proyecto inmobiliario, y sobre todo para conocer qué persona invirtió más.
La Policía allanó 10 inmuebles en busca de evidencias
Infografía: Yuri Rojas Redacción Central / Con el objetivo de identificar y aprehender a todas las personas involucradas en la millonaria estafa al Estado boliviano con la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, el Ministerio Público y la Policía allanaron 10 inmuebles y encontraron documentos, proyectiles, armas de fuego, juguetes sexuales, extractos de depósitos bancarios, vehículos, entre otros.
Entre los aprehendidos figura Mireya Murillo, la hermana del cuestionado exministro de Gobierno, puesto que se evidenció alguna relación con el millonario robo al Estado.
A fines de mayo fueron allanados cuatro inmuebles en La Paz, cuatro en Cochabamba y dos en Santa Cruz, donde se encontraron documentos de bienes inmuebles, fotocopias de procesos de contratación, municiones, ropa militar, tres carros, armas de fuego, sustancias controladas, computadoras, recibos de depósitos bancarios y documentos de otros procesos.
Al margen de Mireya Murillo, se aprehendió a otros funcionarios de los condominios allanados debido a que obstaculizaron el trabajo de policías y fiscales.
En los inmuebles no se encontró dinero en efectivo, pero gran cantidad de comprobantes de depósitos de entidades financieras que involucran a más personas investigadas en Bolivia y Estados Unidos.
Foto: Archivo Todo lo secuestrado está en dependencias del Ministerio Público y en próximos días se contará con informes para ver la participación de las personas en el millonario desfalco.
Como resultado preliminar de los allanamientos, la Policía cuenta con una lista de 23 personas a ser investigadas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo y su entorno más cercano.
De ese total, 19 personas están involucradas en el delito de compra de los agentes químicos con sobreprecio y sobornos, y otras cuatro por legitimación de ganancias ilícitas.
Los dos casos tienen como común denominador a Arturo Murillo.
En todos los inmuebles allanados se encontraron, mayormente, comprobantes de depósitos bancarios que habrían realizado los involucrados para repartirse o disponer de las ganancias obtenidas mediante el ilícto negociado.
En las siguientes horas se hará conocer el grado de participación.
Una vez que se estableció que Mireya Murillo tiene relación con el dinero que estafó su hermano al Estado boliviano, fue enviada al penal de El Abra, en Cochabamba, de manera preventiva.
También corrió con la misma suerte Daniel Aliss, el excuñado del exministro del régimen de facto.
Debe estar conectado para enviar un comentario.