Por Karina Pérez / LA RAZON / La Paz.- La Fiscalía General del Estado, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, determinó este viernes iniciar una investigación penal contra el excomandante de la fuerza Aérea Bolivia (FAB) Jorge Terceros y otros involucrados en la presunta adquisición e internación irregular de material antidisturbios y agentes químicos, en noviembre de 2019, desde Argentina, informó el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras.
«La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Departamental de La Paz, ha asumido conocimiento del memorial suscrito por el representante legal del Ministerio de Relaciones Exteriores que da cuenta de posibles irregularidades que se hubiesen cometido en relación a la ilegal adquisición e internación de material antidisturbios y agentes químicos desde la república de Argentina durante los conflictos suscitados en noviembre de 2019», informó en conferencia de prensa.
Explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la ciudad de La Paz documentación en la que Terceros agradece al entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, por el envío de material antidisturbios durante los conflictos suscitados de 2019 en Bolivia.
Álvarez negó haber recibido la misiva, una de cuyas copias fue encontrada por su sucesor Ariel Basteiro y la otra se encuentra archivada en la FAB, según explicó el Gobierno.
Agregó que en la misiva se hace alusión a la llegada de 40.000 cartuchos AT 12/70, además de otras cantidades de gases lacrimógenos y granadas de gas.
La gestión y llegada de ese material sucedió en medio del derrocamiento del presidente Evo Morales, que renunció asfixiado por protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas a dimitir a su cargo, además de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones generales de octubre de 2019.
La semana pasada, el presidente argentino Alberto Fernández pidió disculpas a su par de Bolivia, Luis Arce. “Sentí mucha vergüenza porque Argentina haya prestado armamento y gases para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado (…). Está certificado por documentación argentina que del país salieron 70.000 balas de goma para Bolivia en un vuelo del 12 de noviembre. ¿Sobre eso yo qué puedo explicar? No puedo explicar nada porque lo hicieron durante la gestión anterior (de Mauricio Macri)”, afirmó.
En Buenos Aires también se iniciaron procesos penales contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades de su gobierno por el envío de ese material.
Mauricio Macri, imputado por el envío de armas a Bolivia
EL DESTAPE / BUENOS AIRES.- Mauricio Macrifue imputado por el escándalo del envío ilegal de armas a Bolivia que fueron transportadas desde Argentina para colaborar con el Golpe de Estado conta el ex presidente Evo Morales Ayma.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó hoy a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente por presunto “contrabando agravado” a raíz del envío de material represivo a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.
El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros ex funcionarios.
Las pruebas y la defensa de Macri
El caso se conoció días atrás cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el Gobierno de Macri envió material represivo al país, algo que se agradeció en una “nota escrita” enviada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la Embajada argentina en La Paz
El material llegó a Bolivia a través de una aeronave C-130 proveniente de Argentina el 13 de noviembre del 2019. Hasta el momento, se presume que eran 70.000 municiones, que se utilizaron para reprimir en las protestas, como en las masacres de Sacaba y Senkata que sucedieron días después de la llegada del cargamento.
En los últimos días, el Comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó que encontraron en sus depósitos el armamento que fue transportado desde Argentina. En diálogo con El Destape, precisó la cantidad: “Encontramos 29.600 municiones AT12/70, granadas y agentes químicos que no forman parte del inventario de la fuerza”.
Según la cronología del caso, el cargamento con armas llegó a Bolivia el 13 de noviembre 2019. Dos días más tarde, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich autorizó a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial la partida de once gendarmes con destino a La Paz. El 19 de noviembre las fuerzas de la policía y de las Fuerzas Armadas de Bolivia descargaron municiones y gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes del MAS que estaba realizando un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata.
“Mauricio Macri proveyó por debajo ‘material bélico’ al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza”, denunció el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.
Después de la denuncia presentada por el Gobierno nacional, Mauricio Macri se defendió y reconoció que, según él, había un “caos en Bolivia” por lo cual decidió mandar gendarmería “para reforzar la embajada, y proteger a los argentinos a los periodistas que estaban acreditados”.
Por otro lado, el ex presidente aseguró que no hubo “armamento de guerra” sino que, en realidad se trataba de elementos “antidisturbios” y además disparó: “Con tiempo va a haber que investigar de donde salió esa carta y todo lo que han montado, que es algo realmente payasesco”.
La denuncia
Este lunes, el Gobierno Nacional denunció al ex presidente Mauricio Macri y a una decena de funcionarios de su gestión, entre los que se encuentran Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, por el escándalo del envío de armas a Bolivia.
En la denuncia penal se detalla que, en base a la información recolectada, se observa la posible comisión de los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos”. También “abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
