LA RAZON.- El canciller de Bolivia, Rogelio Maya, informó este jueves que su despacho estaba en contacto con autoridades de Estados Unidos y compartieron información antes de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de lavado de dinero y soborno en aquel país.
«Durante los últimos días hemos estado teniendo comunicación, precisamente con el gobierno de los Estados Unidos, a propósito del proceso que se ha iniciado y las detenciones que se iban a realizar. Hemos estado en comunicación constante y valoramos esa situación porque es parte del proceso de construcción mutua al que nos habíamos comprometido recíprocamente», informó a los periodistas.
Mayta explicó que esa relación es parte del restablecimiento de la confianza entre Estados Unidos y Bolivia, que demuestra la mejora de las relaciones entre ambos Estados.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigó las transacciones económicas y los sobornos del negociado de $us 2,3 millones en la compra de material antidisturbios en 2019. Murillo y otras cuatro personas detenidas en Florida son acusados de los delitos de sobornos y plan de lavado de dinero. De ser declarados culpables, se exponen a una condena de 20 años.
La investigación del FBI apunta a que desde los ministerios de Gobierno y de Defensa, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, se dirigió la adjudicación para la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), que presuntamente pagó los sobornos.
En enero, la Fiscalía había informado que Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López estaban en Estados Unidos. Ambos son procesados en Bolivia por el sobreprecio en la compra de los materiales antidisturbios para la Policía y las Fuerzas Armadas, adquiridos en $us 5,6 millones
Mayta aclaró que para solicitar un proceso de extradición deben avanzar los procesos judiciales iniciados contra Murillo y otras exautoridades en Estados Unidos y en Bolivia.
Explicó que en Bolivia la extradición debe ser solicitada por una autoridad judicial pertinente y la Cancillería canalizaría esa solicitud; sin embargo, a la fecha —dijo— el Ministerio de Relaciones Exteriores no recibió ninguna solicitud para iniciar ese procedimiento.
«Hasta este momento a la Cancillería no ha llegado ningún requerimiento de alguna autoridad judicial para que pueda procederse a presentar una solicitud de extradición por parte del estado boliviano», sostuvo.
La mañana de este jueves, el fiscal general, Juan Lanchipa, adelantó que el Ministerio Público ya inició los trámites de extradición de Murillo, en el marco de las investigaciones locales sobre la presunta vinculación del exministro en la compra con sobreprecio de material antidisturbios.
El fiscal también informó que su despacho solicitará el congelamiento de cuentas de Murillo y tramitará la eventual repatriación de recursos del Estado. Conforme con la actuación judicial en Estados Unidos, dijo que la detención del exministro legitima las acciones del Ministerio Público en el caso que investiga.
Con Murillo, cae el eslabón más fuerte del núcleo duro del gobierno de Áñez
La exmandataria es acusada de “conspiración”, “terrorismo” y “sedición” a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien abrió causa contra ella en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, sobre el “golpe” de 2019.
Con la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos cayó el eslabón más fuerte del núcleo duro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, bajo detención preventiva desde el 13 de marzo en La Paz.
La exmandataria es acusada de “conspiración”, “terrorismo” y “sedición” a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien abrió causa contra ella en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, sobre el “golpe” de 2019.
En el proceso están incluidos además los exministros de la Presidencia Yerko Núñez, de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán. Mientras el primero se declaró en la clandestinidad, los dos últimos guardan detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz imputados por los mismos delitos señalados contra Áñez.
A esa lista se suman Murillo, detenido en los últimos días en Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero y sobornos, según dijo ayer el Departamento de Justicia de aquel país citado en La Paz por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. También el exministro de Defensa Luis Fernando López, ahora radicado en Brasil, según el reporte de las autoridades del Gobierno.
Murillo y López son investigados por el Ministerio Público por su presunta participación en la compra con sobreprecio —$us 2,3 millones, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI)— de material antidisturbios en 2019. Al final, el Estado de Bolivia pagó $us 5,6 millones por la compra a la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) en Estados Unidos.
Los exministros fueron imputados por el caso el 8 de enero de este año, y el 16 de noviembre de 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz dictó las órdenes de aprehensión en su contra debido a la omisión a las citaciones judiciales.
Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020.
Sus nombres habían sido señalados en las últimas horas por los medios de información debido a la detención en Estados Unidos de Méndez. El informe del FBI señala a dos implicados en el caso como “co-conspirador 1”, un “funcionario de alto rango” del Ministerio de Gobierno, y “co-conspirador 2”, otro funcionario de Defensa, que presuntamente también recibió $us 20.00 de soborno.
El ministro Del Castillo, en una primera conferencia de prensa, dijo el miércoles que se trata de los exministros Murillo y López.
Murillo, López, Núñez, Guzmán y Coímbra eran del entorno más cercano de Áñez durante el gobierno transitorio. Salvo López, que fue cuota política del expresidente del Comité pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho en el régimen pasado, los otros fueron colegas de la exmandataria en la Asamblea Legislativa.
En coincidencia con la caída del exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, en Estados Unidos, Áñez —que guarda detención preventiva en la cárcel de Miraflores de La Paz— cuestionó ayer la gestión de la emergencia sanitaria por parte del gobierno de Luis Arce. Pero aprovechó la ocasión para denunciar su caso.
Lamentó que el Gobierno “solo se dedica a la persecución política”. “Prueba de ello es que hoy (por ayer), a las 15.00, tengo una audiencia donde se me enjuicia por la vía ordinaria por actuaciones en el ejercicio de mis funciones como expresidenta del Estado”, escribió en sus redes sociales.
Otro que reapareció el miércoles fue el exministro López. “Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE”, escribió en su cuenta de Twitter.
En una entrevista con la Red Uno, el miércoles en la noche, Del Castillo afirmó que el Gobierno solicitará su extradición. “De manera extraoficial, tenemos conocimiento de que este prófugo de la justicia se encuentra en Brasil. En ambos territorios, tanto en Estados Unidos como en territorio boliviano, van a pedir la extradición”, dijo.
También reapareció Núñez. “Condeno categóricamente cualquier acto de corrupción. No obstante, lamento que el MAS use este hecho para realizar una cacería con su brazo operador que es la justicia putrefacta del país”, escribió en Twitter.
Áñez llegó al poder de la mano de sus colegas legisladores. Otros asambleístas que la acompañaron fueron Víctor Hugo Zamora y María Elba Pinckert, también investigados, pero en otros casos.
Áñez condena la corrupción durante su gestión y pide ‘todo el peso de la ley’ contra Murillo
“La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubo funcionarios que se alejaron de toda ética”, escribió la exmandataria transitoria.
Arturo Murillo y Jeanine Áñez. Foto: APG-archivo
Desde la cárcel de Miraflores, la expresidenta Jeanine Áñez condenó la corrupción cometida por algunos miembros del que fue su gabinete ministerial, entre ellos su mano derecha, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, para quien pidió «todo el peso de la ley».
Así reaccionó la exmandataria este miércoles al conocer la detención de su antiguo hombre de confianza detenido en Estados Unidos acusado de presunto soborno y lavado de dinero.
«La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubo funcionarios que se alejaron de toda ética. Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, porque hacen quedar mal al país», escribió en su cuenta de Twitter.
La exmandataria es acusada de “conspiración”, “terrorismo” y “sedición” a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien abrió causa contra ella en el caso “Luis Fernando Camacho y otros”, sobre el “golpe” de 2019.
En el proceso están incluidos además los exministros de la Presidencia Yerko Núñez, de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán. Mientras el primero se declaró en la clandestinidad, los dos últimos guardan detención preventiva de seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz imputados por los mismos delitos señalados contra Áñez.
A esa lista se suman Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López, ahora radicado en Brasil, según el reporte de las autoridades del Gobierno.
Murillo y López son investigados por el Ministerio Público por su presunta participación en la compra con sobreprecio —$us 2,3 millones, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI)— de material antidisturbios en 2019. Al final, el Estado de Bolivia pagó $us 5,6 millones por la compra a la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) en Estados Unidos.
Los exministros fueron imputados por el caso el 8 de enero de este año, y el 16 de noviembre de 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz dictó las órdenes de aprehensión en su contra debido a la omisión a las citaciones judiciales.
Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020.
