El represor Murillo, usó a Investigaciones Financieras para una brutal persecución

ABI / Bolivia.- El exministro de facto Arturo Murillo habría convertido a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en un brazo operativo de persecución política, después de instruir la intervención de esta entidad durante el régimen de Jeanine Añez, aseveró Fernando Villarroel, abogado de esa institución.

“Durante la gestión 2019, a partir de noviembre, hasta octubre de 2020, el desconocimiento a la institucionalidad que sufrió y vivió nuestro país ha determinado una injerencia política marcada en las instituciones del Estado; podemos afirmar, con firmeza que la UIF se convirtió en el brazo operativo de persecución política por parte del entonces Ministro de Gobierno”, denunció.

El funcionario mencionó, en una entrevista con radio Patria Nueva, que para ello se utilizó a la autoridad jerárquica de esa unidad que determinó las persecuciones políticas que no estaban basadas en criterios técnicos.

“Se han violado todos los procedimientos de la UIF, la información y los datos que maneja nuestra entidad tienen el carácter de reserva y confidencialidad, esos datos son generados solamente a solicitud de las autoridades competentes. El ingreso de las personas a la institución ha determinado, obviamente, que esos protocolos, esas reservas, esa confidencialidad sean vulnerados”, manifestó.

En pasados días, la UIF presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz una denuncia penal contra el exministro de facto Arturo Murillo Prijic y contra Aida Luz Lorena Melean Coronado, por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020.

“Murillo instruye que se pueda tomar, en forma física, las dependencias de la UIF poniendo en riesgo toda la documentación y los procesos de investigación que nosotros llevamos adelante. Él no tenía competencia para solicitar ninguna información a la UIF, él se estaba arrogando más competencias y vulnerando el principio de autonomía e imparcialidad que tiene la UIF”, dijo por su parte, la directora general ejecutiva, Ana María Morales.

“El simple hecho de haber ordenado y haber ingresado a los ambientes de la institución ya constituye una vulneración a los estándares internacionales como de nuestra normativa nacional”, complementó.