“Debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante septiembre a diciembre de la gestión 2019 de los siguientes involucrados”, dice.
Esta solicitud del caso la envió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en la que hace referencia a Diego Murillo Téllez, concejal de Cochabamba, y Manfred Reyes Villa, alcalde de ese municipio.
También menciona a Arturo Murillo Prijic, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, y a Mauricio Muñoz Encinas, actual secretario Administrativo y Financiero de la Alcaldía de Cochabamba.
Marcelo Piérola, expresidente del Comité Cívico de Cochabamba, y Rómulo Calvo, actual presidente del Comité pro Santa Cruz, también están en la nómina.
En la lista figura además Jorge Valda, exasesor del Comité pro Santa Cruz, entre otras personas.
“Siendo imperativo el procesamiento penal de todos los autores e involucrados, más aún si estos son a la fecha autoridades de Gobierno, funcionarios públicos del Estado”, aclara.
De acuerdo con Molina, la cooperación que brindará consolidará la viabilidad de procedimiento abreviado en su favor.
Molina y otros están acusados de causar destrozos y asedio al edificio de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, en 2020.
“Y principalmente de la cooperación brindada a efectos de esclarecer cómo se suscitaron los hechos y quiénes tomaron participación efectiva de la consumación de él o los delitos”, complementa.
Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus integrantes, entre varones y mujeres, circulaban en motocicletas amedrentando a manifestantes a favor de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia de Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.
Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con puñetes y patadas contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez.
También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS. Le cortaron el cabello, le echaron pintura y obligaron a caminar descalza por las calles.
Esas acciones delincuenciales de los “motoqueros” recibieron elogios de Áñez y Murillo, cuando se hicieron del poder a finales de 2019.
Incluso, Amparo Carvajal, la otrora presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), les dijo que eran “una resistencia necesaria”.
El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (brazo armado del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales.
