ABI.- En la línea estratégica del golpe de Estado de 2019, sus promotores repetían una línea de acción en diferentes puntos del país: Vejación, quema de viviendas, persecución política y 600 autoridades investigadas.
A la alcaldesa Patricia Arce una turba la arrastró por las calles descalza, la embadurnaron con pintura roja y le cortaron el pelo. La retuvieron durante cuatro horas mientras el edificio municipal ardía bajo el fuego.
El delito de Arce, integrar el partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Grupos de choque secuestraron al hermano del entonces ministro de Minería, César Navarro, para obligarlo a renunciar y luego incendiaron su vivienda en Potosí. Su madre, apenas salva la vida.
Ocurrió lo mismo con los bienes del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, la hermana de Evo Morales, gobernadores, legisladores y dirigentes del MAS: todo consumido por el fuego asesino.
El director de Prensa Rural, José Aramayo, fue golpeado y atado a un árbol después de que una turba entrara a la emisora y lo sacara a la fuerza.
En medio de disturbios se extendieron incendios, saqueos y ataques a casas de “masistas”. Dos viviendas “opositoras”, de una periodista y un rector universitario, también fueron quemadas.
“Amenazas de muerte, casas apedreadas, prisiones políticas contra los aliados del MAS en Bolivia”, denunciaba el portal Brasil de Fato.
La persecución del régimen de Jeanine Áñez llegó a su punto máximo cuando su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa nacional e internacional con un par de esposas en la mano y anunciaba que acababa de activarse una orden de búsqueda y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición.
“Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración.
“Tenemos 600 personas investigadas, y es poco”, afirmó Murillo en alusión a la revisión del patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo.
Murillo, el hombre más fuerte del régimen de Jeanine Áñez, había prometido antes de asumir como ministro de Gobierno en 2019 que iría a “cazar masistas”.
Como consecuencia del golpe, 38 personas murieron en noviembre de 2019 y otros miles fueron perseguidos, detenidos o torturados, como apuntaron organismos internacionales de derechos humanos.
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