Diario AHORA EL PUEBLO.- El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, presentó una denuncia ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) contra Amparo Carvajal (exmonja española) por haber vulnerado los estatutos de esa instancia. Pide la suspensión temporal de esta autoridad en caso de comprobarse las denuncias.
Mediante un comunicado, el activista denunció que en los violentos conflictos de 2019 Amparo Carvajal no se dignó a visitar a las familias de las víctimas de la masacre de Senkata y menos en el gobierno de facto de Jeanine Añez (2020-2021), no hizo ninguna acusación ni defensa de los derechos humanos.
El documento menciona también que los informes del grupo de expertos internacionales del GIEI, de organismos internacionales de derechos humanos, entre otros, indican que en noviembre de 2019 los violentos enfrentamientos entre policías y militares con el pueblo boliviano fueron masacres de lesa humanidad. Estos informes fueron rechazados por Amparo Carvajal.
El texto hace hincapié también en su postura política asumida en defensa de los violadores de los derechos humanos, de servidores públicos y de quienes no les tembló la mano para ordenar matar, herir y torturar.
“El referente moral y ético para evaluar los actos de Amparo Carvajal debe ser lo estipulado en nuestro estatuto orgánico, aprobado en 2014; concretamente el Tribunal de Ética de la APDHB debe ser quien acepte la denuncia, evalúe la pertinencia de las infracciones cometidas y determine las sanciones contra Amparo Carvajal”, expresa el texto.
“Si bien no es aplicable expulsar a ningún activista permanente sin antes cumplir con el debido proceso, no se tendría la moral para exigir justicia, por lo que pido se inicie un proceso investigativo”, recalca el comunicado.
Además indica que en caso de que se compruebe la denuncia, se proceda a la suspensión temporal de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, o en su caso se disponga una sanción que considere la máxima instancia de dicha institución.
El GIEI observó persecución política en 2019 incluso con el uso de terceros
El exejecutivo del GIEI Jaime Vidal Melero recordó en un hilo en Twitter los casos de Edith Chávez, Lorgia Fuentes y de los “guerreros digitales”
Lorgia Fuentes permaneció 130 días en una clínica, atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna y enmanillada en una de sus muñecas.
En un extenso hilo en Twitter, el exejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal Melero, recordó que en la crisis poselectoral de 2019 la “instrumentalización” de la justicia contribuyó a la persecución política incluso a través de terceros.
“El GIEI Bolivia identificó la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la justicia con fines políticos como unos de los problemas estructurales derivados del análisis de las violaciones a #DDHH en 2019”, escribió el experto en un hilo de 15 tuits referidos al asunto.
Vidal Melero puso como ejemplo al menos tres casos: Edith Chávez Arauco, Lorgia Fuentes y activistas sociales considerados “guerreros digitales”.
“El GIEI identificó que la persecución y el hostigamiento a exautoridades se realizó también de manera indirecta, a través de procesos seguidos en contra de terceras personas”, dijo.
Chávez era trabajadora doméstica del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y Fuentes fue vinculada por una “testigo clave” con el exministro de Gobierno Carlos Romero. Ella habló el martes con la transmisión Piedra, Papel y Tinta de La Razón y recordó el suplicio que pasó cuando en enero de 2020 fue plagiada por agentes, torturada y electrocutada por negarse a firmar un papel contra Romero.
“En el caso de Lorgia Fuentes, el informe del GIEI identifica que su persecución estuvo relacionada con su «supuesta relación afectiva con el exministro de gobierno de Evo Morales, situación que, además de irrelevante para fines penales, es negada por ella», recordó Vidal Melero.
Como dijo en la entrevista con La Razón, Fuentes contó los detalles de su caso al GIEI: “Fue arrestada en febrero de 2020, cuando se encontraba internada en una clínica. Según su declaración al GIEI, durante los 130 días que estuvo en la clínica permaneció atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna. y enmanillada en una de sus muñecas”, citó el GIEI en su informe presentado en agosto reciente.
Fuentes dijo a la transmisión de este diario que el exministro de Gobierno Arturo Murillo usó su caso para buscar amedrentar a Romero.
Sobre Chávez, “el GIEI advierte que se dictó prisión preventiva en su contra como una forma de presión para obtener informaciones sobre el paradero del exministro de Presidencia”, dijo Vidal Melero.
En relación a los “guerreros digitales”, el exejecutivo del GIEI dijo que ellos fueron detenidos y juzgados pro presuntas conductas sediciosas.
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“El GIEI destacó en su informe la persecución de activistas sociales en el denominado caso ‘guerreros digitales’, basado en un ciberpatrullaje policial para identificar personas que manifestaban opiniones contrarias al gobierno de Jeanine Áñez y ‘desinformaban’ al público”.
El 17 de agosto de este año, el GIEI presentó su informe a Bolivia sobre la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, en el que destacó los resultados de la investigación de las masacres de Sacaba y Senkata, en la que incluso hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos por impacto de bala.
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