Por Edwin Condori / LA RAZON.- Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de violencia de 2019 en Bolivia, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar lo más antes posible el juicio de responsabilidades contra los responsables y anunció la desestructuración de grupos irregulares o “parapoliciales”.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, (es decir) responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo el Jefe del Estado en el acto de presentación del informe del GIEI, que se realizó en el Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz.
La autoridad agregó que la historia “hoy nos convoca a todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia” y en ese sentido espera que “todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con la democracia”.
Pues, según el Jefe del Estado, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en Bolivia se dio un golpe de Estado en 2019, cuando en medio de un conflicto poselectoral renunció a la presidencia Evo Morales y luego asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidente del Senado Jeanine Áñez a través de un cuestionado proceso de transición.
Asimismo, a partir del trabajo del GIEI, se pudo establecer que “hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetuaron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, remarcó Arce, quien considera que este informe del grupo de expertos “debe servir para que lo sucedido en Bolivia no se repita nunca más”.
Además, en este mismo contexto, el Presidente asumió un “firme compromiso” de implementar todas las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo a los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución del país.
Y en ese sentido, también “anunciamos al pueblo boliviano, que según las recomendaciones planteadas, derogaremos el Decreto Supremo 4461 y estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral”, añadió.
Del mismo modo, siguiendo la sugerencia del GIEI, la autoridad informó que se va a “desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado” durante la crisis de 2019, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala.
Los 20 principales hallazgos del informe de la GIEI: “masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual, y quiebre del orden constitucional”
La Paz, 17 de agosto (Atb Digital).- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue entregado hoy al país revela que durante el la instauración del gobierno de Jeanine Áñez existieron masacres, ejecuciones, persecución, racismo, abuso sexual y ruptura del orden constitucional.
Aquí le presentamos algunas de las principales conclusiones:
- Entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los Derechos Humanos en Bolivia.
- 2. Al menos 37 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.
- La Policía y las Fuerzas Armadas, de forma separada o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional.
- El Decreto Supremo 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FF.AA.
El gobierno de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, aprobó el 16 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078, que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal. “El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad”, dice el artículo 3 del decreto.
El 19 de noviembre, ocurrió la masacre de Senkata donde 10 personas murieron y un centenar resultaron heridos. El D.S. dio vía libre a la Policía y Fuerzas Armadas a acribillar a la población y al incremento de la violencia y la violación de los derechos humanos.
El D.S. fue derogado por el gobierno de facto el 28 de noviembre de 2019, una vez pasadas las masacres, porque ya había cumplido su objetivo de dar impunidad a los ejecutores de dichas masacres.
- La masacre de Senkata con 10 víctimas fatales y 78 heridos de bala, fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.
- Se han comprobado ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal.
El informe de la GIEI confirma que las autopsias de los diez fallecidos en Sacaba reportan lesiones vitales causadas o compatibles con proyectil de arma de fuego. Algunos hallazgos relevantes son que las lesiones son todas en el abdomen, tórax y cabeza. Siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad.
El GIEI constató que en la masacre de Senkata las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. Algunas autopsias realizadas identificaron que las lesiones sufridas por las víctimas fatales fueron producidas por cartuchos de 9 mm, un arma utilizada por policías y militares.
- 7. Se constataron casos de violencia sexual y violencia en razón de género, mujeres aprehendidas fueron sometidas a manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes policiales, se las obligó a desnudarse y fueron brutalmente golpeadas. Se identificó también violencia obstétrica.
- Se constataron hechos de tortura y vejámenes psicológicos y racistas cometidos por agentes policiales en contra de detenidos, en su mayoría jóvenes e indígenas.
- En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana.
- Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos fenotípicos asociados al origen indígena.
- La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.
- También las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales.
- Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. En efecto, la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional.
- Se constataron tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros públicos.
- Grupos de choque (RJC y UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial.
- Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, se detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales.
- 17. El uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista.
- Policía y Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. Durante los días del conflicto, la Policía Boliviana no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
- Se vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines” al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.
La investigación del GIEI confirma la opinión unánime que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas, entre ellas a Adriana Mendoza, de la cadena Gigavisión; Adair Pinto, que recibió amenazas de muerte de un policía; Carlos Cornejo, que fue detenido el 16 de diciembre en El Alto acusado de sedición e instigación a delinquir. A la lista también se suma la detención del periodista argentino, Facundo Morales.
- Ruptura del orden constitucional (Interpretación):
El informe señala claramente que no había quórum en el senado cuando Añez se proclamó presidenta del Senado, más adelante, también sin el quórum requerido en la Asamblea Legislativa Plurinacional repetiría la acción y Añez también se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional.
Lo que confirma, el quiebre del orden constitucional establecido por la Ley, pues se vulneró la CPE, los reglamentos de la asamblea legislativa y de la cámara de Senadores. Tampoco se tiene evidencia de que hubiese sido posesionada y menos prestado juramento ante autoridad alguna, lo cual ratifica la ilegitimidad de su autoproclamación.
Presidente recibe informe del GIEI y pide aprobación de juicio de responsabilidades por violación de DDHH durante golpe de Estado
ABI.- El presidente Luis Arce recibió este martes el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo, en un acto realizado en el Banco Central de Bolivia que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los caídos en los hechos de violencia de la ruptura constitucional.
Asimismo, instó también al Ministerio Público a que implemente las acciones judiciales recomendadas en el documento.
El primer mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado.
Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto.
“Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, acotó.
Por otro lado, el jefe de Estado anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI-Bolivia, según los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado.
“Derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.
Arce recordó que la historia convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia y expresó el deseo de que todas las fuerzas políticas asuman la responsabilidad del caso que se traducirá en un compromiso con la democracia.
“Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo, y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia”, añadió.
El mandatario parafraseó, por último, una de las expresiones más célebres del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, para recordar que en el caso del golpe de Estado de 2019 “no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”.
Un grupo de CIDH confirma masacres de civiles durante la crisis política de 2019 en Bolivia
La tipificación de las muertes ocurridas en noviembre de 2019, tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, contradecía la versión del Gobierno de Áñez de que los manifestantes habrían caído víctimas de sus armas de fuego.
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