Por Miguel Gómez / LA RAZON.- El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) califica de “masacre” lo ocurrido el 19 de noviembre de 2019 en el barrio de Senkata, en El Alto, por el “uso desproporcionado de violencia” de las fuerzas de seguridad y reveló que no hay evidencia sobre la intención de hacer explotar la planta de YPFB.
Son las conclusiones sobre la violencia y la violación de derechos humanos investigadas por la comisión y presentadas este martes. Desde el 10 de noviembre de 2019, El Alto protagonizó movilizaciones de rechazo a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que se ahondó con la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta, dos días después.
“Las protestas en Senkata iniciaron por el desacuerdo con la renuncia de Morales. Las manifestaciones eran de una participación plural con personas que no necesariamente eran simpatizantes de ningún partido político, pero que se identificaban con las demandas sociales en contra de la quema de la Wiphala, la humillación y las vejaciones en contra de la gente pobre y la discriminación a las mujeres de pollera”, remarca el documento proporcionado a La Razón.
Ello provocó el bloqueo a la salida de combustibles líquidos de la planta de la zona, a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que desencadenó una crisis de carburantes en la ciudad de La Paz. Por ello, militares y policías realizaron un operativo conjunto el 19 de noviembre, al amparo del Decreto Supremo 4078 promulgado cinco días antes por Áñez y su gabinete, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en los operativos para “restablecer el orden”.
El informe explica que 47 cisternas y camiones de garrafas de gas fueron parte del convoy escoltado por las fuerzas de seguridad. Luego, una centena de manifestantes derribó el puro perimetral de la planta y cuatro vehículos incautados fueron quemados en “una zona de la planta sin uso operacional, e intentó ingresar por un portón del extremo sur” de la engarrafadora.
“Las fuerzas de seguridad reaccionaron con uso desproporcionado de violencia al derrumbe del muro y la secuencia de protestas. Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso de elevada fuerza —aunque no se admitiera el uso de municiones letales— para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto. Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman que hubiera ese riesgo concreto”, remarca el GIEI.
El documento añade que “las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta —en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural— el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios”.
El grupo de expertos argumenta que el “uso desproporcional de la fuerza” de las fuerzas de seguridad provocó la muerte de 10 personas y al menos otras 78 resultaron heridas. Y subraya que “aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”.
Asimismo, los heridos acudieron a hospitales pero fueron víctimas de maltratos, discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, incluso los heridos de bala, bajo el argumento de que eran simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma el GIEI en sus conclusiones.
Por ello, ante la desconfianza, seis familias de los fallecidos evitaron que los cuerpos sean llevados a instituciones públicas para la práctica de las autopsias, por lo cual se las hizo en la parroquia San Francisco de Asís de la zona.
El 20 de noviembre, añade el documento, “familiares de las víctimas fatales y moradores de la ciudad de El Alto organizaron una protesta hacia el centro de la ciudad de La Paz con miles de personas, conocida como Marcha de los Féretros. El Estado, a través de la Policía, reprimió arbitrariamente la marcha, lo que resultó en personas heridas por el uso abusivo de gases. Además, considerando la naturaleza fúnebre de la protesta, la represión afectó la dignidad de las personas muertas y de sus familiares”.
Masacre de Sacaba: Hubo ejecuciones sumarias, agentes del Estado dispararon en contra de los manifestantes
“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”, remarca el documento conclusivo.
Por Miguel Gómez / LA RAZON.- Ejecuciones sumarias, militares fuertemente armados, disparos contra los manifestantes que provocaron 10 fallecidos y al menos 36 heridos… son conclusiones de lo ocurrido en la masacre de Sacaba (Cochabamba), según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes, sobre la violencia y la violación de derechos humanos en el país en 2019.
El 15 de noviembre de ese año, una movilización de cocaleros del Chapare intentó llegar al centro de la ciudad de Cochabamba, reclamando por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez, el 12 de noviembre.
Fue intervenida por un operativo militar y policial, y los efectivos castrenses actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.
El GIEI relata que aproximadamente 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14.00 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron “bloqueados” por la Policía y las Fuerzas Armadas, a la altura del puente Huayllani.
“Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas”, señala el documento proporcionado por el GIEI a La Razón.
Según el relato del grupo de expertos, un avión caza sobrevoló ese momento la zona y comenzó la represión con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la Policía, ya que posteriormente los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes. “La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes”.
“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”, remarca el grupo de especialistas.
Así, se desencadenó la persecución contra los manifestantes que huían de la represión, y que para hacer frente a los gases encendieron neumáticos y solo se defendieron lanzando piedras. Las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón con destino a Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos.
“Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego”.
En contraparte, el documento subraya que no se hallaron pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la Policía o de las Fuerzas Armadas. O sea, se cae la tesis del entonces ministro Arturo Murillo, de que las balas provinieron de los movilizados. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, zanja el informe conclusivo.
“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía”.
Aparte, los expertos hacen un llamado de atención al Estado, más concretamente al Ministerio Público, ya que “no ha cumplido con su deber de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables, si bien, en los últimos meses, se observan avances importantes en el esclarecimiento de los hechos”.
El GIEI considera que las FFAA y la Policía contribuyeron a la inestabilidad democrática
Con base en el informe del GIEI, que señala que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas deben sugerir o recomendar actos políticos, Luis Arce reafirma que en 2019 hubo “golpe de Estado”.
Wiliams Kaliman y el Alto Mando de las FFAA, el 10 de noviembre de 2019
Por Rubén Atahuichi / LA RAZON.- “Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.
El criterio fue expresado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, cuyo informe conoció La Razón.
En la recepción del informe de parte de la experta argentina del GIEI Patricia Tappatá, la mañana de este martes en el salón de actos del Banco Central de Bolivia (BCB), Arce citó el documento para denunciar que la renuncia el 10 de noviembre de 2019 de Morales fue a causa de un “golpe de Estado”.
“Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, dijo el mandatario.
En su informe, el GIEI cuestiona duramente el papel de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en la crisis poselectoral de 2019, aunque se inhibe de comentar sobre si hubo o no golpe de Estado, como denuncia ahora el oficialismo, o fraude electoral en 2019, como denuncia la oposición.
“Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el GIEI.
Y complementa: “La circunstancia de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de la fuerza en nombre del Estado y de la sociedad, o sea que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil”.
La noche del 7 de noviembre, varios destacamentos policiales se declararon en motín, en coincidencia con las protestas de entonces convocadas por el Comité pro Santa Cruz y las vigilias propiciadas por fuerzas política de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS). “El amotinamiento llevó a que se identificara a la institución policial como un factor que contribuyó a la inestabilidad de la democracia”, concluyó el GIEI.
El equipo consideró que “la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátumpuede no ser más que una cuestión semántica”.
Además, recomendó un ajuste estructural en ambas instituciones. “La situación estructural de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas merece un trabajo de comprensión más amplio sobre las necesidades de ambas instituciones para superar lo que, en ocasiones, es un comportamiento autocrático”.
A las 16.09, casi una hora antes de la dimisión de Morales, el entonces comandante de la Policía Boliviana, coronel Yuri Calderón, leyó un comunicado difundido en las redes sociales de la institución. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”, dijo.
Casi a la misma hora, similar actuación tuvo las Fuerzas Armadas. En conferencia de prensa, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, acompañado del Alto Mando, también sugirió la renuncia del mandatario.
Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García, renunció a las 16.50 en Chimoré, en el Chapare, adonde viajó luego de dificultades al abordar el avión presidencial (los jefes militares se lo impedían).
“La información descrita y analizada en el Informe revela que, durante la crisis política de 2019, las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”, remata el informe parcial al que accedió La Razón.
Tras la renuncia de Morales, y luego de dos días de desgobierno, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, se proclamó sucesivamente titular del órgano camaral y mandataria por sucesión en sendos actos sin quorum ni asistencia del MAS.
El GIEI establece que hubo racismo y desprecio a los símbolos indígenas en la crisis de 2019
El informe da cuenta que el uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos en 2019 jugaron un papel relevante para “justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales
Una manifestante en La Paz, durante noviembre de 2019, porta una whipala.
Por Edwin Condori / LA RAZON.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, determinó que hubo “racismo y desprecio a los símbolos indígenas” durante los sucesos de ese año.
El GIEI, en un resumen no oficial del informe de su trabajo investigativo, señala que “las acciones iniciales del gobierno interino (de Jeanine Áñez), como la eliminación de la wiphala de los espacios oficiales, la promoción del cristianismo evangélico como norma de orientación del Estado y los discursos racistas, sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia (de los) indígenas”.
Es así que los expertos observaron numerosos incidentes de racismo en Bolivia que, según su trabajo investigativo, “sugieren que ciertos sectores de la sociedad siguen siendo hostiles a la noción de un Estado Plurinacional inclusivo”, porque “durante el conflicto alrededor del proceso electoral de 2019, los principales acontecimientos incluyeron un componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial, que reavivó una problemática histórica y estructural de identidad arraigada en el Estado boliviano”.
En ese sentido, subrayaron que en el conflicto el clima de polarización ideológica en la población creció en la medida que los líderes políticos también incentivaban o toleraban la violencia que ejercían sus simpatizantes, a lo que “se sumó la ineficaz intervención de las autoridades del Estado”.
“Esta polarización impulsó dos tendencias: la estigmatización de la población indígena, campesina, rural, en situación de pobreza o de tez morena como simpatizante del MAS; y la incorporación de una ideología religiosa al movimiento político de oposición”, se advierte en el documento.
Pues el GIEI recuerda que, por ejemplo, el uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para “justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales (quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 asfixiado por protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, por un motín policial y una ‘sugerencia’ militar para que dimitiera) y fomentar una idea anti indigenista que pretende restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.
Además, según el trabajo del GIEI, los hechos de discriminación racial se expresaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. Es así que “la represión y el uso de lenguaje racista y anti indígena se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata”, se destaca en el resumen del informe.
Por eso también la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional y en particular, de acuerdo al documento, las personas arrestadas o detenidas fueron víctimas de agresiones verbales de naturaleza racial como el uso peyorativo de palabras: “indio”, “perro” y “colla”.
“Sin embargo, la estrategia de mano dura estigmatizaba a la totalidad de esta población. Así, el GIEI reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el período analizado (y) éstos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad como la wiphala o el vestido indígena”, se reafirma en el documento.
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