Por Luciana Bertoia / PAGINA 12/ Buenos Aires.- A Cristina Fernández de Kirchner podrán condenarla –como hizo el Tribunal Oral Federal 2– pero nunca disciplinarla. Ése es el mensaje que dio la vicepresidenta después de recibir la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder cargos públicos –la proscripción o la verdadera condena para alguien que siempre accedió a cargos por el voto popular, como dijo–. “No voy a ser candidata a nada”, sorprendió con el anuncio desde su despacho en el Senado, minutos después de que el juez Jorge Gorini terminara con la lectura del veredicto en la causa en la que se investigó un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. “Mafia judicial, ésto es lo que hoy me condenó”, denunció CFK, en alusión a una filtración de chats entre jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, un exSIDE y ejecutivos del principal grupo de medios del país que mostró la trastienda del corrompido sistema judicial en la Argentina. “Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”.

Cristina Fernández escuchó el fallo desde el Congreso. Desde el 2 de diciembre de 2019, cuando fue indagada por el TOF 2 de Comodoro Py, siempre dijo que la condena ya estaba escrita. Horas antes, había calificado al tribunal como un pelotón de fusilamiento. El pedido de condena de doce años de prisión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue hecho el 22 de agosto, cuando se cumplieron 50 años de otro fusilamiento que marcó la historia argentina: el de 16 presos políticos alojados en la base aeronaval de Trelew. Diez días después del pedido de los fiscales, a CFK intentaron asesinarla en la puerta de su casa.

El TOF la absolvió por la asociación ilícita por la que la había acusado la fiscalía pero la condenó por administración fraudulenta. “¿A mí administración fraudulenta?”, se preguntó la vicepresidenta. ”Y los amarillos que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares se pasean orondos en aviones de Clarín. No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás”, disparó CFK.

Para CFK, la condena tuvo todo de político y nada de judicial. “Lo raro es que la condena es por administración fraudulenta”, dijo. Según recordó, ella y su defensa –encabezada por Carlos Beraldi– habían resaltado que ni tenía el control de las leyes –que está en manos de diputados y senadores– ni del presupuesto, que después de la reforma constitucional de 1994 es facultad del jefe de Gabinete. “Curiosamente los jefes de Gabinete solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que fueran culpables, porque a lo largo de todo el juicio se probó que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Luciani y Mola eran ciertas”, subrayó.

Un sistema paraestatal

La sentencia a la vicepresidenta –y principal dirigente política del país– tuvo lugar a pocos días de que una filtración desnudara las maniobras que urdió un grupo de magistrados federales y funcionarios porteños, invitados a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, para que no se conociera que les habían financiado el viaje, tal como revelaron en este diario los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser. “Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, es decir, Héctor Magnetto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo y Pablo Casey”, detalló CFK.

“Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución. Es una condena que tiene su origen en un sistema que yo ingenuamente llamé lawfare; ahora he rescatado el concepto de Partido Judicial. Esto no es lawfare ni Partido Judicial: esto es un Estado paralelo y mafia”, dijo la expresidenta, recuperando un concepto que ya había usado la Comisión Bicameral de Inteligencia a la hora de describir el sistema de espionaje que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri. “La confirmación de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida y el patrimonio de los argentinos, lo tuvimos este fin de semana”, señaló la vicepresidenta.

“Así como antes había juntas militares, hay juntas que nos gobiernan y deciden por fuera de todos los estamentos”, subrayó CFK. Más allá del reciente tour al sur por parte de un sector de los jueces federales, el juicio de Vialidad fue una muestra de los vínculos que se forjan más allá de los tribunales, más particularmente en el verde césped de la cancha de fútbol. Uno de los jueces, Rodríguez Giménez Uriburu, jugaba al fútbol en el equipo Liverpool junto con Luciani, parte acusadora en la causa. El arquero del conjunto es o era Mariano Llorens, el presidente de la Cámara Federal que reclamó tiempo atrás someter a CFK a juicio político para poder detenerla. Más de un partido del Liverpool se disputó en Los Abrojos, la quinta de Macri –principal impulsor de la causa, ya que se reabrió durante su gobierno a partir de una denuncia de su funcionario Javier Iguacel al asumir al frente de Vialidad Nacional–.

La extinción de la ley

En el fin de semana, se filtraron dos grupos de Telegram, que se crearon a partir de la revelación de Página/12 de aquel viaje al sur. En uno se discutía principalmente cómo apagar el escándalo mediático; en otro, cómo hacer caer la investigación que se instruía en Bariloche por el viaje de “arriba” que habían conseguido sus señorías. Entre los participantes del chat estaba Julián Ercolini, el juez que mandó a juicio a CFK por Vialidad. Lo acompañaban Carlos Mahiques (Casación Federal), el juez en lo penal-económico Pablo Yadarola y el juez en lo contencioso-administrativo Pablo Cayssials. Estaban también el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro. De la travesía también fueron parte Leonardo Bergroth –exjurídicos de la SIDE– y el publicista Tomás Reinke, además de los empresarios de medios.

“Se llamaban ‘los huemules’, no sabemos por qué”, dijo CFK. “Estos no están en peligro de extinción, los que están en peligro de extinción son los jueces que actúan según la ley y la Constitución. Esto es el Poder Judicial en la Argentina: una articulación con los grandes medios, con las grandes empresas”, señaló. “Éste es el sistema que hoy me condena a mí. No van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos dicen”, dijo y agregó que era público y notorio que a Néstor Kirchner lo habían presionado para aprobar la fusión de Multicanal y Cablevisión, pero que no habían corrido la misma suerte con ella cuando querían quedarse con Telecom.

“Ésta es la verdad de la milanesa, por eso me están condenando a mí. No creas que solo es contra los políticos”, reclamó CFK en una apelación para que todas las personas de a pie entiendan que un servicio de justicia alineado con las grandes empresas solo redunda en injusticias. “Es el que te cobra lo que quiere de teléfono, de internet y de prepagas. Es el poder mediático y económico en la Argentina, que coarta permanentemente. Hay que disciplinar a la política argentina, no a los que piensan como ellos, no a los de Juntos por el Cambio –que creen que las universidades son un gasto–. A nosotros, al peronismo, los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, explicó.

“Son todos hombres”, señaló en referencia a la cofradía de los “huemules” pero también más allá. “Las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos son hombres, pero yo nunca voy a ser una mascota de ellos ni aunque me den 20 años”, sentenció.

La selección del lawfare

CFK diseccionó distintos ejes que se veían en las comunicaciones de los “huemules”. Por ejemplo, enfocó en las amenazas al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, a quien le atribuían haber dado a conocer el viaje a Bariloche. D’Alessandro, en el chat difundido por la web Patagonian Facts, decía que, si llegaba a ministro nacional, iba a disolver la PSA; también que tenía una alcaidía lista para darle una “bienvenida” a Glinski.

En las últimas horas, el ministro porteño dio una serie de explicaciones contradictorias: que lo hackearon, que editaron los mensajes, que no existían, que él no usa Telegram o que lo usa muy esporádicamente. Todas las versiones podían ser con el mismo interlocutor o con uno distinto a modo de “elige tu propia justificación”. A D’Alessandro, la vicepresidenta también le recriminó haber espiado en los alrededores de su casa después del intento de magnicidio.

Uno de los que no viajó a Lago Escondido pero que sí estuvo presente en el discurso de la vicepresidenta fue Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de Casación que debe decidir si reabre las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Es un teledirigido de Mahiques”, dijo Fernández de Kirchner.

Es probable que este miércoles el ministro de Justicia, Martín Soria, presente una denuncia penal a partir de lo que surgió en los chats, siguiendo las directivas del presidente Alberto Fernández. El primer mandatario también quiere que el tema se ventile en el Consejo de la Magistratura, que está paralizado. “¿Qué esperanzas tenemos de que se trate en el Consejo después de la intervención del supremo (Horacio) Rosatti?”, cuestionó CFK.

Fallo cantado, contradictorio y sin pruebas en la causa Vialidad

La condena a Cristina Kirchner: la asociación ilícita resultó la de los jueces

Sin temor al ridículo, los jueces del TOF 2 condenaron a 6 años e inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner con fundamentos demolidos durante el juicio. Tuvieron que abandonar la absurda acusación de Asociación ilícita y, confiados en la protección mediática, recurrieron a un guion disparatado para insistir con la “administración fraudulenta”.

Por Raúl Kollman/ PAGINA 12.- La mafia judicial, el estado paralelo, como los denominó Cristina Kirchner, dictó una condena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta de la vicepresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo es grotesco y sustentado en planteos que fueron derrumbados durante los tres años de juicio. 

Por ejemplo, dibujan los magistrados que con las licitaciones que ganó Lázaro Báez se beneficiaba Cristina, una hipótesis descabellada sobre la que no hay ninguna prueba ni se presentó la más mínima evidencia. Todo el vínculo existente fueron algunos alquileres que totalizaron unos ocho millones de pesos en cinco años. En cambio, los jueces dicen que el perjuicio para el Estado fue de 84.000 millones de pesos. O sea, no hay vínculo alguno entre las cifras, además de que los alquileres -así se probó- no podían incluir ninguna coima porque fueron a valores de mercado e incluso un poco menos. Pero, sobre todo, no se encontró ni un mensaje, un correo, un testigo que dijera que Cristina dio alguna instrucción o que sugiriera alguna medida relacionada con las rutas de Santa Cruz. 

Como no hubo condena por asociación ilícita, los jueces tienen que probar el vínculo de cada uno de los condenados con el fraude y, por lo tanto, tendrán que dibujar algo respecto de Cristina, teniendo en cuenta que no tuvo la menor comunicación con ninguno de los otros acusados. El fallo tiene una única explicación: sacar de la cancha a la principal referente del peronismo. Al final, la asociación ilícita fue el aparato judicial.

Próxima escala, la Cámara de Casación

Como se sabe, lo resuelto por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso (éste último el juez más macrista y que propuso condenar también por asociación ilícita) es apelable a la Cámara de Casación, después de que se conozcan los fundamentos del fallo, el jueves 9 de marzo de 2023. 

La Casación es un terreno más que minado, de fuerte alianza con Juntos por el Cambio. Convalidó todo el proceso y allí conviven, como se vio en los chats sobre el vuelo privado a Lago Escondido, Carlos “Coco” Mahiques y Diego Barroetaveña, junto a los visitantes de Olivos y la Casa Rosada en tiempos de Mauricio Macri, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Estos dos últimos, integrantes de la Sala IV, son los que deberán resolver las apelaciones del equipo de defensa de Cristina, encabezado por Carlos Beraldi. Parece un chiste, pero es real.

La lógica indica que la Casación tardará en resolver la apelación hasta principios de 2024, según analizan quienes conocen los tiempos procesales. Y luego, CFK –y todos los que fueron condenados– podrán presentar un recurso ante la Corte Suprema, que no tiene plazos. Lo previsible es que haya decisión del máximo tribunal en 2025. Mientras tanto, la inhabilitación no rige y la vicepresidenta puede ser candidata, tal cual lo indica el antecedente de Carlos Menem. El riojano fue condenado por un tribunal oral en la causa por el contrabando de armas, el fallo fue confirmado por Casación y aun así fue candidato a senador y obtuvo la banca. Murió integrando la Cámara Alta. CFK dijo este martes que no será candidata a nada, que va a estar sin fueros, pero no tendrá impedimento legal. 

El hilo conductor

Los integrantes del tribunal publicaron un texto de ocho páginas para explicar el fallo, una especie de adelanto de lo que darán a conocer el 9 de marzo. Alcanza para verificar la incoherencia y arbitrariedad.

• Los jueces dicen que Lázaro Báez ganó las licitaciones porque se hicieron a su medida y que las otras empresas que intervinieron presentaron “ofertas de cortesía”. “Hubo una concurrencia cartelizada”, dicen Giménez Uriburu, Gorini y Basso. Esto fue desmontado durante el juicio. Las empresas competidoras no tenían ninguna razón para beneficiar a Báez, más bien lo odiaban porque no era parte de la Cámara de la Construcción y presentaba las ofertas más bajas. Lo mismo ocurrió en buena parte de las provincias, donde las constructoras locales se impusieron -y se imponen- en la mayoría de las licitaciones porque tienen el personal y la maquinaria en la zona y no tiene que movilizar su estructura, por ejemplo a 2.800 kilómetros como en el caso de Santa Cruz.
• Que Báez ganara 51 de los 81 tramos de rutas benefició a Cristina, afirma el texto. Los jueces lo ponen así: “La comprobación de un interés de la entonces Presidenta evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos por los vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Báez”. O sea condenan a Cristina por la causa Hotesur-Los Sauces donde fue sobreseída. Pero, además, no hay relación alguna entre los alquileres de Báez con la magnitud de la obra pública y el hecho -probado- de que esos alquileres no encerraban ninguna coima porque fueron a precios de mercado.
• El tribunal dio por caída la asociación ilícita, o sea que el gobierno funcionaba como una banda. Por lo tanto, deben probar el papel específico de cada condenado en las rutas de Santa Cruz. Pero allí chocan con un hecho evidente: no hay una sola comunicación de Cristina, no hay una instrucción, no hubo un solo testigo que afirmara que ella tuvo alguna intervención.
• Justamente lo que ocurrió con Julio De Vido o Abel Fatala es que no intervinieron en nada de nada. Por lo tanto, no los pudieron condenar. Y CFK tampoco intervino en nada. Parece directamente ridículo que absuelvan -con Justicia- al ministro del área y condenen a quien estaba por encima de él, la Presidenta.
• El esquema que utilizaron para esa pirueta es sostener que la estructura que actuó fue la de Vialidad Nacional, por eso condenaron a Nelson Periotti y a todos los que estuvieron en Vialidad, Nacional y de Santa Cruz. El que supuestamente transmitió indicaciones fue José López –secretario de Obras Públicas–, pero no hay ni mensajes ni llamadas ni mails de López con Periotti o de ambos con Cristina.
• Toda la base de esa acusación son tres mensajes a fines de noviembre de 2015, cuando Cristina estaba a punto de dejar la Casa Rosada y había una situación crítica en Santa Cruz porque las obras estaban paradas y se venía el freno que efectivamente concretó el macrismo. Esos tres mensajes –que ni siquiera fueron directamente a CFK– todo lo que requerían es que se le pague a Austral Construcciones para que se abonen los sueldos y se salga de la crisis social. Pero no se hizo pago alguno. Mientras tanto, hubo cientos de mensajes con empresarios macristas, que tenían intimidad con López, el que dejó los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Eso fue ocultado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
• A la vicepresidenta le adjudican el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Pero ella no tenía facultades. Las obras y el valor de las obras se decidieron en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso Nacional. La administración del presupuesto corresponde, por la Constitución, a los jefes de Gabinete. Es desopilante que respecto de obras que se licitaron, adjudicaron, pagaron y controlaron en Santa Cruz se impute a una Presidenta que no tenía facultad en la decisión provincial y tampoco en la administración de fondos presupuestarios. O sea, el delito es de imposible ejecución.
• El tribunal afirma que “hubo sobreprecios en al menos tres de las cinco obras peritadas”. Página/12 presenció todas las audiencias: los peritos que estuvieron en el juicio naufragaron estrepitosamente y de ninguna manera se probó la existencia de sobreprecios. El abogado de Báez, Juan Villanueva, lo sintetizó así: “Probamos en el juicio que las empresas de Báez ofrecieron precios menores a otras constructoras del país. Probamos que las licitaciones se ganaron ofreciendo mejores precios”. Lo escandaloso es que los magistrados tomaron los supuestos sobreprecios de las tres obras que mencionan y los aplicaron –sin pericia alguna– a las otras 48 obras que ganó Báez. Así llegaron a que el perjuicio fue de 84.000 millones de pesos. Para redondear el disparate, en otra parte del anticipo de los fundamentos los magistrados dicen que no pueden calcular el perjuicio.
• Desde ya que se cayó buena parte de las acusaciones mediáticas: no hay referencia en el texto de los jueces de que las obras no se hicieron o que se pagaron tramos que no se construyeron o que las rutas no iban a ninguna parte. Y éste era el verdadero origen de la causa Vialidad.

El detrás de la escena del fallo

Como señaló la vicepresidenta, la condena estaba escrita desde el primer día. No había otra decisión posible de un juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta de Mauricio Macri. La trama fue revelada por Página/12. No iba a prosperar la recusación de ese equipo porque los que decidieron fueron Hornos y Borinsky, que lo visitaban clandestinamente en la Casa Rosada y Olivos.

Era imposible imaginar una absolución con el trasfondo del viaje a Lago Escondido -también revelado por Página/12-, pagado por el grupo Clarín, y con los jueces y funcionarios macristas evaluando cómo falsificar pruebas y esconder delitos. Allí estaban Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa Vialidad, y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que impulsó la acusación original.

La condena estaba cantada cuando la Corte Suprema -en guerra con el Poder Ejecutivo y alineada con el macrismo- dictó un fallo feroz sobre la causa Vialidad cuando justito estaban por alegar Luciani y Mola rechazando todos los recursos de las defensas. Por ejemplo, los defensores habían sostenido que no se podía hacer un juicio sin las más elementales pericias o con la intervención de magistrados visitantes de Casa Rosada y Olivos. Los cortesanos no aceptaron nada y pegaron un golpe que fue una especie de vía libre para condenar.

La base del fallo, el objetivo, es la proscripción. Y para esto tuvieron que redactar un texto contradictorio, que destila odio ausente de toda prueba. Al final, la asociación ilícita fue el tribunal y todo el estado paralelo que tuvieron detrás.

FERNANDO CIBEIRA/EL DESTAPE.-

La vicepresidenta Cristina Kirchner terminó su encendida respuesta a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad con un cimbronazo en el escenario político: avisó que no se postulará a nada en 2023 para evitar que maltraten al peronismo por tener una candidata condenada y que se volverá a su casa. Advirtió que entonces podrían meterla presa pero “mascota de usted nunca, jamás”, le lanzó al CEO de Clarín, Héctor Magnetto. Todo el oficialismo se encolumnó contra la proscripción de Cristina. Desde el presidente Alberto Fernández hasta el ministro de Economía, Sergio Massa, desde el poderoso PJ Bonaerense hasta cada peronismo provincial, desde organizaciones como el Movimiento Evita a la CGT y la CTA, el respaldo fue unánime. En chats y encuentros de dirigentes de diferentes sectores se discutía cómo y cuándo dar una respuesta con volumen político y movilización en las calles.

Si ya de por sí la condena contra la vicepresidenta era suficiente motivo de conmoción, la inmediata réplica que hizo ella desde su despacho detallando el cúmulo de irregularidades de la causa, los pormenores del escandaloso chat de los jueces y funcionarios macristas invitados por Clarín a Lago Escondido y el anuncio final de su paso al costado a partir del 10 de diciembre del año que viene, terminó de funcionar como elemento movilizador para la dirigencia del Frente de Todos. “Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente”, reaccionó el Presidente, quien expresó su solidaridad con la vicepresidenta por ser “víctima de una persecución totalmente injusta”. Entre la vuelta de Montevideo de la cumbre del Mercosur y la evaluación de la respuesta adecuada, los tuits de Fernández aparecieron un poco más tarde de los de algunos de sus ministros.

Massa, el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Gabriel Katopodis, Daniel Filmus, Eduardo de Pedro, Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana, Matías Lammens, Juan Cabandié y Martín Soria, por nombrar algunos, expresaron su apoyo a la vicepresidenta. También otros funcionarios -en algunos casos distanciados de CFK- como el titular de la AFI, Agustín Rossi, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, dieron muestras de su solidaridad con Cristina. La plana mayor del Gobierno salió veloz y con una posición unificada en el tema.

El Partido Justicialista, desde su expresión nacional a las distritales, mostró su repudio al fallo del Tribunal Oral 2. “El Peronismo no abandona a quien se la juega por el pueblo”, se tituló el comunicado del PJ Nacional que encabeza Alberto Fernández. El PJ de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, emitió un comunicado calificando como “una página más de la historia negra del Poder Judicial” la condena a Cristina. Consideró que con ella se buscaba condenar las políticas implementadas entre 2003 y 2015. El PJ porteño tituló su documento “Una sentencia mafiosa contra el Pueblo” y convocó al pueblo peronista “a constituirse en estado de alerta y movilización permanente”. 

La comunicación conjunta de la Liga de Gobernadores llegó hacia la medianoche, calificando el fallo como “uno de los agravios más grandes al sistema democrático”. En tanto, los bloques de senadores y de diputados del Frente de Todos darán a conocer su posición en una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, este miércoles a las 11. El Movimiento Evita, que recientemente retomó el diálogo con Cristina luego de una largo tiempo de cortocircuitos, emitió un extenso comunicado de repudio al “vergonzoso fallo” del Tribunal Oral. Consideró la condena “el resultado final de un proceso de criminalización, persecución y estigmatización contra la figura de la vicepresidenta

También la CGT emitió una declaración hablando de “un vergonzoso veredicto que se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas” y advirtió que “sólo el pueblo a través del voto decidirá el destino de sus representantes políticos”. “Los que crean que aquí se terminó la historia se equivocan. Como se equivocaron los que se creyeron que con la proscripción de Perón se terminaba el peronismo”, expresó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. La CTA Autónoma también expresó su repudio.

Al caer la noche del martes la discusión era cómo seguir. “No vamos a bajar los brazos, eso seguro”, respondía un referente sindical. Evaluaban para cuándo organizar una respuesta que tenía que ser políticamente contundente respecto a la unidad del peronismo y del Frente de Todos en el respaldo a la vicepresidenta -que lo fue- y también en lo referido a la masividad de la militancia en las calles. También prevalecía la idea de llevar las cosas con calma porque el camino recién se había iniciado y quedaba por delante una larga cuesta de apelaciones y nuevas decisiones judiciales. De hecho, los fundamentos del fallo del martes recién se conocerán en marzo y ahí se podrán apelar. 

“Hay muchos sectores que nos estamos convocando a discutir, hay que evaluar bien cuál es el mejor momento para responder”, comentaba un dirigente antes de ingresar a una reunión. La hipótesis de un “operativo clamor” para hacer reconsiderar a Cristina sobre su posición para 2023 también comenzaba a tomar forma. Una vez más, Cristina reconfiguró el escenario político y obligó al peronismo a alinearse en su respaldo. Todo lo que suceda en estos días, tendrá consecuencias en la competencia del año que arranca.

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https://www.eldestapeweb.com/politica/cristina-kirchner/cristina-kirchner-pateo-el-tablero-y-encolumno-al-peronismo-contra-su-proscripcion-2022127050