AHORA EL PUEBLO.- El contralor general del Estado, Henry Lucas Ara, en entrevista con Ahora El Pueblo, informó que como instancia de control gubernamental encaró procesos de auditoría al gobierno de facto de Jeanine Añez respecto de la liberación de precios del jet oil y la compra de agentes químicos, acciones que causaron daño económico al Estado.
Ese periodo excepcional de Añez —sentenció Ara— generó mucho conflicto porque hubo un tema de no cumplimiento de la norma al canalizar los convenios o contratos.
Respecto de la auditoría de la liberación de precios del jet oil indicó que está en fase de auditoría preliminar.
“Hemos sacado una auditoría que tiene que ver con la liberación de precios en costos del jet oil. En Bolivia tenemos normas que establecen un costo subvencionado para las líneas aéreas bolivianas que operan en el interior del país”, explicó Ara.
Agregó que en este caso existe un precio diferenciado para las empresas de aviación que hacen vuelos al exterior, que no tienen ninguna vinculación con la subvención nacional.
La Ley 1178 prevé que la Contraloría podrá demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales.
“Por lo tanto, mediante un decreto en el gobierno de Añez, se flexibilizó y se hizo que todas las empresas accedieran a un precio subvencionado, con un daño económico al Estado”, aclaró.
Hizo referencia también a una segunda auditoría a la compra de agentes químicos, donde se estableció que tampoco se han cumplido las formalidades. Señaló que hubo varios conflictos en el tema de la unidad solicitante donde se determinó responsabilidades penales, por lo que el caso se lo remitió al Ministerio Público.
El proceso se amparó en la Ley 1178, que en su artículo 44 prevé: “La Contraloría General de la República podrá demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado. Su representación será ejercida por el Contralor General de la República o por quienes representen a la Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder para delegar estas facultades”.
“Lo que se ha visto durante el gobierno de la señora Añez es que no se ha querido brindar la información para encarar el trabajo de la Contraloría, se nos negaba, y tampoco teníamos los mecanismos para exigir que se nos entregue la información”, señaló.
Aclaró que el trabajo tuvo que desarrollarse una vez que estas autoridades del gobierno de Añez dejaron el poder.
“Se aprovechó el tema de la pandemia para no permitirnos trabajar, puesto que la Contraloría fue una de las pocas entidades que no tuvo acceso a tener permisos de circulación”, aseveró.
