AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (/ABI).- La Fiscalía anunció que convocará a declarar a las personas que fueron mencionadas por Jeanine Áñez, quien dio testimonio ante los investigadores el pasado 7 y 8 de junio. Según la transcripción de dichas revelaciones, al menos 32 personas fueron nombradas.
El periódico El Deber informó que el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que “ha dado cuenta de varios otros componentes que van a ameritar que se convoque a otras personalidades. En su declaración ella ha indicado que toma conocimiento de cualquier tema recién a partir del 10 de noviembre de 2019, incluso hace referencia a que existiera alguna suerte de antecedentes a esta fecha e hizo referencia a la participación de otros ciudadanos que serán convocados”.
Añez, actualmente detenida de forma preventiva, está procesada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, ampliados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.
El pasado 7 y 8 de junio, ella prestó su declaración informativa ante la Fiscalía respecto a cómo fue contactada antes de asumir la presidencia, quiénes se comunicaron con ella, desde qué reunión, cómo llegó a La Paz, con quiénes se reunió y con quiénes coordinó antes de autoproclamarse como Presidenta del Senado, primero, y Presidenta del país, después.
Según El Deber y la transcripción de sus declaraciones, las personas mencionadas por Áñez son las siguientes:
1.- Carlos Mesa
2.- José Antonio Quiroga
3.- Ricardo Paz
4.- Manuel Canelas
5.- Marco Antonio Pumari
6.- Jerjes Justiniano
7.- Luis Fernando Camacho
8.- Evo Morales
9.- Álvaro García Linera
10.- Williams Kalimán Romero
11.- Diego Pari
12.- Omar Aguilar
13.- Adriana Salvatierra
14.- Susana Rivero
15.- Eva Copa
16.- Gabriela Díaz
17.- Waldo Albarracín
18.- Casimira Lema
19.- El sacerdote José Fuentes
20.- Yuri Calderón
21.- Arturo Murillo
22.- Elba Pinkert
23.- Gonzalo Barrientos
24.- Eliane Capobianco
25.- Pablo Barrientos
26.- Rosemary Sandóval
27.- Andrés Gallardo
28.- Eugenio Pesoa
29.- Emilio Pérez de Ágreda
30.- Carmelo Angulo
31.- Cristina Orreguero
32.- Óscar Ortíz
El proceso judicial que enfrenta Áñez fue abierto luego de que la exdiputada Lidia Patty presentara una denuncia penal en contra de Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho, el excomandante de las FFAA, general Williams Kalimán y el excomandante de la Policía, general Yuri Calderón.
Mesa: Apoyaremos un juicio a Añez si es por corrupción o violación a DDHH
El líder de Comunidad Ciudadana adelantó que dichas acusaciones, que no tienen que ver con el golpe de Estado, deben estar documentadas.
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AHORA, EL PUEBLO.- El expresidente Carlos Mesa dice que si se abre un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez y su Gobierno “por violaciones a Derechos Humanos (DDHH) o por corrupción, y que esté fundamentado y adecuadamente documentado, nosotros (junto con Comunidad Ciudadana) lo vamos a viabilizar porque no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado”.
Esta afirmación la hizo en entrevista con Los Tiempos y volvió a dejar en claro que no apoyará en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ningún juicio de responsabilidades en contra de Añez por la presunta comisión de delito de golpe de Estado.
En el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado, la exmandataria, quien está recluida preventivamente en la cárcel de Miraflores, es investigada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. A fines de mayo, el Ministerio Público determinó ampliar las pesquisas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
ALGUNOS CASOS DE CORRUPCIÓN
Respecto a los casos de corrupción, la Fiscalía paceña investiga un presunto sobreprecio de $us 6 millones en la adquisición, vía intermediarios, de 324 respiradores chinos en 2020.
Durante la administración de Añez fueron comprados cada uno de los equipos en al menos $us 30.000, cuando su precio real era $us 8.000.
En otro hecho similar, el Ministerio Público también investiga la adquisición irregular de 170 ventiladores españoles, causando un daño al Estado de más de $us 3 millones.
Cada ventilador fue adquirido a $us 27.683 la unidad; sin embargo, la empresa GPA Innova informó que cada equipo costaba $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y $us 10.000, en su versión avanzada.
Uno de los casos más graves del gobierno de facto es la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
A finales de 2019 se canalizó la compra de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor, mediante la intermediación de Bravo Tactical Solutions.
Esta empresa, de propiedad del amigo de infancia del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pagó $us 3,3 millones a Cóndor, y dos días después vendió el mismo material al Estado boliviano en $us 5,6 millones.
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Entre otros hechos de corrupción que se cometieron durante los 11 meses del gobierno de facto, se contabiliza coacción, injerencia y tráfico de influencias en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, la designación de Jacqueline Murillo (hermana de Arturo Murillo) como cónsul en Miami, el pago irregular de finiquitos (Bs 867.000) a 13 exejecutivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) que no cumplieron 90 días de trabajo, cobros irregulares en el Ministerio de Culturas, cobros de coimas a medios de comunicación, irregularidades en Boliviana de Aviación (BoA), entre otros.
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
Luego de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta, ocurrieron las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba, Huayllani (Cochabamba), Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz), Potosí, entre otras, donde fueron victimadas al menos 37 personas y más de cien resultaron heridas.
Añez había autorizado a las Fuerzas Armadas, mediante un decreto supremo, el uso de armas de fuego para contener a las personas que se movilizaban en rechazo al golpe de Estado.
Más de 1.300 bolivianos que vivían en Chile, y que pretendían volver a Bolivia luego de ser retirados de sus fuentes laborales en el país vecino a consecuencia del coronavirus fueron impedidos de hacerlo confinándolos en un campamento instalado en la frontera.
A inicios de agosto de 2020, ante la incapacidad de gestionar contenidos educativos alternativos para niños y adolescentes que sufrían por la pandemia, el gobierno de Añez dispuso la clausura del año escolar.
Casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes se quedaron sin educación en dicha gestión.
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