La organización criminal de Añez

Por José Galindo /LA EPOCA/ La Paz.- Entiéndase, no se trata de un epíteto cuando llamamos pandilla a todos los miembros del gobierno de Jeanine Áñez. Si los definimos por sus acciones, que van desde masacres hasta desfalcos, entonces se trató efectivamente de una organización criminal. Y esto es mucho más por su origen, que nace de una conspiración financiada por élites empresariales y un estado de excepción que conllevaba una suspensión de la Ley. ¿Sorprende, entonces, que se hayan comportado como criminales? No solo se lo permitían las circunstancias, sino que los motivó aún más un profundo desprecio por Bolivia. Arturo Murillo es su mejor ejemplo.

De un tiempo a esta parte el concepto de “Estado capturado” se ha hecho cada vez más popular entre diversos estudiosos de las ciencias sociales. Se refiere a sociedades cuyo poder político ha sido secuestrado, por así decirlo, por diferentes organizaciones cuyo principal objetivo no es el bien común, sino el enriquecimiento personal mediante actividades que desafían los límites formales de la legalidad y a veces pasan directamente hacia lo ilícito. Dicha categoría, la de Estado capturado, puede ser muy bien aplicada al corto periodo del gobierno de Áñez, tal como lo demuestra el arresto de su exministro de Gobierno Arturo Murillo.

Es sugerente el hecho de que esta persona haya sido arrestada por crímenes relacionados al lavado de dinero y no al esquema de violación de los Derechos Humanos, que dirigió personalmente cuando ocupaba su importante cargo en el Estado. Junto con él, fueron arrestados su jefe de Gabinete, y tres ciudadanos estadounidenses que dirigían empresas productoras de armamento antidisturbios. No se trataba de unas pocas “manzanas podridas” de aquel Gobierno “transitorio”, sino de un verdadero ordenamiento criminal que literalmente atrapó el poder después del vacío de poder dejado por Evo Morales tras su derrocamiento.

Al mismo tiempo, la frágil institucionalidad boliviana hace difícil el ejercicio de la Justicia hasta el día de hoy, con autoridades del Poder Judicial actuando según los intereses del gobierno de turno y sin ningún compromiso con su verdadera función, que es la de garantizar justicia para todos los bolivianos. Esto hace todavía más difícil el desafío de llevar a los responsables del golpe de Estado y las masacres sucedidas posteriormente ante tribunales que aseguren un justo veredicto. No obstante, las pruebas que diariamente salen a la luz en contra del Gobierno de Áñez demuestran que los encarcelamientos que se han estado dando desde hace meses no son, de ninguna manera, una forma de persecución política, sino el ejercicio, así sea defectuoso, de justicia.

Indicadores de criminalidad

Lo que queremos demostrar acá es que el régimen de Áñez era, desde todo punto de vista, un gobierno criminal, más allá de cualquier epíteto; no solo queremos descalificar a este Gobierno, sino que buscamos clasificarlo, por así decirlo, académicamente, dentro de un tipo de categoría que lo haga reconocible y diferenciable entre todos los gobiernos de nuestra historia reciente. Era un gobierno criminal porque sus acciones eran criminales y muchas de sus figuras claves pertenecían al submundo criminal. Y los casos por los cuales se acusan a sus exautoridades no son solo imputaciones, sino indicadores de criminalidad, que nos señalan qué tan corrupto y viciado puede ser un gobierno compuesto por miembros de la oligarquía boliviana.

Aunque no sea ético hacerlo, descontemos de la lista de actos de transgresión de la ley perpetrados durante el gobierno de facto todos aquellos relacionados con la violación de Derechos Humanos, desde las masacres de Senkata y Sacaba, los asesinatos extrajudiciales en la Zona Sur de La Paz, hasta las detenciones injustificadas y torturas ejercidas contra ciudadanos sin cargos ni evidencia hallada en su contra. Aun excluyendo dichos actos de indiscutible vileza e ilegalidad, el Gobierno golpista todavía puede ser juzgado por más de 24 casos de corrupción, que van desde tráfico de influencias hasta conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, ventajas en razón de cargo, daño al Estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, coacción, hurto, y más, muchos más.

La cantidad de escándalos durante este corto periodo de nuestra historia reciente fue tan recurrente que no es difícil encontrar titulares de aquellos días que sistematicen varios de los delitos e irregularidades cometidos por aquel Gobierno. Hagamos una sistematización gratuita, sin mucho rigor, solo para agrupar una parte de los numerosos delitos cometidos en cuatro categorías básicas.

Compras de bienes urgentes y esenciales en tiempos de pandemia

Empecemos por la compra de 170 respiradores españoles inservibles para la terapia intensiva de pacientes infectados con coronavirus, y, de paso, con sobreprecio, que no solo constituye, por las circunstancias, un daño al Estado, sino un atentado contra la salud y la vida de la ciudadanía.

Aunque se detuvo a algunos implicados, como el entonces ministro Navajas, todavía no se ha aclarado la extensión de la red de corrupción que hizo posible esta compra. Poco después, la ministra de Salud, Eydi Roca, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, se verían involucrados en la compra con sobreprecio de 324 respiradores chinos. Solo el primer caso implica un dañó al Estado de más de dos millones de dólares.

A aquello debe sumarse gestiones irregulares en la empresa de vuelos BOA, que beneficiaron a una empresa de turismo con más de tres millones de bolivianos perdidos; y varios casos de corrupción en la empresa YPFB, la más importante del Estado, en contratación de seguros, compra de alimentos, compra de combustibles, compra de equipos para gestionar la pandemia, pagos de transporte irregulares, todos cuyo daño verdadero al erario público todavía no ha sido calculados.

Y como guinda de la torta, un intento de privatización de la empresa estratégica ENDE a favor de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), gestionada por Murillo.

Actos de corrupción en empresas públicas

Diversos actos de corrupción en Entel, en tiempo récord fueron cometidos por su recién nombrado gerente general, Elio Montes, que van desde la asignación de finiquitos de personal que no llegó siquiera a los 90 días trabajados, con una suma total de casi un millón de bolivianos, y la donación de una suma similar a fraternidades en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Montes se encuentra, afortunadamente, detenido en la prisión de San Pedro.

Cobros irregulares en razón de cargo

Cobros irregulares en el Ministerio de Comunicación a medios de prensa a cambio de localización de publicidad, cobros ilegales a empresas con adjudicaciones en el Estado en el Ministerio de Culturas, venta de cargos en los ministerios de Minería y Educación, el último entonces a cargo de Víctor Hugo Cárdenas, cuyo hijo, Iru Maki Cárdenas, fue arrestado por uso indebido de bienes del Estado. Añadiéndose también un caso de lavado de dinero sindicado en contra del entonces coronel Iván Rojas y su pareja. Igualmente se dieron negociados de prescripción de deudas tributarias desde Impuestos Nacionales

Dejamos de lado otras irregularidades como la compra de gases lacrimógenos, que propició el arresto de Murillo y debería asimismo conducir al arresto del entonces ministro de Defensa, Fernando López; los viajes y vuelos irregulares para beneficiar a familiares y allegados de la entonces presidenta Áñez, el ministro Yerko Núñez y otras autoridades; y varios más. Esta enunciación de casos tuvo solo fines expositivos.

¿Criminalidad genética?

La pregunta es ¿cómo se llegó a esto y por qué un país entero permitió que sucediera? Ensayamos para esto varias respuestas.

Una primera aproximación la encontramos, irónicamente, en uno de los intelectuales que aplaudieron el derrocamiento de Morales y la posesión del golpismo más retrógrado. En su libro, El lado oscuro del poder, el filósofo Raúl Prada Alcoreza sostiene que, si bien en un principio las asociaciones criminales como la Cosa Nostra y otras de carácter mafioso se alzaron como poderes paralelos al despotismo estatal, con el tiempo fueron absorbidos por las lógicas de poder que funcionaban en el Estado y luego se hicieron funcionales a este, uniéndose a la red de dominación que cubriría al resto de la sociedad. En otras palabras, una lógica de ejercicio despótico del poder no se encuentra solo dentro del Estado, sino además en los intersticios de su formalidad, es decir, en la misma sociedad civil. Solo que, en este caso, quienes llegaron a ocupar este espacio eran no solo proclives a pensar como gánsteres, sino que eran, en muchos casos, gánsteres ellos mismos.

Explicación que se ajusta, al mismo tiempo, a la ofrecida por el informe “Protegiendo la política: evitando la influencia del crimen organizado en los partidos políticos”, del Instituto de la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), que no puede ser sospechosa de tendencias progresistas. En dicho documento se identifica como espacios que promueven la construcción de lazos entre el crimen organizado y los partidos políticos a: a) Gobiernos centrales con bajos niveles de formalidad; b) Gobiernos subnacionales; c) Sistemas de patronaje político; y d) Intermediarios político empresariales violentos, lo que en buen romance significa mafiosos.

Ahora bien, es bien sabido que la institucionalidad del Estado boliviano siempre fue frágil, por causas cuya explicación escapan a este artículo, pero entre las cuales generalmente se señalan la herencia colonial de sus instituciones, su carácter deformado como consecuencia del capitalismo dependiente que se desarrolló en el continente y la precariedad de las condiciones de vida en el país. Al mismo tiempo, estas fallas se repiten con mayor agudeza en los gobiernos subnacionales, justamente por el carácter estructural de los vicios estatales a nivel nacional, que tienen su correlato en la sociedad civil.

Esto deja los dos últimos incisos como principal explicación: c) Sistemas de patronaje político; y d) Intermediarios político empresariales violentos.

Primero, respecto al patronaje político, debe señalarse que al momento de ejecutado el plan de derrocamiento de Morales, los principales miembros de la conspiración triunfante pertenecían al mundo de la agroindustria y la banca boliviana, asentados sobre todo en el Oriente. Redes empresariales que financiaron y patrocinaron el golpe mediante la compra de oficiales de Policía y la adquisición de equipos y logística para armar a grupos civiles que “liderarían” la rebelión contra el exmandatario. Estos sistemas de patronaje deben ser considerados como formas de crimen organizado de carácter sedicioso, palabra favorita de Murillo, y con fines de enriquecimiento a costa de la sociedad y del Estado, es decir, ilícito. Los principales sospechosos, en algunos casos confesos, de este delito, son el actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y su padre, el empresario Luis Fernando Camacho Parada, quien, según palabras del propio hijo, “se reunió con los militares” para que no reprimieran a los insurrectos. Insurrectos que eran, en muchos casos, pagados, lo que nos lleva a la segunda determinante.

La contratación de intermediarios político empresariales violentos. La rebelión pitita, después de todo, nunca se hubiera dado sin la concurrencia de bandas paramilitares provenientes del submundo criminal de Bolivia, como es el caso de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) o la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), cuyos miembros son conocidos por referirse mediante su lenguaje oral y corporal, así como por su simbología, al crimen organizado. Muchos de los jóvenes que salieron a las calles para asaltar hogares de autoridades del gobierno de Morales y agredir a transeúntes bajo criterios de selección racistas eran, efectivamente, músculo contratado de barras bravas y pandillas juveniles. Sí, de esas dedicadas al carterismo, el robo pequeño, la comercialización de drogas proscritas y demás actividades ilegales. Es decir, el crimen era una cualidad de origen, un dato genético al gobierno de Áñez, razón por la cual su desenvolvimiento efectivo fue, inevitablemente, criminal.

La red de implicados es amplia, por supuesto, y en ella destacan figuras del submundo gansteril como Yassir Molina, líder de la RJC, actualmente detenido por atentados contra la salud y otros cargos, y que tuvo un protagonismo visible en el asedio, agresión, allanamiento de morada y otros delitos en contra de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los días en los que se ejecutó el derrocamiento de Morales.

El correlato inevitable de un estado de excepción

Un estado de excepción es por definición un Estado sin ley, o un Estado de aplicación limitada de la ley y el Estado de Derecho. Y ello implica un altísimo grado de discrecionalidad en aquellas personas que toman las decisiones y ejercen el poder, entonces ya no limitados por una Constitución. Esta libertad de excepción que les dio el golpe de Estado les permitió no solo perseguir, e incluso eliminar físicamente a sus adversarios políticos, sino que también disponer de todo el aparato público para su enriquecimiento ilícito, al cual se lanzaron sin ningún tipo de consideración por las normas por el simple hecho de que estas no existían en ese momento. Solo eso puede explicar que se hayan dispuesto al asalto de un Estado entonces desprotegido, cuyo correlato natural e inevitable son personas como Fernando López, Arturo Murillo, Mohammed Mostajo, Jeanine Áñez y muchas más autoridades que formaron parte del golpe de Estado. Razón por la cual todos los miembros de ese Gobierno deben ser investigados. Y deben serlo no por revancha política, sino por el origen de su Gobierno, que fue una excepción de las leyes y, de acuerdo a nuestros parámetros actuales, por tanto ilegal.

Una reflexión final

Sí, la circunstancial suspensión del Estado de Derecho les permitió cometer todos esos crímenes, indudablemente. Pero la avidez con la que se lanzaron al asalto del país revela su desdén por este. Todos hemos sido testigos, alguna vez, de circunstancias caóticas donde impera la ley del más fuerte, pero no todos nos hemos dispuesto al despojo de nuestros semejantes. Solo un profundo desprecio por Bolivia y su gente explica el comportamiento de Áñez y de todos los que acompañaron su Gobierno. Es hora que paguen.