ANF.- El exministro de Defensa, Luis Fernando López, debe enfrentar al menos ocho procesos penales ante la justicia boliviana, uno de ellos es el caso gases lacrimógenos. Por este mismo caso, la excanciller Karen Longaric debía prestar declaración testifical este martes, sin embargo, envió un memorial solicitando declarar por la vía virtual, debido a que se encuentra en Chile, y tiene programado retornar al país en unos 45 días.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que contra López “hay seis a ocho procesos que en este momento se están ventilando en el plano judicial”.
Además de los casos gases lacrimógenos y Senkata-Sacaba, el exministro debe enfrentar demandas por irregularidades detectadas en compras de alimentos y equipos, construcción de infraestructuras e incluso por deudas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por concepto de combustible, detalló.
Calvimontes dijo que se interpusieron las demandas porque no se siguió los procedimientos administrativos, tampoco existe documentos de respaldo y hay una afectación millonaria al Estado.
De acuerdo a la Fiscalía, el exministro López está en Brasil y se tramita su extradición para que sea investigado y juzgado ante la justicia boliviana.
Con relación a Longaric, la excanciller debía declarar hoy como testigo en el caso gases lacrimógenos, pero no se presentó a la Fiscalía por encontrarse en Chile, y a través de su defensa envió un memorial solicitando declarar por la vía virtual.
“Hacer conocer a la autoridad fiscal su ausencia en el país y su predisposición de rendir declaración informativa como testigo en el caso que ha sido citada de forma virtual, absoluta predisposición para que el fiscal elija la modalidad en que quiere que ella declare, obviamente si es físicamente tendrá que esperar 45 días que ella va a tardar en retornar a Bolivia”, señaló Audalia Zurita, abogada de la exautoridad.
Explicó que Longaric tiene una serie de compromisos académicos, no solo en Chile, sino en otros países, actividades que ya fueron planificadas con antelación.
La abogada dijo que su defendida tiene toda la predisposición de coadyuvar en este caso y aguarda que el Ministerio Público considere su solicitud.
El fiscal coordinador de la Fiscalía de La Paz, Sergio Bustillos, informó que se aguarda el informe del investigador del caso sobre la ausencia de la excanciller, para asumir las medidas que correspondan.
Anunció que la Fiscalía citará en calidad de testigos a los ministros que integraron el gabinete de Jeanine Añez para que informen sobre la emisión de decretos supremos que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos.
Lizárraga admite que firmó decreto que daba impunidad a las FFAA en las masacres de 2019
La exministra de facto de Comunicación, Roxana Lizárraga, admitió el lunes que firmó el decreto supremo que daba impunidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para masacrar a los bolivianos que lucharon en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) contra el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019.
“Solamente yo puse mi firma para que salgan las Fuerzas Armadas y la Policía para que no hagan explotar la planta de Senkata”, admitió en una entrevista en el programa Encontrados de radio Fides.
El Gabinete de facto firmó un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones, situación que alarmó a los organismos internacionales.
La orden, que regulaba la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la policía en las calles del país, fue emitida el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de los uniformados en Sacaba. Hasta ese momento, ya se contabilizaban 23 muertes y decenas de heridos.
El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4078 señalaba que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenó dicho documento. Asimismo, Human Rights Watch pidió su derogación.
También la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por los excesos de las fuerzas de seguridad en un contexto extremadamente volátil en el que la brecha entre las partes parecía insalvable.
Ante los cuestionamientos, luego de 14 días, la normativa fue derogada.
FBS / Agencia Boliviana de Información
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