OXIGENO / LA PAZ.- El exmandatario del estado, Evo Morales, además de los actuales presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, respectivamente, rechazaron, por separado, la resolución emitida por el Parlamento Europeo en el que, entre otras cosas, piden la liberación de Jeanine Añez y sus exministros.
Por un lado, Morales afirmó que, con la decisión, la “ultraderecha” del Parlamento Europeo confirmó su “complicidad en el golpe de Estado”.
“Ultraderecha del Parlamento Europeo confirma con su resolución complicidad en el golpe de Estado y en clara actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y Senkata. El pueblo boliviano tiene memoria y dignidad. La justicia debe cumplir con rol constitucional” (sic), señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, Rodríguez, a través de su cuenta de Facebook, expresó su rechazo ante lo que considera una intención del Parlamento Europeo para lograr la “impunidad” de Añez y sus colaboradores.
No obstante, resaltó que el Parlamento Europeo únicamente emitió una resolución y no una sanción “como pretendían algunos opositores”.
“Invitamos a parlamentarios europeos y a Organismos Internacionales a que verifiquen que no se ha vulnerado ningún derecho en nuestro país. Los bolivianos no queremos venganza por el golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba, buscamos justicia”, acotó.
Finalmente, Mamani señaló que la posición de los parlamentarios del Viejo Continente es “irresponsable” ya que se realizó sin haber realizado “ningún tipo de verificación sobre la situación de Jeanine Áñez”.
“Bolivia es un país soberano, donde se busca justicia por los hechos de 2019. Rechazamos cualquier tipo (de) injerencia”, afirmó.
Hoy se debatió en el Parlamento Europeo el tema de la detención de la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros por el caso del presunto golpe de Estado del 2019.
La sesión duró 30 minutos y se escuchó la intervención de más de una docena de parlamentarios de diversas líneas políticas quienes expusieron sus opiniones sobre lo ocurrido en Bolivia el 2019 y la aprehensión de Jeanine Áñez.
Al final, el Parlamento emitió una resolución de 10 puntos:
- Denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos; pide un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, e insta a las autoridades a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar;
- Subraya que, de conformidad con la Constitución boliviana, la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales tras los disturbios violentos desencadenados por la tentativa de fraude electoral; destaca que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes a Jeanine Áñez; toma nota de que las elecciones celebradas el 18 de octubre de 2020 se celebraron sin incidentes y con plenas garantías democráticas;
- Expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano y por la prevalencia de problemas estructurales; observa que esta falta de independencia afecta al acceso a la justicia y, de manera más general, merma la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial nacional; denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores políticos y subraya la importancia de respetar la tutela judicial efectiva y garantizar que el poder judicial esté libre de toda presión política; subraya que las víctimas merecen una justicia real e imparcial y que todos los responsables deben rendir cuentas, sin que se conceda ninguna amnistía o indulto debido a sus opiniones políticas; pide el pleno respeto de la independencia de los poderes y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales;
- Subraya que todos los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo respetando plenamente el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el Derecho internacional; subraya que deben ofrecer garantías judiciales, garantizando la protección judicial y el acceso a la justicia, como parte de un sistema judicial independiente e imparcial, libre de interferencias por parte de otras instituciones estatales;
- Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva; pide al Gobierno boliviano que aborde la cuestión generalizada de la corrupción en el país; pide al Gobierno boliviano que modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad;
- Pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del Gobierno de Morales de 1,6 millones USD de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona;
- Recuerda que unos canales de diálogo reforzados y eficaces en el marco de las instituciones bolivianas son indispensables para promover los valores democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos; pide a las autoridades bolivianas que lideren un proceso de reconciliación con el objetivo de rebajar la tensión y la hostilidad latentes en la sociedad boliviana;
- Expresa su preocupación por la grave situación social y política que se ha ido desarrollando y deteriorando en Bolivia desde 2019, y lamenta profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país, de todas las partes; subraya la necesidad fundamental de defender la naturaleza multiétnica y multilingüe del Estado, plenamente legal; pide a Bolivia que emprenda reformas y cambios estructurales, incluido el nombramiento de un Defensor del Pueblo independiente e imparcial, para abordar las causas profundas de las crisis que asuelan el país;
- Considera que la Unión y Bolivia deben continuar e intensificar su compromiso y diálogo en el contexto de las negociaciones del SPG+, ya que Bolivia es el único país de la Comunidad Andina que no tiene un acuerdo con la Unión; considera que la Unión debe seguir apoyando a Bolivia y estar dispuesta a seguir implicándose, siempre que se adopten medidas claras para mejorar la situación y que se respeten la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;
- Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno de Bolivia, al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a la Organización de los Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Andino y a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al secretario general de las Naciones Unidas y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Gobierno no ve necesario fijar posición sobre pronunciamiento del parlamento europeo en favor de Áñez
LA RAZON.- Como Gobierno no corresponde en este momento fijar una posición sobre el pronunciamiento del parlamento europeo en torno a la situación jurídica de la expresidenta Jeanine Áñez, aseguró el vocero presidencial Jorge Richter.
“Si esto significara algo verdaderamente importante, uno puede fijar una posición de manera pública. En este momento no corresponde”, afirmó en medio del rechazo que desató el pronunciamiento en filas del MAS
El Parlamento Europeo condenó este jueves —en una resolución “no legislativa” aprobada con 396 votos contra 267 y 28 abstenciones— la detención de Áñez, quien se encuentra procesada por el caso “golpe de estado” en 2019.
El órgano europeo “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”, señala el documento difundido a través de cuentas oficiales.
El presidente de Diputados, Freddy Mamani, cuestionó el pronunciamiento del parlamento europeo y lo consideró una intromisión en asuntos internos
El oficialismo denuncia ‘intervencionismo’ del Parlamento Europeo y la oposición pide cumplir resolución
ERBOL.- El oficialismo denunció “intervencionismo” del Parlamento Europeo sobre la situación de la expresidenta Jeanine Añez y afirmó que se no permitirá “intromisiones extranjeras” en asuntos internos. Mientras que desde la oposición defendieron la resolución y demandaron su cumplimiento.
De acuerdo con el documento difundido por el órgano europeo, se “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Añez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”.
En referencia a lo aprobado por los parlamentarios, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el país “ya no es una colonia” y defendió que las decisiones que asume la Justicia en Bolivia “son soberanas, autónomas y siempre en el marco de la institucionalidad”.
“Es importante dejar en claro a algunos parlamentarios europeos que nuestro país ya no es una colonia, y que nuestras decisiones son soberanas, autónomas y siempre en el marco de la institucionalidad democrática. No permitiremos intromisiones extranjeras de ninguna naturaleza.(sic)”, se lee en una publicación en Twitter.
El Parlamento Europeo instó a que Bolivia “emprenda sin demora” cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular, con respecto a su composición, con el fin de “garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”.
El expresidente Evo Morales, mediante su cuenta en Twitter, sostuvo que con la resolución emitida se comprueba que hubo “complicidad” en los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 donde se dio renuncia forzada a la presidencia.
“Ultraderecha del Parlamento Europeo confirma con su resolución complicidad en el golpe de Estado y en clara actitud intervencionista pide impunidad y olvidar muertos de Sacaba y Senkata. El pueblo boliviano tiene memoria y dignidad. La justicia debe cumplir con rol constitucional (sic)”, afirmó.
Mediante un comunicado, la alianza Creemos respaldó el documento y aseguró que en Bolivia no hubo golpe de Estado en 2019 sino sucesión constitucional tras una seguidilla de renuncias de autoridades del oficialismo.
“Instamos a las autoridades del Órgano Ejecutivo, el cumplimiento de las referidas recomendaciones, con el objeto de restaurar el estado de derecho, cese la persecución política y se eviten más sanciones a nivel internacional (como las impuestas a autoridades venezolanas)”, señala el documento.
En tanto que el jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, dijo que el pronunciamiento confirma el diagnóstico sobre la “delicada situación para la democracia y el estado de derecho” que se vive en Bolivia y confirma que no hubo golpe de Estado sino sucesión constitucional.
“Debería el Gobierno concentrar todas sus energías en un escenario de reencuentro y pacificación en el país atender los grandes problemas que nos aquejan como la crisis de salud, económica, del estado de derecho, institucionalidad en lugar de estar dedicándose a la persecución política judicial que aisla a Bolivia en un contexto internacional”, dijo.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales afirmó que en Bolivia se respeta la soberanía de cada país e invitó a los todos los parlamentarios a que puedan visitar el país para verificar todas las denuncias que se dieron en 2019 y 2020 donde, dijo, hubo vulneración a los derechos humanos.
“No solamente nos enfoquemos en este momento, protegiendo a las personas, y no a las causas, las causas son grandes como las muertes de Sacaba, Senkata, exparlamentarios, entonces, lo que queremos en nuestro país que no se vulneren nuestros derechos de ninguna manera”, añadió.
Carolina Ribera, hija de la exmandataria, dijo que la declaración fue “muy clara” y aseguró que la sucesión de Añez en 2019, tras la renuncia de Morales fue constitucional.
“Todo país u organismo internacional tiene el derecho de manifestar su voz cuando se quebranta la democracia y un estado de derecho de un país y tiene la obligación moral e histórica de manifestarse cuando son violentados los derechos humanos”, añadió.
En pasados días, un grupo de legisladores de Comunidad Ciudadana y Creemos, emprendieron un viaje a Estados Unidos con la misión de promover una denuncia de que existe “persecución política” en Bolivia con los procesos que enfrentan Añez, sus exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, entre otros.
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