Una semana antes de abandonar el poder, la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) firmó resoluciones para titular 33.000 hectáreas de tierras a favor de la familia de su ministro de Economía, Branko Marinkovic.
Esto se supo a partir de una investigación de la Fundación Tierra. Su director, Gonzalo Colque, dijo a Sputnik que el pasado Gobierno de facto también entregó a discreción 1.800 títulos de propiedad sobre grandes extensiones de territorio del oriente del país. Y adelantó que en los próximos días presentarán un estudio en el cual “el caso de la familia Marinkovic se va a multiplicar por 50”.
La familia Marinkovic llegó a Santa Cruz de la Sierra en la década de los 50. En pocos años, se hicieron prósperos empresarios aceiteros, ganaderos y financieros. El más conocido es Branko, quien fue presidente del Comité Pro Santa Cruz entre 2007 y 2009. Era uno de los líderes de las protestas que desembocaron en el intento de golpe de Estado de 2008 contra Evo Morales. En 2009, se lo vinculó al grupo armado separatista liderado por Eduardo Rózsa Flores. Entonces huyó a Brasil, donde permaneció 10 años.Regresó en enero de 2020, con Áñez ya instalada en el poder. El 5 de agosto, lo posesionó como ministro de Planificación del Desarrollo. A fines de septiembre fue reubicado como ministro de Economía, cargo que ocupó hasta el 8 de noviembre pasado, cuando asumió el Gobierno democrático de Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La generosidad de Áñez
Entre fines de los 90 y principios del 2000, la familia Marinkovic solicitó la titulación de tierras de dos predios: Laguna Corazón, de 12.000 hectáreas, y Tierras Bajas de Norte, de 21.000 hectáreas, ambas en el departamento de Santa Cruz. Pero este litigio nunca había sido resuelto, por las diversas irregularidades aparecidas a lo largo del proceso investigativo, así como las múltiples apelaciones de Branko y los suyos. Hasta que en julio de este año una resolución judicial favoreció al exministro de Áñez.
“El hecho de que haya durado 10 años el trámite, es más bien señal de que no era sólida la demanda de propiedad de la familia Marinkovic. Pero ellos utilizan este argumento al revés: dicen que es un proceso que ha llevado demasiado tiempo porque estaba siendo obstaculizado. Que solamente faltaba completar algunos últimos pasos administrativos para la entrega del título agrario”, dijo el director de la Fundación Tierra a Sputnik.“Todas las observaciones y todas las demandas de nulidad del derecho propietarios que se han dado en el proceso agrario, durante el gobierno de Áñez han sido anuladas. Se han remplazado con nuevas resoluciones administrativas y legales, de modo que se ha abierto el camino expedito para la legitimación de estas tierras”, comentó Colque.
Los próximos pasos
¿Cómo se puede subsanar esta aparente ilegalidad? “Una vez titulada la propiedad, quiere decir que el proceso de cuestionamientos, de objeciones, de demandas y contrademandas ha terminado. Es como un juicio: una sentencia que ha llegado hasta el final”, dijo Colque.
“El paso que correspondería, en términos de reversión de este proceso arbitrario, es anular los títulos agrarios”, dijo el director de la Fundación, e indicó que un proceso de demanda de devolución de estas tierras fiscales cedidas a privados pasaría por la presidencia, ya que los títulos agrarios se firman con el visto bueno del Jefe de Estado.
La Fundación Tierra también hizo llegar una copia de su investigación y los documentos probatorios a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque este órgano también puede pedir la nulidad del proceso y el retorno al punto cero y verificar en el terreno los contenidos técnicos y jurídicos del derecho propietario sobre las tierras.Una tercera opción sería que intervenga la Procuraduría General del Estado, “una entidad que se ha creado con la nueva Constitución (en 2009), con el objetivo de defender, proteger y pedir la devolución a favor del Estado de las tierras, de los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos”, explicó Colque.
“Existen muchísimos vicios de nulidad. Distintas instancias de autoridades han ido dando sugerencias, que la parte ejecutoria (el Instituto Nacional de Reforma Agraria) ha interpretado como órdenes de niveles superiores, para ellos no tomar las decisiones y apoyarse en esas resoluciones del Viceministerio de Tierras o de un magistrado de Justicia”, contó Colque.
¿Y el límite de las 5.000 hectáreas?
El 25 de enero de 2009, cuando se realizó el referéndum por la aprobación de la actual Constitución, también se realizó otra consulta, sobre la cual se expidió la población: ¿cuál es la cantidad máxima de tierra que una persona puede poseer? ¿5.000 o 10.000 hectáreas? La opción de las 5.000 hectáreas se impuso con el 78%. ¿Cómo se explica, entonces, que con dos firmas Áñez le haya adjudicado 33.000 hectáreas a los Marinkovic?
“En términos muy directos, cuando son tan grandes los intereses económicos que están en juego, cualquier interpretación jurídica legal es posible”, sostuvo Colque. Y agregó: “Aquí lo que han hecho es doblar lo establecido en la Constitución a favor de estos grandes intereses. Han hecho interpretaciones absolutamente tendenciosas de este artículo de la Constitución sobre las 5.000 hectáreas”.
Para el director de la Fundación Tierra, lo más preocupante, “más allá del tráfico de tierras, es que haya autoridades y funcionarios públicos involucrados, que faltan a lo que dice el Código Penal boliviano”.
“Han hecho incumplimiento de funciones y de responsabilidades. Hay, pues, resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. Ahí ya se tienen que iniciar procesos judiciales, porque hay gente que —ejerciendo funciones públicas— ha interpretado las leyes y la Constitución a gusto de quien tiene poder económico”, dijo Colque.
“No solamente han interpretado. Han sacado resoluciones, han creado jurisprudencia agroambiental ambigua. Ese es el caos, el escenario en que se manejan”, agregó.
Los 1.800 títulos de Áñez
“Cuando era presidenta, Áñez ha entregado en Santa Cruz más de 1.800 títulos agrarios, firmados por ella, consolidando el derecho propietario en pequeñas, medianas y grandes propiedades”, comentó Colque.
Pero “lo que su Gobierno no ha entregado es información específica de quiénes son los beneficiarios, qué extensión tienen estas tierras y cuáles son las resoluciones que indican la consolidación de este derecho propietario”, advirtió.
“Entregar esa cantidad de títulos en un trámite que ha durado semanas o meses, ya es una señal de alerta. El hecho de que no hayan transparentado —como obliga la ley— la información básica sobre cuáles son esas propiedad consolidadas, dónde están, qué extensiones tienen, obviamente ya es un indicio de que algo no es legal”, afirmó Colque.“Tarde o temprano tiene que saberse esta información. Y nosotros estamos trabajando en ello”, adelantó.
“Me animo a decir a Sputnik que en cuestión de semanas vamos a sacar una publicación mucho más completa, donde el caso de la familia Marinkovic se va a multiplicar por 50. Es un tráfico de tierras de altísimo nivel, que involucra a muchísima gente”, tanto del oficialismo como de la oposición, aseguró Colque.
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