LA RAZON.- Paulo Abrao fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lideró la misión que llegó a Bolivia a fines de noviembre del año pasado para verificar la vulneración de derechos humanos en la crisis poselectoral, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El informe fue casi demoledor, rechazado por las autoridades gubernamentales de entonces, y también fue la clave para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegó esta semana al país para esclarecer lo sucedido en los conflictos, desde septiembre hasta diciembre de 2019.
Abrao dio una entrevista en exclusiva a La Razón para recordar los hallazgos de esa investigación de la CIDH, responder a las observaciones que disparó el ahora exgobierno de Áñez y expresar sus expectativas sobre el trabajo del GIEI.
—¿Por qué la CIDH decidió realizar una investigación en noviembre en Bolivia?
—Bolivia ha sido uno de los países con mayor atención de la CIDH en una variedad de temas relevantes durante los últimos 14 años. Fueron siete visitas, 22 comunicados, 14 informes, 11 cartas confidenciales de información, más de 30 audiencias públicas y 55 nuevas peticiones admitidas. Otros seis casos contra el país fueron enviados a la Corte Interamericana. La CIDH criticó la cancelación del resultado del referéndum de 2016, realizó una audiencia sobre la reelección en 2018 y abrió un caso que sigue un orden cronológico regular.
A pesar de desestimada a presentar directamente una Opinión Consultiva, la posición de la CIDH sobre el tema en la Corte fue clara.
La CIDH siguió atenta las crecientes tensiones políticas en el país. En octubre de 2019, innumerables denuncias, videos, fotografías, documentos con pruebas y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos empezaron a llegar desde una amplia gama de organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo. La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos .
—¿Por qué el informe concluyó que hubo «graves» violaciones a los derechos humanos?
—Esta visita fue autorizada para evaluar específicamente las violaciones de derechos humanos en el contexto electoral a partir de octubre de 2019. Las conclusiones preliminares se apoyaron en un elevado número de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, y apuntaron a un uso desproporcionado o excesivo de las fuerzas de seguridad, violando el derecho a la vida y el derecho a la protesta. Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso.
Habría la apertura de numerosas investigaciones penales o procesos judiciales con motivación política, desencadenando un proceso de criminalización y persecución de opositores. La difusión de discursos de odio de parte de altos funcionarios públicos incitó la violencia y precedió a los saqueos, destrucción y quema de viviendas, sedes de partidos y sindicatos y radios comunitarias. Decenas de funcionarios públicos y electos renunciaron por temor a ser víctimas de actos violentos. Hubo bloqueo de calles, Policía amotinada y grupos civiles armados controlando territorios en motorizados, atacando e intimidando en sociedad o connivencia de las autoridades, afectando a la integridad personal y a la circulación de las personas.
Se registraron casos de actos racistas y discriminatorios, retención, golpes y humillación por motivos raciales y/o de género, incluso en contra de las “mujeres de pollera”. Los derechos indígenas se vieron afectados por la quema y la ofensa a la wiphala. Se reportó 50 periodistas agredidos, medios de comunicación atacados y acosados, corresponsales extranjeros amenazados y difamados.
Canales internacionales fueron censurados y bloqueados. Habrían debilitado el derecho al asilo.
En fin, una situación crítica de violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos.
—El término “masacres” levantó repercusión y desde entonces “bautizó” a lo sucedido en Sacaba y Senkata, ¿cuáles son los fundamentos para calificar de esta manera lo sucedido en estas regiones bolivianas en noviembre de 2019?
—A criterio técnico de la CIDH éstas pueden ser caracterizadas como masacres por ser resultado de operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas; la cantidad de personas que perdieron la vida de la misma forma, en el mismo tiempo y lugar; y debido a que se cometieron contra un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado dieron serios indicios de ejecución extrajudicial. Los numerosos testimonios recibidos e imágenes capturadas serían consistentes para indicar que los movilizados se encontraban desarmados, avanzaban pacíficamente y fueron atacados repentinamente con armas de fuego, contenedores de gases lacrimógenos y otras armas, por la fuerza pública. En el operativo participaron incluso helicópteros.
Es demasiado grave que estos operativos se llevaron a cabo “protegidos” por el fatídico Decreto 4078. También se observó una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales privados que se habrían infiltrado en las protestas. Para contextos menos complejos, en otros países la CIDH calificó a estas situaciones como masacres. Además, la CIDH actúa tomando en cuenta a las víctimas, que nombran a las situaciones como masacres.
Otros informes técnicos internacionales y el propio Presidente electo democráticamente (Luis Arce) también se refieren a las masacres como tales. Las versiones que minimizan la gravedad de lo ocurrido en Sacaba y Senkata descalifican la naturaleza de las denuncias, afectan la dignidad de las víctimas y las revictimizan. Por tanto, hay que tener cuidado para no perderse con este tipo de tergiversación sobre el dolor de los familiares.
En este momento, es importante identificar a los autores materiales e intelectuales de estas masacres y otros sucesos en todo el país y responsabilizar a toda la cadena de mando para hacer justicia para todas las víctimas.
—Uno de los puntos más polémicos sobre lo acontecido en noviembre fue el Decreto 4078 que “eximía de responsabilidades” a los militares en operativos, ¿qué posición asumió la CIDH sobre este tema, en qué pudo haber incidido este decreto para la crisis y la violencia? ¿Son comunes este tipo de decretos en momentos de crisis, para “restablecer el orden y la seguridad” de un país?
—Los denunciantes han informado que ésta fue una condición para el ingreso de los militares en las operaciones de represión que se desarrollaron inmediatamente después.
La premeditación de actos de violencia a través de la expedición de un escudo legal para eximir la responsabilidad personal de las Fuerzas Armadas sería de extrema gravedad. La CIDH y otras organizaciones denunciaron que este tipo de amnistía era una verdadera carta blanca que estimulaba la represión violenta. Todo decreto de impunidad que atente contra el derecho a la verdad y la justicia es contrario al derecho internacional y contraviene en la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos.
—No hay que olvidar que el gobierno interino de entonces negó cualquier uso de balas militares o policiales en esas “masacres”, incluso planteó que los movilizados se dispararon entre ellos en Sacaba. ¿Hubo datos recabados por la CIDH que puedan solventar estas tesis?
—Durante la visita no hemos encontrado ningún mínimo indicio para sostener esta tesis. Escuchamos denuncias de que hubo coordinación entre las fuerzas públicas y los grupos armados privados, infiltrando personal en las manifestaciones.
—El gobierno interino de entonces calificó el informe de la CIDH como “injusto”, “inconsistente” y “parcializado”. ¿Cuáles son las fortalezas del informe que rebaten ello?
—Las visitas de la CIDH siguen un protocolo, metodología y criterios técnicos de documentación reconocidos internacionalmente. Es un proceso manejado por un equipo técnico altamente especializado para registrar de manera sistemática los resultados de una investigación que se emprende aún antes y termina después de la visita.
Las visitas amplían las investigaciones para generar evidencia, garantizar información veraz, registrar testimonios y documentos, y resguardarlos con el propósito de demostrar e informar. Gobiernos a veces asumen un comportamiento negacionista para evadir una verdad incómoda, o para desviar la atención de la gravedad de lo que sucede. A veces para proteger a los violadores de derechos humanos y su impunidad. La CIDH adopta los mismos estándares para todas las situaciones que son efectivamente similares.
—Usted llegó con la misión de la CIDH, ¿cuál fue su impresión personal durante la recopilación de información?
—Creo que fue una de las visitas más extensas y plurales que ha realizado la CIDH. La delegación se reunió con autoridades gubernamentales de los tres poderes, representantes de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, familiares de víctimas y de policías. El equipo contó con refuerzos y se dividió en equipos, visitó cuatro ciudades y estuvo en contacto con personas en hospitales, cárceles y sedes diplomáticas.
Si bien hubo personas que denunciaron violaciones anteriores al periodo de tiempo objeto de la visita y otras que versaron sobre violencia social entre personas privadas, que es algo fuera del mandato de la CIDH, concluimos que era importante incluir una recomendación para una nueva visita en 2020 con una temporalidad más amplia. Encontramos un país profundamente traumatizado por una crisis en pleno apogeo.
—Ustedes se reunieron en su visita con el Procurador General de entonces; sin embargo, él lo acusó a usted de un trato “diferenciado” por parte de la CIDH. Dijo que notaba este trato en solicitudes de medidas cautelares, que tuvieron vía expedita y afirmativa, para personas y autoridades afines al MAS, lo que no pasó con pedidos de “activistas” opositores, como Waldo Albarracín. ¿Cuál es su respuesta al respecto?
—Sucede en todos los países que cuando se presenta una crisis de derechos humanos de este tipo se incrementen las solicitudes (y otorgaciones) de medidas cautelares para los grupos afectados por el gobierno del momento. Todos los requisitos de cautelares están regulados, las resoluciones son públicas y las situaciones de urgencia, gravedad e irreparabilidad son únicas y no pueden ser comparadas entre sí. No es apropiado discutir públicamente casos particulares, pero les puedo asegurar que a la CIDH no se le ha otorgado ningún caso cuando se entiende que los requisitos normativos no están presentes.
Testifico que en el caso del señor Albarracín la CIDH fue sumamente diligente y atenta y no encontró información que permitiera atender los requisitos en la evaluación inicial. Precisamente en reconocimiento a su trayectoria personal, en lugar de rechazar de inmediato la solicitud, se continuó buscando información adicional por más tiempo, antes de tomar una decisión final.
Muchas veces las cosas son exactamente al revés de lo que puede parecer, porque un tiempo más largo para tomar una decisión significa un esfuerzo más a favor que en contra de una persona.
—La conformación del GIEIBolivia responde a una de las recomendaciones de la CIDH en su informe de 2019. ¿Este documento de 2019 puede servir como base para el trabajo del grupo de expertos?
—Todos los GIEI han utilizado las fuentes de la CIDH. El gobierno anterior solicitó a la CIDH que el informe no fuera la base del trabajo de investigación. Si los registros del informe son la base o son apenas una más entre las diferentes fuentes de investigación, es algo menor.
Para la CIDH, el GIEI desarrolla su método de trabajo de manera independiente y utiliza cualquier recurso de investigación que considere relevante. En este momento, lo relevante es que el GIEI reciba toda la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Policía, autoridades, que se entreguen los registros públicos, que se acceda a todos los testigos para investigar todas las violaciones de derechos humanos en los últimos cuatro meses de 2019.
—Como ex secretario ejecutivo de la CIDH, ¿cuál es su expectativa sobre la nueva investigación que se abrió con el GIEI-Bolivia?
—La visita de la CIDH cumplió con su rol para documentar y denunciar la alarmante situación a nivel internacional. La presencia de la CIDH ha ayudado a salvar vidas y a frenar la escalada de la violencia autoritaria. El gobierno interino fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. Fue necesario el nuevo gobierno para rescatar su continuidad.
De hecho, los caminos hacia la justicia son amplios y difíciles.
No hay que temer al GIEI. Su presencia solo reforzará a Bolivia como un país abierto al escrutinio internacional de los derechos humanos, reforzará una reconciliación legítima basada en la verdad y la justicia y, además, podrá coadyuvar y cooperar con las autoridades y dar aportes y recomendaciones estructurales para reforzar la independencia y autonomía de su sistema de justicia. La memoria y la justicia para todas las víctimas será un baluarte para la reconstrucción democrática en Bolivia.
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