EL DEBER.- La fiscalía de La Paz resolvió la ampliación de investigación del caso Senkata en contra del ex Comandante en Jefe de las FFAA, General, Sergio Orellana, porque fue el que ordenó el operativo de despliegue de cisternas para sacar el combustible de la planta de YPFB rumbo al Estado Mayor, informó la abogada, Jalith Mariño, defensora del general Luis Fernando Valverde Ferrufino.
“Extrañamente el 19 de noviembre de 2020, la fiscalía genera una ampliación de investigación en contra del señor Luis Fernando Valverde Ferrufino por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves además solicitan una ampliación del plazo preliminar de otros 30 días más, así transcurrieron 365 días de una investigación preliminar que debía durar 20 días”, protestó la abogada.
Ayer, la Fiscalía de La Paz emitió la imputación contra el general Valverde Ferrufino, que en ese entonces se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por el caso Senkata. Presumen que este militar ordenó el operativo de defensa de la planta, lo que ocasionó la muerte de unas 10 personas por heridas de bala.
Según el cuaderno de investigaciones, al margen de Orellana figuran como investigados, los exministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de Defensa, Fernando López; y de Gobierno, Arturo Murillo. Además del comandante que dirigía la unidad mecanizada en la planta, Coronel, Franko Suárez González.
La abogada Mariño también informó que los fiscales solicitaron a la jueza, que está a cargo de este caso, una nueva ampliación de la investigación en contra de dos personas civiles de quienes se sospecha que fueran los autores de los disparos que acabaron con la vida de una decena de personas. Estas personas son Benedicto Villca Soto y Eddy Saavedra a quienes las autoridades estarían buscando.
La audiencia
Mariño informó que existe una instructiva del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para que se suspendan todas las audiencias presenciales en vista del rebrote del coronavirus Sars-COV-2 hasta el próximo 17 de febrero.
Pero inexplicablemente, las autoridades judiciales fijaron audiencia cautelar en contra del exdirector de la ANH, el general Valverde, el 12 de febrero y de manera presencial. Su abogada cree que es porque existen órdenes sobre el caso de su cliente.
Mariño dijo que existen una serie de irregularidades en este caso y que por eso adoptaron dos líneas de defensa. La primera es la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa que debe ser solucionado previo a la audiencia de medidas cautelares.
La segunda estrategia es acudir a tribunales internacionales, debido a que presentaron ante la CIDH una denuncia de violación de los derechos del ex director de la ANH y solicitaron medidas cautelares para evitar que sea detenido.
La mencionada abogada agregó que la Fiscalía pidió ampliación de la investigación en siete oportunidades, lo que es una irregularidad abierta porque el juez no podía permitir que se amplíe más de 40 días en caso de ser casos complejos.
Senkata: amplían la pesquisa contra un exjefe de las FFAA
Sergio Orellana, excomandante en Jefe, fue incluido en la investigación en la que ya están otros uniformados y tres exministros. Hay sólo una imputación.
Página Siete / La Paz.- Un día después de que la Fiscalía de La Paz anunciara la imputación por homicidio del general en retiro de las Fuerzas Armadas Luis Fernando Valverde por la denominada “masacre de Senkata”, este miércoles se conoció que la investigación en este caso fue ampliada en contra del ex comandante en Jefe de esa institución, general Sergio Orellana.
Casi en paralelo, la Fiscalía liberó de proceso penal a 26 personas que fueron acusadas de causar graves destrozos en un edificio patrimonial de la ciudad de La Paz y en la Unidad de Tránsito en noviembre de 2019, en medio del mismo escenario de conflicto social que se desató tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Además de Orellana, la pesquisa en este caso incluye al responsable de la unidad mecanizada en la planta de Senkata en ese entonces, Franko Suárez González, y a los exministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de Defensa, Fernando López; y de Gobierno, Arturo Murillo.
Este panorama se presentó un día después de que el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossio, anunciara en conferencia de prensa que se emitió la primera imputación (por homicidio y lesiones graves y leves) por este caso contra Valverde, también exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a quien identificó como uno de los responsables de las diez muertes ocurridas el 19 de noviembre de 2019 durante un operativo en la planta de combustibles de esa zona, en El Alto.
Orellana, según informó la abogada de Valverde, Jalith Mariño, es investigado por haber ordenado el operativo de despliegue de cisternas para sacar combustible de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rumbo al Estado Mayor, en La Paz.
En el otro caso, este miércoles el abogado de los acusados por los destrozos, Fernando Peñaloza, reveló que el 4 de febrero la Fiscalía presentó el sobreseimiento “porque no hay los elementos que comprueben la autoría material e individual de mis defendidos en este proceso de investigación”.
Sus defendidos habían sido imputados por los delitos de deterioro de bienes, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, por su participación en una marcha que el 13 de noviembre de 2019 bajó desde la ciudad de El Alto a La Paz, donde causó los destrozos a los dos edificios antes citados, además de otras instalaciones públicas.
Mientras, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) demandaron que el Ministerio Público actúe con mayor celeridad en el caso de Senkata y emita imputaciones contra otros responsables materiales e intelectuales. “Lo que pido es una investigación independiente, una investigación donde no solamente haya una persona imputada. Sabemos que debe haber más personas involucradas y todas tienen que ser investigadas y llevadas ante un estrado judicial”, afirmó, por ejemplo, el diputado Anyelo Céspedes.
Recordó además que el Legislativo, donde su partido tiene mayoría de votos, analiza el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.
Andrea Barrientos, diputada de oposición, respondió que eso dependerá del sustento legal y consideró que antes debería ser procesado el expresidente Evo Morales por el “fraude electoral” y otras de sus acciones que llevaron al país a ese momento de convulsión social.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también demandó celeridad para el esclarecimiento de este caso. “Ocurrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, dos masacres con intervenciones conjuntas de la Policía Boliviana y las fuerzas militares bajo órdenes de la señora Jeanine Añez”, afirmó.
Piden anular la imputación contra Valverde
La defensa de Fernando Valverde, general en retiro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), presentó un recurso para que se anule la imputación por homicidio y lesiones graves y gravísimas presentada en su contra por el Ministerio Público, por el caso de la denominada “masacre de Senkata”.
“La resolución de imputación formal carece de cualquier fundamentación lógica. Por ello hemos presentado un incidente de actividad procesal defectuosa, mediante el cual hemos solicitado a la autoridad jurisdiccional la nulidad de la misma”, anunció su abogada, Jalith Mariño.
Valverde fue identificado por la Fiscalía como el responsable de haber ordenado que el 19 de noviembre de 2019 retornara hasta la planta de combustibles de Senkata un grupo de vehículos militares desde donde luego se habrían realizado disparos que acabaron con la vida de una decena de personas movilizadas en el lugar.
Mariño dijo que esa versión es completamente forzada, ya que Valverde en ese entonces ocupaba un cargo civil y, en esa condición, estaba imposibilitado de dar instrucciones a efectivos militares activos, quienes respondían a otros mandos.
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