Murillo, mano derecha de Añez y capturado por el FBI, «negocia» su condena en EEUU

LA RAZON.- A horas de su audiencia suspendida en Estados Unidos, el exministro de Gobierno Arturo Murillo firmó un documento por el cual renunció a los plazos procesales que la justicia establece para los delitos en los que incurrió el acusado. El periodista Junior Arias afirmó que se trata de “ganar tiempo” y que el exministro “negocia con la Fiscalía la reducción de su pena”.

“Lo que está absolutamente claro es que se está ganando tiempo, eso no cabe duda porque hay una declaración firmada por Arturo Murillo donde él renuncia a los plazos procesales establecidos por las leyes en los Estados Unidos”, explicó el periodista en un contacto con el programa por streaming de La Razón y Extra “Piedra, papel y tinta.

Explicó que la justicia fija 14 días para una primera audiencia en la que el juez “decide la situación inicial del encausado como tal”.
Desde el punto de vista de Arias, Murillo “está negociando algo”.

“Está negociando con la Fiscalía el que le vayan a rebajar su pena ¿qué está entregando? ¿qué información está proporcionando? ¿a quién está develando? ¿Con documentos, sin documentos?, ¿con pruebas, sin pruebas? No lo sabemos, pero de que Arturo Murillo está buscando una negociación con la Fiscalía de los Estados Unidos de eso no me queda duda”, remarcó.

El periodista Junior Arias, desde EEUU, habló en el programa Piedra, papel y tinta.

Murillo debió comparecer este lunes en una audiencia en la ciudad de Miami, pero fue suspendida para el 9 de julio. El 26 de mayo fue aprehendido por supuesto lavado de dinero y soborno, junto a otras cuatro personas, y se enfrenta a una pena de 20 años en un caso ligado a la compra de gases lacrimógeno por más de $us 5 millones, de los que $us 2,3 millones son parte de un sobreprecio.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, anunció hoy que se tramitará la “cautela” de los bienes de los acusados y explicó que Murillo tendrá que negociar con la Fiscalía para bajar su condena, lo que implica –anticipó- que ‘habrán sorpresas’.

“Van a haber sorpresas el 9 de julio, no adelanto nada, pero seguramente algo va a tener que negociar para bajar en algo de su condena, cualquiera de los encausados”, sostuvo Chávez desde Estados Unidos, adonde se trasladó para seguir el proceso contra el exministro.

En una segunda audiencia, la justicia determinó el pago de una fianza de $us 500.000 para Luis Berkman, aprehendido junto a Murillo.
Arias explicó que Berkman puede pagar el 10% de la fianza ($us 50.000) y los restantes $us 450.000 mediante la anotación preventiva de bienes, para asumir su defensa en libertad.

LINK DE LA RAZON: https://www.la-razon.com/nacional/2021/06/07/murillo-firma-documento-y-renuncia-a-plazos-procesales-de-la-justicia-de-eeuu/

La defensa del exministro de Gobierno Arturo Murillo, consiguió firmar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para postergar la audiencia preliminar que un juez había convocado para este lunes. El Gobierno lo vio como una estrategia para reducir su condena, pero la incomodidad fue más evidente dentro del MAS en la Asamblea Legislativa.

El Tribunal del Distrito de Estados Unidos, en relación al caso 213030, emitió una moción de consentimiento para postergar la audiencia preliminar en la que se debe presentar la acusación formal para el 9 de julio, pero para eso, la Fiscalía y la defensa del exministro boliviano suscribieron un acuerdo.

El tribunal homologó el documento y estableció que “las partes, por la presente, estipulan y acuerdan que existe una buena causa para aplazar la audiencia preliminar y prorrogar el tiempo de acusación en este caso” y aclara que del 7 de junio al 9 de julio constituirán “una demora excluible, según la ley que se está aplicando. Que la demora se fundamenta en el interés de la justicia debido a la inusual complejidad fáctica del caso”.

Apuntó que ese tiempo se utilizará para que los abogados del imputado “revisen materiales con él. Además, para una preparación eficaz, teniendo en cuenta el ejercicio de la debida diligencia y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso. “Todos los cuales son de interés de la justicia y superan los mejores intereses del público y del defensor en un juicio rápido”.

El acuerdo tiene ocho puntos. Primero, recuerda que el 22 de mayo Murillo fue arrestado por conspirar para cometer lavado de activos, en violación a las leyes de EEUU. El 24 de mayo el exministro realizó “su primera comparecencia ante este tribunal”.

Fue detenido en espera de la audiencia de detención programada para el 26 de mayo de 2021, mientras que su audiencia preliminar estaba programada para el 7 de junio (ayer).

El tercer punto señala que el 26 de mayo Murillo estuvo representado por abogado, pidió que se retrase y acordó continuar su audiencia de detención el 7 de junio. Argumentó, en esa ocasión, que su abogado debía tener conocimiento de los elementos que lo involucraban en el proceso.

En el cuarto señala que la ley de juicio rápido requiere que se presente una información o acusación dentro de los 20 días posteriores al arresto del acusado, o la notificación con citación.

Además, según la regla federal de procedimiento penal, un magistrado debe celebrar una audiencia preliminar a más tardar 14 días después de la comparecencia inicial, si está detenido.

Murillo cumplió este lunes su décimo segundo día luego de esa audiencia. Pero, según el texto, “un magistrado puede extender ese tiempo con el consentimiento del acusado, con la demostración de causa justificada”.

Las partes solicitaron, en el punto seis, que la corte amplíe el plazo para dictar sentencia y volvieron a fundamentar el pedido en la necesidad de tiempo para que el abogado del acusado revise el material con el acusado para la preparación eficaz, “y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso”.

Esa es la parte en la que se deja abierta la posibilidad de negociar una eventual condena u otra forma de resolución del caso.

Si Murillo se declara culpable, puede reducir su pena hasta a dos años. Si es que señala que es inocente, deberá demostrarlo en un juicio que puede durar uno o más años. Si pierde podría tener una condena por lavado de dinero y soborno de hasta 20 años. Pero hay una tercera opción, la ley de EEUU establece que podría ingresar a un programa de protección a testigos, pero para ello tendría que dar información que favorezca a la seguridad nacional de ese país.

El punto séptimo establece que, por la presente, “Murillo Prijic acuerda renunciar a cualquier objeción bajo la ley de juicio rápido y extender el tiempo del Gobierno para presentar una información o acusación, para el período de tiempo especificado en la moción”.

Además, remarca que “esta renuncia está hecha a sabiendas, de manera intencional y voluntaria por parte del acusado”. Por esa razón, el punto ocho cierra el documento e indica que por la misma razón “las partes solicitan el aplazamiento de la audiencia preliminar para el 9 de julio”.

Reacciones

Arturo Murillo “estaría brindando información valiosa y eficaz para disminuir su condena en EEUU”, estimó este lunes desde Miami el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, tras el diferimiento de su audiencia.

“La estrategia del señor Murillo que es la de, me imagino, tratar alguna reducción de su condena, si se da el caso, ya que los elementos conducen a que efectivamente habría conocido esos delitos que se le acusan”, dijo el procurador.

Complementó que “si existe alguna sindicación adicional a las personas ya involucradas, se van a hacer conocer por los conductos oficiales, no podríamos nosotros especular en este momento sobre que personas más estarían involucradas. Pero si se negocia algo, puede darse alguna idea de que él pueda dar, tal vez, a conocer otras personas más que hubieran participado de los delitos que hemos mencionado, podría ser eso u otra información valiosa”, dijo.

El sistema estadounidense y del distrito de la Florida permite ese tipo de negociaciones a objeto de aclarar el caso y, “si es información valiosa, puede rebajar años de condena si colabora eficazmente a la justicia”, añadió el procurador general.

El diputado del MAS Rolando Cuéllar fue muy crítico. “En realidad no sabemos qué tipo de acuerdo tiene Murillo con la Fiscalía, con la justicia norteamericana. Pero creo que no se puede negociar la corrupción millonaria”, apuntó.

El asambleísta oficialista fue más allá y sentenció que “la justicia de ese país no puede quemarse con un prófugo de la justicia boliviana. Rechazamos cualquier arreglo, ellos deberían haberlo sentenciado a 20 años a este delincuente. Está claro que su abogado hace chicanería”.

La senadora Centa Rek, de Creemos, comentó que en EEUU es “regular hacer esto. El imputado puede generar confianza, en el sentido que va a hablar, delatará y brindará más información. Lo único que pido es que sea responsable y que destape todo. Es un actor principal, un protagonista clave del Gobierno de transición. Solo él puede darnos un poco de paz en la medida en que se decida hablar claramente y establecer las culpas”. Además, pidió que el Gobierno transparente los gastos alrededor de este caso. “Cuánto cuestan los abogados, se fue el procurador y no hay resultados”.

La senadora del CC Andrea Barrientos lamentó que el MAS crea que en EEUU “se manipule a la justicia como lo hacen ellos”.

LINK DE EL DEBER: https://eldeber.com.bo/politica/murillo-llega-a-un-acuerdo-con-la-fiscalia-de-eeuu-y-preocupa-al-mas_234578

Greenberg Traurig, el bufete de abogados que contrató Bolivia para el caso gases lacrimógenos

Es la oficina Greenberg Traurig que tiene la representación de Bolivia en Estados Unidos. (Foto: ABI)

ABI.- El bufete estadounidense de abogados Greenberg Traurig fue contratado por el Estado Plurinacional de Bolivia para hacer seguimiento a tres procesos del caso denominado gases lacrimógenos.

“Es la oficina Greenberg Traurig que tiene la representación de Bolivia en Estados Unidos (EEUU) para llevar tres procesos”, aseguró el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez a Bolivia TV.

El consorcio de abogados cuenta con una experiencia de 54 años. Fue fundado en Miami en 1967. Desde entonces, abrió 30 oficinas en EEUU, sobre todo, en los principales centros financieros, donde brinda sus servicios legales.

“Con más de 160 abogados, nuestro equipo legal representa todas las prácticas centrales de la firma. Nuestros abogados asesoran a empresas locales, nacionales e internacionales en numerosas industrias y sectores clave que impulsan la economía, que incluyen aviación, entretenimiento, instituciones financieras, atención médica, finanzas internacionales, manufactura, bienes raíces, hotelería, comercio minorista y tecnología”, se lee en el portal web de la firma de abogados.

Greenberg Traurig cuenta con la oficina legal más grande de Miami que tiene raíces profundas en las comunidades comerciales, legales, gubernamentales y filantrópicas del sur de Florida, así como en EEUU, América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.

La oficina de Miami brinda asistencia legal y apoyo financiero a varias organizaciones benéficas locales y nacionales, que incluyen, por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer, Sociedad de Hogares de Niños de Florida, Universidad de Miami, Americans for Immigrant Justice, Asociación Chapman, Mujeres del mañana, entre otros.

“Nuestro equipo, el cual incluye abogados que han sido directores jurídicos en empresas multinacionales de gran escala, tiene una amplia experiencia en la representación de clientes estadounidenses e internacionales que llevan a cabo negocios en América Latina y la Península Ibérica, así como en asesorar a clientes de Latinoamérica y de España en sus negocios comerciales en los EEUU”, informa el bufete.

Desde el anuncio del 17 de diciembre de 2014 de que EEUU restablecería vínculos diplomáticos con Cuba, los abogados de Greenberg Traurig asesoraron a clientes estadounidenses y no estadounidenses que buscan aprovechar las posibles oportunidades de negocios en el país insular.

Algunos casos atendidos

Entre su lista de casos atendidos, se encuentra el de formación de una red mundial de centros de datos con empresas de ciberseguridad y análisis de datos, una empresa de $us 2,8 mil millones entre Medina Capital y BC Partners.  También, destaca Brickell City Center, un desarrollo de uso mixto de $us 1.050 millones.

A eso se añade el caso de Miami Worldcenter, uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes en marcha en los EEUU. El bufete hizo la representación de clientes locales, nacionales e internacionales en reestructuraciones financieras y operativas de alta complejidad, incluida Satélites Mexicanos, SA de CV en su reestructuración transfronteriza de más de $us 400 millones en deuda a través de un caso de bancarrota del Capítulo 11 presentado en Delaware.

Defendió con éxito a DolarToday en una demanda de fijación de divisas muy cubierta presentada por el Banco Central de Venezuela.

“Entendemos que cada negocio tiene sus propias necesidades y requisitos individuales, y nuestro equipo crea estrategias específicas para abordarlos. Numerosas empresas y fondos confían en nosotros para brindarles el asesoramiento que necesitan para trasladar con éxito sus negocios a Florida y prosperar”, se lee en otra parte del portal web del consorcio.

Los abogados de Greenberg Traurig asesoran también a clientes sobre problemas legales relacionados a las consecuencias de la pandemia del Covid-19 que afecta a empresas.

El bufete sigue tres casos bolivianos

Greenberg Traurig fue contratado por Bolivia para hacer seguimiento al caso de lavado de dinero y soborno en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, y fueron detenidos entre el 21 y 22 de mayo.

Son procesados en EEUU por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones.

El primer caso al que hace seguimiento es al relacionado con el exministro del régimen de Añez, Arturo Murillo, quien es acusado por lavado de dinero y espera su audiencia para el 9 de julio.

El segundo caso para el que fue contratado el equipo de abogados es el vinculado a Luis Berkman y su hijo Bryan Berkman, propietarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), mediante la cual coordinaron con Murillo, en el caso de lavado de dinero para la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.

La justicia de EEUU definió este lunes que Luis Berkman, cómplice de Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio, se defienda en libertad.

Y un tercer caso es el que Bolivia asume en EEUU. Consiste en la instauración de un proceso civil en Miami contra el exministro de Gobierno de Añez, para la recuperación de los recursos económicos erogados por el Estado para la compra de las armas químicas.

Murillo debe enfrentar siete procesos penales en Bolivia

Está acusado de alentar el golpe de Estado de 2019, usar una libreta militar falsificada, desaparecer cocaína incautada, además de las muertes en las masacres y otros delitos.

Infografía: Yuri Rojas / Periódico Ahora EL PUEBLO

Redacción Central /ahora, EL PUEBLO.- En los 11 meses en los que estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo cometió varios delitos con distintos grados de participación, por lo que podría pasar bastantes años en la cárcel.

A finales de 2020 huyó de Bolivia para eludir la justicia; sin embargo, entre el 20 y 21 de mayo de este año fue aprehendido en Estados Unidos donde enfrenta un proceso penal por lavado de dinero y soborno, ya que, junto con sus cómplices, usó bancos norteamericanos para hacer diversas transferencias.

En Estados Unidos podría ser condenado a 20 años de cárcel y, de prosperar la solicitud de extradición, en el país también tendría que ser encarcelado.

El extitular de Gobierno fue detenido a finales de mayo en Estados Unidos y su audiencia fue reprogramada para el 9 de julio.

Su situación en Bolivia es más grave porque deberá defenderse de las acusaciones y procesos por la compra de gases lacrimógenos mediante sobornos y con sobreprecio, las muertes en las masacres, el golpe de Estado de finales de 2019, el uso de una libreta militar falsificada, entre otros hechos.

Por ahora hay dos órdenes de aprehensión en contra de Murillo, por la compra de gases lacrimógenos y la masacre de Huayllani (Cochabamba)

COMPRA DE GASES

A finales de 2019, Murillo gestó un robo al Estado, en compañía de varios cómplices, lo que les dejó una ganancia ilícita de al menos $us 2,3 millones.

Los implicados compraron mediante sobornos gases lacrimógenos por $us 3,3 millones a la empresa brasileña Cóndor y dos días después los vendieron al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

Se les atribuye los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

MASACRE DE HUAYLLANI

A finales de 2019, una intervención coordinada entre militares y policías en el puente Huayllani (Cochabamba) dejó 12 muertos y más de un centenar de heridos.

Por ese luctuoso hecho están como imputados Murillo, López y excomandantes de las Fuerzas Armadas y Policía.

Todos fueron imputados por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato.

DESAPARICIÓN DE DROGA

Otro de los delitos cometidos por Arturo Murillo y su entorno fue la desaparición de 431 kilogramos de cocaína de alta pureza, casi media tonelada, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

De 18 horcones (madera), de un total de 60, desapareció cocaína. La UNODC informó que de 1.435 kilos, desaparecieron 431 kilos de la sustancia controlada.

Los implicados en el caso serán investigados por la presunta comisión de los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

EXTRADICIÓN DE LIMA LOBO

El Ministerio de Gobierno denunció penalmente a Murillo y el excomandante de la Policía general Rodolfo Montero por evitar en 2020 la excarcelación y extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo.

Las exautoridades son acusadas de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

LIBRETA MILITAR

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de dos años de prisión contra Murillo, por el delito de uso de instrumento falsificado, después de confirmar que utilizó la libreta de servicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos, como el de diputado y titular del Ministerio de Gobierno.

GOLPE DE ESTADO

Luego de una revisión minuciosa de las evidencias e indicios al proceso instaurado por la exdiputada Lidia Patty contra la expresidenta Jeanine Añez, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo, la denuncia fue ampliada contra Murillo.

Ahora ya están detenidos preventivamente Añez y sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía.

MUERTES EN SENKATA

Murillo, López y el general del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde son investigados por la represión violenta que se produjo en noviembre de 2019 en la región alteña de Senkata. Ese hecho derivó en la muerte de al menos 10 personas por impacto de bala y un centenar de heridos y detenidos.

Los exministros están sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Cancillería devolvió el trámite para extradición

La Cancillería boliviana devolvió al Órgano Judicial la solicitud para la extradición de Arturo Murillo, debido al incumplimiento de requisitos y formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición.

“La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la juez Claudia Castro, fue devuelta por no cumplir los requisitos y las formalidades. Lamentablemente, adolecía (la solicitud) de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondiente”, informó la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo, según radio Erbol en su página digital.

La anterior semana, la jueza presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores un exhorto suplicatorio para tramitar la extradición de Arturo Murillo, quien está detenido en Estados Unidos mientras es investigado por los delitos de soborno y lavado de dinero.

“El error de origen se encuentra en la Fiscalía General, que además es una entidad que conoce bien los requisitos de los trámites de cooperación internacional, más aún con Estados Unidos, puesto que el pedido de extradición requiere de una traducción correspondiente”, añadió al medio de comunicación.

Existe confianza en recuperar el dinero robado

Al margen de los dos procesos penales instaurados en Estados Unidos contra Arturo Murillo, Luis y Bryan Berkman, por soborno y lavado de dinero, la causa civil apunta a recuperar los $us 2,3 millones robados mediante la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Para este fin, la Procuraduría General del Estado contrató al bufete internacional Greenberg Traurig para que se encargue de atender las tres causas.

“Vamos a instruir al bufete de abogados la continuidad del seguimiento del caso. Se trata de una firma garantiza a nivel internacional, con especialistas en estos casos referidos a temas económicos, corrupción y lavado de activos, con más de 1.700 abogados a nivel mundial”, manifestó.

Además dijo que “vamos a informar de manera transparente en la página web de la Procuraduría sobre el costo, que en realidad son gastos mínimos en relación a los recursos que vamos a recuperar. Es una inversión que vale la pena”, explicó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, a radio Cepra.

Fiscalía pedirá cooperación internacional

Una vez que se conozca la situación legal de Arturo Murillo en Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado pedirá la cooperación internacional a fin de que rinda cuentas ante el Estado boliviano por delitos como el daño económico que le ocasionó al país y las masacres de Senkata y Sacaba, entre otros.

El exministro podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en el país del norte si es hallado culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero.

“La pena máxima por el delito imputado es de 20 años, en el hipotético caso de la sanción, como Estado tendremos que esperar que cumpla la condena para que rinda cuentas en el país”, explicó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.

Añadió que los canales de comunicación de la Fiscalía son fluidos, por lo tanto no será necesario el traslado de autoridades a Estados Unidos, aunque se participará desde Bolivia en el proceso, controlando y verificando los actos procesales.

Murillo pagó al periodista español Entrambasaguas durante el régimen de facto

ABI / Ahora EL PUEBLO Digital .- El abogado Manolo Rojas denunció este lunes que existen indicios de que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, financió al periodista español Alejandro Entrambasaguas durante el régimen de Jeanine Añez.

“Poco a poco, se va develando con actos investigativos realizados por el propio Ministerio Público, cómo el pseudo periodista (español) Alejandro Entrambasaguas llegó a nuestro país, hizo gastos muy suntuosos, muy caros, en hoteles reconocidos de La Paz. Por tres o cuatro días, llegaba a gastar la suma de 3.500 a 4.000 dólares. Nos parece un exceso. Alguien financiaba esto”, dijo en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Rojas es abogado de Lorgia Fuentes, ciudadana que durante el régimen de Jeanine Añez fue torturada y encadenada a una camilla de un hospital cuando se encontraba en delicado estado de salud. La acusaron de tener vínculos con exautoridades gubernamentales.

En aquella oportunidad, el periodista español Alejandro Entrambasaguas se adhirió al proceso contra Fuentes para presentar presuntas pruebas al Ministerio Público y acusarla de enriquecimiento ilícito; sin embargo, no logró demostrar lo denunciado y tampoco respondió a las convocatorias para dar declaraciones informativas por el caso.

“Dentro de los servicios que daba el hotel (a Entrambasaguas) estaba el de llamadas telefónicas y esas llamadas tienen una conexión con números de Arturo Murillo, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia”, reveló el abogado.

Indicó que el español actuaba en el régimen de Añez como portavoz de casos en coordinación con Murillo; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; y el exviceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar.

“Hoy tenemos unos vínculos mucho más importantes que nos hablan de corrupción clave”, indicó.

Abogado denuncia presunto financiamiento de Murillo al periodista español Entrambasaguas durante el régimen