La fiscalía departamental de La Paz le pidió al juez Alejandro Catania que le tomara declaración a Macri y a otros exfuncionarios por el envío de municiones a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales. La solicitud incluía a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, al exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, al excanciller Jorge Faurie, al exembajador Normando Álvarez García y al exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, entre otros.
Catania le pidió su opinión al fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo que debía rechazarse el pedido. “Las personas respecto de las cuales se ha solicitado su declaración en calidad de testigos, en su mayoría han sido preliminarmente señaladas como posibles imputados en los presentes actuados, los cuales se encuentran en pleno trámite y en una etapa en la que no puede descartarse con algún fundamento, su posible intervención en los hechos”, dictaminó.
El juez se pronunció en la misma línea. “La eventual declaración en carácter de testigos de las personas indicadas en la solicitud debería llevarse a cabo bajo juramento de decir la verdad y bajo apercibimiento de aplicarse las penas correspondientes al falso testimonio, en caso de acreditarse la falsedad de sus dichos. Tal circunstancia no resulta compatible e incluso colisiona con los derechos que asisten a los imputados, quienes pueden abstenerse de declarar y en ningún caso se les requerirá juramento o promesa de decir verdad. En tal contexto, las declaraciones como testigos de las personas indicadas en el requerimiento de asistencia colisiona con el derecho fundamental previsto en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional en tanto prevé que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, respondió Catania.
En el juzgado se han estado tomando declaraciones testimoniales de gendarmes –tanto los que estuvieron apostados en La Paz para supuestamente brindarle protección a la embajada como aquellos que tuvieron intervención en el traslado de las 70 mil balas antitumulto que terminaron repartidas entre la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas–. Es probable que el juez continúe con un llamado a declarar como testigos a los integrantes de la tripulación del Hércules que salió en la noche del 12 de noviembre de 2019 desde la base aérea del Palomar hacia El Alto. Por el momento, no ha habido llamado alguno a prestar declaración indagatoria ya sea a integrantes de la Gendarmería –que declararon que las balas se gastaron en entrenamientos– o a los miembros del gobierno de Cambiemos.
Soria, uno de los denunciantes del contrabando de armas, cree que la investigación avanza a paso cansino. “Es otro claro ejemplo de la doble vara de la Justicia argentina. Por un lado, tenés los jueces y fiscales que se olvidaron el Código Procesal en los vestuarios de la canchita de fútbol de Los Abrojos, que con una causa armada con tres toneladas de tapas de Clarín y sin ninguna prueba te llevan a un juicio ridículo intentando proscribir a CFK. Al mismo tiempo, tenés al magistrado a cargo de investigar el contrabando agravado de armamento que hizo Macri y sus funcionarios para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, custodiando saludablemente las garantías del debido proceso, como debe ser para todos los ciudadanos por igual”, dice el titular de la cartera de Justicia.
“En la causa por contrabando agravado de armamento está todo probado desde el primer día. Sin embargo, ya se tomaron más de 40 testimoniales todas presenciales, cuando los juzgados siguen hoy tomándolas por Zoom para no demorar, solo falta que lo llamen a declarar al banderillero del aeropuerto del Palomar. Ya no saben a quién más pedirle una testimonial para planchar la causa”, denuncia.
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