ABI.- El abogado y exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, aseguró este sábado que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no una sucesión constitucional el 2019, como resultado de la convulsión por una falsa denuncia de fraude electoral que provocó la dimisión del entonces presidente Evo Morales.
“Obviamente, fue un golpe de Estado (…) No hubo una sucesión constitucional porque no podía ser autoridad presidencial la segunda secretaria de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tienen fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad”, detalló, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.
Según Racicot, la entonces senadora Jeanine Añez se autoproclamó como presidente en una Asamblea Legislativa Plurinacional “desierta” porque tuvo la presencia de apenas una docena de diputados y senadores de la oposición a la administración de Evo Morales, por lo que no podía efectuar el debate necesario.
Rememoró que incluso la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue presionada para que renuncie a su puesto y poner así al país en una situación de “verdadero golpe de Estado”.
La banda presidencial fue entregada, además, a Áñez por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
“Desde el momento en que el presidente Evo Morales renunció el domingo 10 de noviembre, hasta ese momento, de hecho, los militares asumían plenamente el Estado en Bolivia”, sostuvo.
Por otro lado, el exrepresentante internacional recordó que el ascenso de Áñez al poder se dio con un proceso de nuevo autoritarismo, pero que mantuvo varias de las características de acciones realizadas por los gobiernos de facto.
Detalló que entre las acciones de hecho estuvo una huelga policial, además de que se tuvo autoridades del alto mando de la entidad del orden y militares que recibieron pagos revelados por el excívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El proceso se caracterizó también por una “toma violenta del poder” con el incendio de los edificios de cinco tribunales electorales departamentales, azuzado por una denuncia de un fraude que nunca hubo durante las elecciones generales, pero que tuvo el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), complementó.
“El mismo informe de la OEA, el informe final (sobre el caso), nunca utiliza la palabra fraude para describir las pequeñas irregularidades que ocurrieron en el marco del proceso electoral en aquel momento”, aseveró.
Asimismo, Racicot indicó que el cambio del poder tuvo también dos masacres en las zonas de Senkata de El Alto y Huayllani de Cochabamba, por actos preparados para la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“La presidenta, en sus primeras declaraciones públicas, cuando apareció el primer día de su presidencia de facto, se expresó a los policías que estaban frente a ella y frente al Palacio de Gobierno, y dijo que a partir de ese momento iban a tener todas las armas y todas las balas que quieren y necesitan para el orden público, lo que de hecho era una declaración inicial de una persecución estatal política y generalizada”, aseveró.
Finalmente, Racicot mencionó que las aprehensiones ejecutadas contra Áñez y dos de sus colaboradores cercanos es “un paso muy importante” para el proceso de investigación en el caso del golpe de Estado.
