LA RAZON.- A mediados de noviembre de 2019 se perpetraron masacres en Sacaba y Senkata: 36 muertos y centenas de heridos. Esas masacres necesitan ser investigadas y sancionadas. De esas matanzas crueles a campesinos y pobres hay temas que permanecen en la sombra quizás porque su revelación desataría entretelones aterradores. Uno de ellos: el papel del primer gabinete de Jeanine Áñez que rubricó el Decreto Supremo 4078 avalando esas masacres. Con sus firmas aquellos ministros se ponían la soga en el cuello.
De las bambalinas tenebrosas que rodean a ese gabinete de la muerte se abrió una grieta hace poco. La entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció a su excolega y exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que, al enterarse de una reunión de gabinete a propósito de las noticias de los muertos de la masacre de Sacaba que llegaban al Palacio de Gobierno, habría dicho: “Cómo es que nos llaman por cinco muertos, nos agitan, tenemos tanto trabajo y nos llaman por esto”.
En este Decreto se urdía el pretexto que “Bolivia vive un estado de caos y convulsión social, debido a la manipulación del voto popular en las elecciones del 20 de octubre de 2019, situación que tiende a agravarse, incluso de llegar a una guerra civil, situación que debe ser evitada por todos los medios legales y legítimos, en la búsqueda definitiva de la pacificación de la sociedad boliviana”. Sin embargo, fue una matanza atroz. Testimonios de las víctimas que lograron esquivar a la muerte son desgarradores: “Nos disparaban como animales”, decían.
¿En el momento de firmar ese Decreto Supremo legitimador de las masacres en qué estarían pensando esos ministros? Quizás, pensaron que la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) necesitaba una estocada final y esas matanzas servirían para escarmentar a su base social. Quizás, pensaron que la derrota del partido de Evo Morales iba a ser duradera. Quizás, la borrachera del poder y sus ventajas económicas y políticas les cegó su raciocinio o, quizás, muchos de ellos ni siguiera leyeron —por ambición, flojera o ignorancia— aquel Decreto que les abriría en el futuro un juicio penal.
Según las revelaciones de Lizárraga, “Murillo pedía que se hagan reuniones en grupos pequeños y que los ministros firmemos lo que él decidía, porque al final nos dimos cuenta que muchas de las decisiones salían de él, entonces ahí yo le aclaré que además teníamos que saber todo, los ministros, era necesario que estemos al tanto de lo que íbamos a firmar en esos momentos”.
Sea como fuera, los ministros de Áñez con su firma en ese Decreto Supremo se convirtieron en responsables de esas masacres atroces. O sea, la responsabilidad penal sobre esos hechos luctuosos, mediante un juicio, tarde o temprano, va recaer en estos exdignatarios de Estado. A diferencia de la exmandataria que amerita un juicio de responsabilidades por su investidura, los exministros no gozan de estas prerrogativas de ley.
Según el artículo 111 de la Constitución Política del Estado (CPE), la figura jurídica de masacre forma parte de “los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra (que) son imprescriptibles”. Diferentes investigaciones de instituciones de derechos humanos y académicas a nivel internacional calificaron a estos hechos sangrientos de masacres por las ejecuciones extrajudiciales que hubo.
Las víctimas y sus familiares claman justicia. La Fiscalía debe terminar la investigación para imputar a los responsables de estas masacres. Entonces, los ministros de la muerte tendrán que ser juzgados y sentenciados.
Yuri Tórrez es sociólogo.
https://www.la-razon.com/voces/2021/01/18/los-ministros-de-las-masacres/
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