Por Melissa Revollo / Diario Opinión.- En Cochabamba, en semanas recientes, la alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, fue obligada a firmar contratos en medio de un ambiente de agresión contra ella. Hace poco más de un año, la ahora senadora y exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce, sufrió agresiones durante los conflictos postelectorales. En Potosí, en junio de este año, la asambleísta departamental Miriam Vargas renunció a su cargo bajo presión.
Estos, junto a otros, son considerados acoso y violencia política. En el país, en lo que va de 2020 se registraron 117 casos, hubo tres renuncias de autoridades y, desde la vigencia de la ley que lucha contra estos temas, no existe ningún responsable ni sancionado. En 2019, los casos sumaron 127 y, entre esos, se incluyen los registrados durante los conflictos postelectorales.
La Ley 243 de contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres está vigente desde 2012. De acuerdo con la Coordinadora de la Mujer, Bolivia es el único país de la región que tiene una ley contra el acoso y violencia política, pero continúa habiendo impunidad.
La concejala cochabambina y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Rocío Molina, sostuvo que el machismo continúa vigente, y se exponen con acciones que llegan a la agresión.
“Cuando se tiene una autoridad una autoridad mujer, obviamente el machismo imperante hace que hasta las propias actitudes las personas que protestan sean mucho más agresivas”, expreso y reprochó que, como ejemplo, en una movilización “le pusieron pollera a un dirigente” como un símbolo de humillación.
ALCALDESAS
Uno de los hechos más recientes fue el registrado contra la alcaldesa Heredia. La escena de la autoridad afectada en su salud y escondida debajo de una cama, antes de que pueda huir para ser atendida en una clínica, fue una de las más duras.
Heredia salió el 17 de noviembre de su casa para reunirse con los padres de familia que bloqueaban la carretera al occidente exigiendo la canasta escolar. Ahí fue retenida. Fue obligada a permanecer en el lugar, donde le echaron con agua y orines. Intentaron subirla a un burro. Ella se descompensó y tampoco le permitieron atención médica adecuada, sino que fue atendida en la carretera. También le obligaron a firmar documentos para la dotación de la canasta estudiantil.
Fue perseguida y se escondió debajo de una cama en una casa particular, donde también lanzaron piedras. Tuvo que escapar saltando por un muro, para luego llegar a una clínica.
Después le dieron el alta médica, pero no puso volver a su casa, debido a las amenazas de quemar su vivienda.
Entretanto, el caso de la exalcaldesa de Vinto, se dio durante los conflictos postelectorales de 2019, debido a denuncias de fraude electoral que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y su salida del país; hubo convulsión en el país.
Había bloqueos, manifestaciones y agresiones
Los videos y fotografías de Arce con el rostro y ropa pintados de rojo, el cabello cortado a la fuerza y caminando descalza, de Vinto a Quillacollo, en medio del conflicto son evidencias del trato al que fue sometida el 6 de noviembre del pasado año, cuando fue acusada de movilizar gente, de proteger y alimentar a mineros que habían llegado de otras regiones para contrarrestar las movilizaciones.
Arce recordó en semanas pasadas que, cuando sufrió las agresiones, no tuvo ayuda de la Policía. Molina dijo que lo mismo pasó con la alcaldesa Heredia.
Para estos casos, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) es la instancia que permite encaminar denuncias por la vía penal.
La concejala Molina denunció haber sido víctima. Fue amenazada y hostigada en su propia casa, también durante la época de los conflictos postelectorales.
“Recuerdo que cuando yo volví al Concejo Municipal en enero de este año, tuve la arremetida de grupos radicales, incluida la Resistencia y otros grupos, que comenzaron a perseguirme, acosarme, a insultarme (…). Yo pedí medidas, por ejemplo, a la Policía, como corresponde de acuerdo con la Ley 243 al Concejo Municipal, pero no se me ha otorgado ninguna medida de protección”, cuestionó y agregó que lo mismo ocurrió con la concejala Celima Torrico.
Otras autoridades también tuvieron conflictos en sus regiones.
Molina agregó que la violencia política no siempre se percibe, pero que también está en redes sociales, lo que afecta al entorno de las autoridades. “Hemos sido víctimas de, prácticamente, un ultraje, donde Incluso se expone nuestra propia familia de manera muy cruel”.
ASAMBLEÍSTA
En junio de este año, la Defensoría del Pueblo pidió a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí declarar como ilegal la renuncia de la asambleísta Miriam Vargas, “porque la misma se dio en un contexto de acoso y violencia política, hostigamiento y presión en contra de esta persona y sus familiares”.
Vargas fue víctima de la quema de su casa por parte un grupo de pobladores de Macha, de donde es ella. Asambleístas potosinos habían indicado que alertaron a la Fiscalía y a la Policía sobre el hostigamiento a Vargas y solicitado que se resguarde su seguridad e integridad; pero, no hubo una respuesta.
Para la concejala Molina, este “ha sido el año más funesto en cuanto a los casos registrados de acoso y de violencia contra las mujeres en la política”.
Según la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, el acoso y la violencia política es parte de la cultura y la práctica política nacional, pero adquiere matices más “crudos y violentos” cuando se trata de mujeres.
LAS CIFRAS
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales informó que a un mes de cerrar el 2020 se reportaron 117 casos de acoso y violencia política en contra de mujeres, según ABI.
Entretanto, la Asociación de Concejalas y Alcaldesa de Bolivia (Acobol) registró en 2019 un total de 127 denuncias. De esas, el 83% acudió a la vía administrativa, el 8% a la vía penal, un 2% a las vía penal y electoral y 2% a la vía penal y constitucional. De las 127 denuncias, el 41% fueron en La Paz.
Por otro lado, de acuerdo con el Observatorio de Paridad Democrática, durante este 2020, solo el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) registró un total de 64 renuncias de mujeres políticas (autoridades, electas o candidatas), de las cuales tres son por acoso y violencia política; además, hubo 18 denuncias por los mismos temas.
Hubo una renuncia y una denuncia en Chuquisaca, dos denuncias y 19 renuncias en La Paz, cuatro renuncias en Cochabamba, una denuncia y cinco renuncias en Oruro, cuatro renuncias en Potosí, siete renuncias en Tarija, y una denuncia y tres renuncias en Santa Cruz.
Según los registros del OEP, citado por la Coordinadora de la Mujer, entre 2016 y 2019, registraron 124 denuncias y 35 renuncias por acoso y violencia política hacia las mujeres.
Entre otros datos, de las 21 denuncias registradas en 2019, 17 corresponden a concejalas titulares, dos a concejalas suplentes
Como referencia, de las 21 denuncias registradas en 2019, 17 corresponde a concejalas titulares, una a asambleísta titular y otra a autoridad originaria.
Un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) mostró que el 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue víctima de algún tipo de acoso o violencia política.
Apuntes
Titularidad
El artículo 24 de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres establece que “las candidatas electas y/o en el ejercicio de la función político-pública deberán presentar renuncia a su candidatura o titularidad del cargo que ejercen en primera instancia al Órgano Electoral Plurinacional”.
El aumento
La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y ONU Mujeres advierten que el aumento de la representación de mujeres en la política ha hecho más visibles los casos de violencia contra ellas.
Normas paritarias
Según el informe “Violencia contra las mujeres en política en América Latina: mapeo legislativo y proyectos parlamentarios”, publicado el 12 de noviembre, nueve países adoptaron un marco normativo paritario en el nivel nacional de Gobierno en lo relacionado a la elaboración de listas de candidatos: Argentina (2017), Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), México (2014), Nicaragua (2010), Panamá (2012) y Perú (2019).
Único
Bolivia es el único país que adoptó una ley específica contra el acoso y violencia política. La norma está vigente desde mayo de 2012. Sin embargo, su implementación todavía no tiene los resultados esperados.
Las causas y una promesa
A criterio de la responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, ninguna de las vías establecidas por la Ley 243 funcionan bien.
Manifestó que los obstáculos más frecuentes para la aplicación de la ley en la vía penal son la falta de capacitación y conocimiento de la norma por parte de los operadores de justicia, el Ministerio Público y la Policía; además de la falta de patrocinio legal gratuito, la falta de recursos económicos de las denunciantes, el uso indebido de influencias y las barreras estructurales como la retardación de justicia y la corrupción.
Sin embargo, la diputada Morales adelantó que la Asamblea Legislativa conformará una comisión, en los siguientes meses, para dar seguimiento a los casos de violencia y acoso político, feminicidios e infanticidios.
Precisó que esa comisión se encargará de darle seguimiento, sobre todo, a la retardación de justicia en esos casos.
Existen más resultados en el ámbito internacional
Ante los casos de acoso y violencia política, hay mayor relevancia en el ámbito internacional que en Bolivia, donde no existen responsables de estos hechos.
La Coordinadora de la Mujer denunció la impunidad que existe, pese a que la Ley 243 tiene vigencia de ocho años. “La impunidad, el acoso y violencia acompañan como una sombra el accionar de las mujeres en la política”.
La concejala Rocío Molina expresó que es icónico que el caso de la exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce, “ha recorrido el mundo”.
Este y otros casos de autoridades víctimas de acoso y violencia política fueron denunciados por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
“Ha emitido un informe como alto comisionado al país y ha pedido una explicación en el caso de la Alcaldesa (Arce), mi caso y varios casos más; y han solicitado medidas de protección que el Estado debe establecer con las mujeres víctimas de acoso”, informó.
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