“Nos parece importante escuchar su opinión, para que no nos diga que esta comisión actuó arbitrariamente. Hay que conocer el criterio de ambas partes”, dijo a los periodistas el presidente de la comisión, quien explicó que la mandataria tiene 24 horas para responder.
La comisión legislativa ya tiene casi listo su informe sobre la intervención policial y militar de los conflictos en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata (El Alto), del 19, y de otros, a los días de la sucesión “ipso facto” de la otrora senadora Áñez, que terminaron con la muerte de una treintena de personas.
Borda afirmó que si Áñez no quiere responder el cuestionario, la comisión mixta va a tener que publicar su informe “con base a elementos y declaraciones” ya conocidos, además de dictar las responsabilidades sobre ambos hechos, considerados masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Razón adelantó este miércoles que los legisladores —con información del Instituto de Investigaciones Forenses (IDF), exjefes militares y policiales, y testimonios— hallaron pruebas de que las muertes en Sacaba y Senkata fueron ocasionadas por armas de reglamento tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Boliviana.
Un informe anterior de este diario estableció que los militares y policías usaron en esas intervenciones armas letales, como los fusiles automáticos livianos (FAL), de uso regular en la tropa de las Fuerzas Armadas, además de otros equipos de guerra.
Borda dijo que el nuevo cuestionario es el mismo que antes envió la comisión a la presidenta Áñez. Informó que la mandataria había objetado anteriormente que el cuestionario no estaba firmado por todos los legisladores de la comisión.
En tanto, dijo que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, pidió un cuestionario, pero cuando se le fue enviado respondió que —recordó el diputado— no reconoce la autoridad de la comisión.
El 14 de noviembre, Áñez y su gabinete promulgaron el Decreto Supremo 4078 cuyo contenido librar de cualquier sanción penal a los militares en casos de intervención de conflictos. La norma fue abrogada 20 días después de su cometido.
