Rebelión del pueblo de Santa Cruz contra las élites, logias, medios y partidos derechistas

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Al menos un centenar de organizaciones sociales, entre gremiales, artesanos y transportistas, marcharán este viernes por la ciudad en demanda a los cívicos cruceños que cese el paro para ejercer con libertad el derecho al trabajo.

Enrique Aro, dirigente gremial del Plan Tres Mil, aclaró que la marcha será pacífica y que los convocados portarán banderas blancas de paz.

La movilización se concentrará a media mañana en el Parque Urbano y se dirigirá luego al emblemático monumento al Chiriguano.

De acuerdo con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, los efectos del paro cívico, que hoy cumple 21 días, afectó con más fuerza a las familias pobres y los sectores vulnerables de Santa Cruz quienes, dijo, “paguen y carguen sobre sus espaldas los efectos del bloqueo forzoso”.

Prada informó que hasta el jueves, en 20 días de paro indefinido en Santa Cruz, se generó un daño económico que supera los 700 millones de dólares al departamento.

“Este terrible daño económico se lo ha cargado al pueblo cruceño”, declaró la autoridad.

Vecinos anuncian un cacerolazo en protesta contra el paro indefinido

Vecinos del Distrito 12 de Santa Cruz en un cacerolazo contra las élites.

AHORA EL PUEBLO.- Organizaciones sociales y vecinos de varios barrios de la ciudad de Santa Cruz, a través de redes sociales, se autoconvocaron para un “cacerolazo” hoy desde las 08.00 en el Parque Urbano en rechazo al paro cívico indefinido que ya cumple 20 días.

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Santa Cruz, Omar Ribera, lamentó que el problema del Censo se lleve al ámbito político y que la población humilde sea la más afectada. Ante esa realidad, indicó que los vecinos se organizan y salen a las calles en protesta.

“Hay preocupación de la población porque muchos deben al banco, llegan las facturas de agua y luz. Muchos están impedidos de trabajar”, señaló.

La activista Pamela Flores, a través de sus redes sociales, anunció que se sumará a la convocatoria para salir a las calles a protestar.

En el Distrito 12 de la capital cruceña, ayer, un grupo de mujeres salió a las calles con cacerolas y pancartas para expresar su preocupación ante la medida que no permite trabajar ni circular libremente.

En la ciudad de Montero también la población salió en marcha de protesta con cacerolas para pedir al gobernador Fernando Camacho y a los cívicos levantar el paro.

“A las autoridades municipales, departamentales y cívicas quiero decirles que estamos preocupados con lo que está sucediendo. Más de dos semanas de paro y no hay solución”, expresó Federico Solares, dirigente vecinal del barrio Nueva Esperanza, en el Distrito 12.

Decadencia

Por César Navarro Miranda/LA RAZON.-

Cuando fue desplazado de la titularidad del Estado el sistema político de partidos de derecha, por la renuncia-huida de Goni y el triunfo democrático del MAS, el establishment de la cruceñidad asumió como razón política ser un opositor constante y apropiarse políticamente del departamento a través de las autonomías como paso previo al federalismo, retirada táctica del Estado y apropiación estratégica del departamento.

Esta estrategia parte de la constatación que ya no podrán ser sujeto político beneficiario e influyente en el Estado, como lo fueron con el nacionalismo revolucionario, en las dictaduras militares y en el neoliberalismo, esa lógica de poder se quebró a inicios de siglo.

En el cabildo de enero de 2005, el Comité Cívico de Santa Cruz (CCSC), cuyo presidente era Rubén Costas, presionó, el entonces presidente Carlos Mesa cedió su facultad constitucional de designación de prefectos y convocó a la elección de estas autoridades; este hecho político fue fundamental, el establishment antepuso su agenda a la Asamblea Constituyente, que era una demanda política de las organizaciones sociales del país. La elección quedó parcialmente frustrada por la renuncia de Mesa.

Pero, en las elecciones nacionales de diciembre de 2005 también se eligió a los prefectos, en esta decisión jugó un rol decisivo el expresidente Rodríguez Veltzé y Salvador Romero, entonces presidente de la Corte Electoral; en las elecciones de constituyentes en 2006, también se incorporó la pregunta sobre la autonomía. Estos dos hechos políticos fueron determinantes para entender la tensión, el conflicto entre el establishment y el gobierno popular de izquierda.

Los prefectos cruceños siempre fueron de derecha, pero designados por el presidente de turno, en este nuevo escenario asumieron a la prefectura —hoy gobernación— como una propiedad de las élites.

La triada del poder político se articuló entre CCSC-gobernación- gobierno municipal, bajo el liderazgo cívico, porque se autodefinen gobierno moral de los cruceños. Sus núcleos fácticos del poder son la oligarquía, el empresariado, las empresas de servicios dirigidas por la élite —Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico (Saguapac), Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas)—, medios privados de comunicación, las comparsas, la Unión Juvenil Cruceñista y la Conferencia Episcopal Boliviana.

El tiempo fáctico de este modelo alcanzó la cima con la creación del Consejo de Autonomías, que era integrado por cuatro departamentos —Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando— y luego el Conalde, con la incorporación de dos departamentos más —Chuquisaca y Cochabamba—; el objetivo, imponer la autonomía bajo la lógica de la cruceñidad e impedir el desarrollo y conclusión de la Asamblea Constituyente.

Un factor, no el único para su derrota, fue que se autoconsideraron un movimiento nacional, subordinando a toda la derecha y regiones bajo el mando de Branko Marinkovic y el CCSC; fácticamente fueron cabeza del enfrentamiento, pero no líderes de una opción nacional en pleno proceso constituyente.

Fue el tiempo donde la decadencia afloró como realidad. Lo que impidió el desplome pero no la crisis del establishment fue Costas en la gobernación y el alcalde Percy Fernández.

Salir del ostracismo para el CCSC significaba aparentar paternidad política sobre las derechas. En 2019 quiso “mediar” para forzar una sola candidatura electoral, fracasaron, su opción fue conspirar contra las elecciones y su mejor escenario, el “fraude”; el enemigo, ya no el adversario, era el presidente indígena de izquierda.

Lograron imponer, con la complicidad mediática e internacional, este dispositivo que movilizó a la ciudadanía urbana con características violentas y raciales para impedir el reconocimiento del resultado electoral. A ello se debe que Camacho y la ultraderecha desecharon a Carlos Mesa al bloquear su aspiración a la segunda vuelta, esta decisión constató que Mesa era un candidato útil y desechable.

Creyeron que su euforia en la toma violenta del Palacio Quemado les daba la condición de liderazgo nacional, su máxima fue la escenificación tétrica en el balcón del Palacio, junto a la presidenta de facto enarbolando la Biblia.

Camacho, constituido en el peor gobernador —lo dice la misma derecha—; Calvo redujo al CCSC a un apéndice mediocre de la Gobernación. Intentan impedir su derrumbe apelando al chauvinismo regionalizado, para ello el Censo es la excusa.

La decadencia no está reflejada solo por el nivel de “liderazgo”, sino porque no lograron superar la derrota autonómica. Se redujeron a ser los titulares e impulsores eternos de conflictos, recurren al drama, a la escenificación como el método pragmático para aparentar la imagen, el simbolismo de víctimas del Estado Plurinacional que quiere destruir al departamento, a su modelo económico, sojuzgar a los cruceños, avasallar sus tierras. El testimonio de sus actos grafica su decadencia.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Las élites vs. la democracia

Por Carlos Moldiz /LA RAZON.-

Las últimas tres semanas de paro cívico han sido una demostración de la arbitrariedad y el autoritarismo de las élites económicas del país, que actúan hoy a través del Comité pro Santa Cruz y la Gobernación de aquel departamento, secuestrando la representatividad de su población mediante la instrumentalización de un discurso regionalista que, por diferentes razones, tiene asidero popular y que no ha sabido interpretarse ni desde la izquierda ni desde el oficialismo.

En su desafío a la autoridad del Estado, estas élites han provocado un muerto en el municipio de Puerto Quijarro, han cometido actos de violencia y discriminación en contra de sectores vulnerables de la población, como las mujeres ayoreas de Concepción, y han vulnerado la libertad de locomoción y el derecho al trabajo de los millones de bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz, sin mencionar los actos de vandalismo y sedición como la toma de un comando policial en La Guardia; todos hechos delictivos, sin lugar a duda, pero que, extrañamente, quedan todavía impunes. Bien se podría encarcelar al subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, o a los paramilitares gansteriles de la Unión Juvenil Cruceñista sin que ello implique la vulneración del derecho a la protesta al que tiene título toda y todo boliviano.

La arbitrariedad de estas élites resulta todavía más indignante cuando se atreven a reclamar que sus empresas sigan funcionando, con subvención del Estado, mientras se obliga a cientos de miles de comerciantes y cuentapropistas a suspender sus actividades de sustento diario por una consigna que nadie en el campo opositor ha podido defender racionalmente desde que el conflicto con el Gobierno empezó y pasando por encima, por si fuera poco, de las determinaciones asumidas por la mayor parte de los gobiernos subnacionales del país, a través del Consejo de Autonomías, o asociaciones municipales como la propia Amdecruz, en julio de este año.

En otras palabras, son élites que actúan con el convencimiento de que están por encima del orden constitucional del país, que no necesitan elecciones para ejercer su voluntad y que tienen el poder para derrocar o, por lo menos, desgastar a gobiernos democráticamente elegidos, porque tienen el control de los principales medios de producción en su región, así como de una maquinaria política de clientelismo nada despreciable como lo es la Gobernación del departamento de Santa Cruz, además de medios de coerción que en cualquier otra sociedad serían declarados como organizaciones delictivas, como la Unión Juvenil Cruceñista. De hecho, justo a inicios de esta semana, al más puro estilo Joe Valachi, Yassir Molina y sus secuaces de la RJC confirmaron lo que todos ya sabíamos hasta ahora: estas élites suelen hacer negocios con el hampa para construir su base social.

Desde hace décadas, estos sectores no han podido asumir el control del Estado, que también necesitan para impulsar una mayor acumulación de ganancias por medios democráticos, viéndose obligados a ejecutar burlonamente un golpe a nombre de la democracia, estableciendo un régimen de excepción durante el cual se cometieron dos masacres y se violaron los derechos humanos de cientos de miles de bolivianos; un gobierno de facto aplaudido por políticos que durante mucho tiempo se esforzaron en presentarse a sí mismos como convencidos liberales, sin considerar por un instante la monstruosidad que cometían al respaldar a matones como Jeanine Áñez o Luis Fernando Camacho, que de paso los ningunearon como lo que eran: unos cobardes, como le sucedió a Mesa en el aeropuerto de El Alto.

Hoy, nuevamente en noviembre, estas élites tratan de minar la gobernabilidad del régimen democrático en Bolivia, porque ya no les sirve, y nosotros acá, actuando como si no supiéramos que somos mayoría.

Carlos Moldiz es politólogo.

Pierden los golpistas

Por: Armando Aquino Huerta/ AHORA EL PUEBLO.-

Por los delitos cometidos durante el paro indefinido, convocado por los golpistas Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la UAGRM —presidente del Comité Interinstitucional—, y otros políticos de la derecha fascista de Santa Cruz, ellos tendrían que pagar —más o menos— $us 680.000.000 para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados hasta hoy día, conforme disponen el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal; ni qué decir si dicho paro constituye una traición al pueblo, porque le prohíben trabajar, y a pelearse entre hermanos, ofrendando su vida inclusive.

Dicho paro fue rechazado por el 99% de los bolivianos y bolivianas, que quieren Censo para 2024 técnicamente realizado, y no en 2023; por lo mismo, se están normalizando todas las actividades, fracasando el paro —los golpistas no ganaron nada—, por sus caprichos y afanes desestabilizadores ampliamente conocidos. En Tarija, respecto al capricho dicen: “Caprichoso como burro chiquito”.

Eludir el diálogo en varias oportunidades prueba que no les interesa el diálogo ni quieren dialogar, porque alguien les dijo que no se da golpes de Estado dialogando ni consensuando, y porque creen o alguien les hacer creer que la democracia es el gobierno de las minorías, al punto que hablan en nombre de toda Bolivia; esa soberbia, sumada a la mentira de que están acatando lo resuelto en el cabildo del 30/IX/2022 que no aprobó ningún bloqueo, demuestra también que perdieron credibilidad haciéndose odiar, por cínicos.

La ignorancia política de ellos también es causante de perder y ser derrotado en sus afanes golpistas porque Nicolás Maquiavelo escribió El príncipe, y otros escribieron libros sobre Derecho Político, Ciencia Política, Derecho Constitucional, y Derechos Humanos, para leerlos y ser políticos de verdad —no politiqueros—; si no se los lee, se convoca a paro indefinido para los pobres no para los ricos, cometiendo delitos y violando los Derechos Humanos, porque los ricos quieren que hayan más pobres, para explotarlos; por lo que los golpistas abandonarán y perderán cualquier debate en las reuniones, encuentros, cumbres, mesas técnicas y elecciones generales.

Desconocer que el 80% de los comerciantes, transportistas, constructores, albañiles, agricultores, gremiales, educadores, empleados públicos, trabajadores, cuentapropistas, profesionales, técnicos, vendedores ambulantes y otros son collas es ignorar que Santa Cruz es colla dependiente, y que el gobierno legítimo de Luis Arce Catacora está respaldado por todas las organizaciones sociales del país, incluidos los cruceños que rechazan el paro indefinido; por ello, los golpistas no deben decir: “Los collas deben irse de Santa Cruz”, porque Santa Cruz no existiría sin collas. Túpac Katari cuando era descuartizado dijo: “Volveré y seré millones”; por ende, en el futuro, Santa Cruz podría ser gobernada por los Katari, Mamani o Quispe, hijos del Collasuyo.

En realidad, Luis Fernando Camacho ya había perdido todo cuando entró al Palacio Quemado el 10 noviembre de 2019 con la Biblia en la mano, traicionando al pueblo; porque la Biblia en Mateo 26.24 respecto a la traición dice: “…mejor le fuera a ese hombre no haber nacido”.

Y así pierden los golpistas todo lo planificado con su paro indefinido, rechazado por el 99% de los bolivianos y bolivianas, y pueden perder su libertad porque los autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos en dicho paro deben ser aprehendidos, peor si dicen: “El paro continúa”.