Cuatro muertos, 178 heridos, violación grupal, racismo, hambre y $us 720 millones de pérdidas deja el paro de Camacho

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI). – Con videos se respaldó las denuncias de noches y tardes de “terror” que caracterizan el paro cívico en Santa Cruz. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que los líderes de la presión tienen las “manos manchadas de sangre”, por cuatro muertos, una violación grupal y 178 heridos en 20 días de paro.

Del balance de 20 días de paro no estuvo ausente el daño económico. La cifra de daño económico escaló a los $us 720 millones, monto que continuará ascendiendo en la medida que continúe el paro indefinido declarado por el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo exigiendo adelantar el censo sin respaldo técnico.

“Las afirmaciones del gobernador, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros grupos violentos que se han desplazado por la ciudad de Santa Cruz generando terror, fundamentalmente en las tardes y noches cruceñas, respecto a la radicalización de esta medida, a la violencia y a muertos, se ha cumplido, estas personas son las responsables y quienes tienen manchadas sus manos con sangre del pueblo”, denunció en una conferencia de prensa.

Una de las primeras muertes se dio en Puerto Quijarro, en el primer día del paro, se trataba de una persona que exigía su derecho al trabajo, fue asesinada a golpes. En la ciudad de Santa Cruz ocurrieron el resto de muertes, entre ellas de un mototaxista que se degolló con un alambre, como parte de los bloqueos, extendido de un extremo a otro de una vía.

También se denunció la violación múltiple de una menor y de decenas de heridos en los puntos de bloqueo cívico. Los bloqueadores no dejaron pasar ambulancias en estos días y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas, además de cobrar para permitir el paso.

“Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro –de churrasco, de piscinas, de cantos y confraternizaciones- y no mostrar lo que estamos viendo en noches y días de terror contra quienes quieren desplazarse a comprar sus alimentos, a sus trabajos, quienes se suben a micros para poder trabajar; transportistas, familia gremial y muchas familias cruceñas”, cuestionó.

Prada demandó que se haga justicia contra toda violación de derechos humanos, para sentar un precedente de forma que “nunca más vuelvan a repetirse bajo el eslogan de paro cívico”.

Se hará denuncia en las instancias nacionales e internacionales. “El paro cívico está lejos de ser una protesta pacífica, ha generado muerte, dolor, violencia, racismo, discriminación, vulneraciones a los derechos humanos, pobreza y hambre. Estos hechos no pueden repetirse nunca más, por lo que trabajaremos sin descanso para que haya un precedente, las denuncias las hemos presentado como gobierno en el ámbito nacional e internacional”, anunció.

Este jueves se cumplió 20 días de paro convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, que se caracteriza por la violencia, discriminación y racismo como lo ocurrido en Concepción con el pueblo ayoreo, amenazado con ser expulsado de su tierra.

Camacho y calvo coincidieron en amenazar con radicalizar las protestas en su exigencia de adelantar el censo, pese a que una comisión técnica concluyó que puede reducirse en un mes la fecha y realizarlo entre marzo y abril de 2024.

Prada aseguró que el gobernador, excívico y actor central de la crisis y golpe de Estado de 2019, “fracasó” en su pulseta con el pueblo.

“La pulseta del gobernador no se ha la ha hecho a nuestro gobierno, se la ha hecho al pueblo cruceño, a ese pueblo que día a día trabaja por el crecimiento del departamento, y esa pulseta al pueblo cruceño trabajador es en la que ha fracasado, porque en lugar de dar mejores días, solamente ha generado muerte, dolor, hambre, pobreza, racismo, discriminación y violencia”, afirmó.

Camacho en ningún momento se pronunció sobre los hechos específicos de violación de derechos humanos.

El paro cívico causó también causó racismo, discriminación, odio, pobreza y chambre

El paro cívico sume a Santa Cruz en la violencia fascista y destruye la convivencia ciudadana. Ministra Prada denuncia la serie de incidentes, agresiones, delitos y amedrentamientos promovidos por una postura racista y discriminadora del gobernador Camacho, el cívico Calvo y sus grupos de seguidores.

– La ministra de la Presidencia María Nela Prada informó que el Gobierno presentó denuncias a nivel nacional e internacional contra responsables de cuatro muertes y más de cien heridos, además de innumerables violaciones a los derechos humanos en los 20 días el paro en Santa Cruz.

Textuales:

– “El llamado paro cívico ha generado muerte, ha generado dolor, ha generado violencia, ha generado, ha generado discriminación, ha generado terribles vulneraciones a los Derechos Humanos; intolerancia, odio, pobreza y hambre”.

– “Las afirmaciones del gobernador, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros grupos violentos respecto a la radicalización de esta medida, se han cumplido y hoy estas personas son las responsables, y tienen manchadas sus mandos con sangre del pueblo”.

– “La protesta es un derecho (…) y, por lo tanto, el disenso es también un derecho, pero lo que está pasando con el llamado paro cívico está muy lejos de ser una protesta pacífica”.

– “Hemos visto atentados a la vida, atentados a la integridad física, atentados al trabajo, atentados a la economía, atentados a las ollas de las madres cruceñas, especialmente, de las familias más vulnerables”.

– “Estas situaciones no pueden normalizarse, no pueden invisibilizarse, no se puede mostrar solamente la cara bonita del paro, del churrasco, de piscinas, de cantos y confraternizaciones y no mostrar lo que estamos viendo en noches y días de terror”.

– “El gobernador no le ha hecho la pulseta al Gobierno Nacional, sino al pueblo cruceño trabajador, y en esa pulseta ha fracaso, porque ha generado muerte, violencia, dolor y hambre”.

– “El costo del paro está sobre las espaldas de las familias más pobres y vulnerables”.

– “Hay un pueblo cruceño en marcha que ha dicho ‘no’. Cada día hay más voces que se están levantando y dicen que estos hechos no pueden quedar invisibilizados y en la impunidad”.

– “Cada vez somos más los que no le tenemos miedo al gobernador y sus actitudes fascistas y que poco a poco vamos a construir una Santa Cruz mejor para nuestros hijos”.

– “Podemos construir otra Santa Cruz que se sienta orgullosa de la pluralidad del departamento y de recibir a tanta gente del resto del país. Orgullosa de nuestras diversidades, de nuestros colores de piel, de nuestros ponchos, polleras y abarcas”.

Una ciudad sumida en el caos y la violencia:

– La ministra Prada enumeró no solo los casos específicos más graves de muerte, violencia y agresión, sino las situaciones generales a las que las fuerzas operativas de Camacho y Calvo someten a los cruceños.

– Expuso numerosos videos captas por ciudadanos de varias zonas de la capital cruceña, y que prueban la extrema violencia a la que están sometidos los cruceños.

– Hubo cuatro muertos en hechos ligados directamente a la violencia de los bloqueadores y sus ataques a quienes resisten sus medidas.

– Hubo 178 heridos en hechos de tránsito, pese a que en teoría es un paro sin circulación de vehículos.

– Hubo una violación masiva en un punto de bloqueo.

– Hubo un acto de agresión racista contra mujeres ayoreas por parte de una autoridad.

– Pero, además, una sistemática situación de amedrentamiento y vulneración de los derechos básicos: agresiones a gente que sale a buscar alimentos, a pacientes que quieren llegar a centros médicos, a conductores, peatones, niños, mujeres, campesinos e indígenas, por el simple hecho de salir a ejercer sus derechos a circular, trabajar, educarse y atender su salud.

– Hay una intolerable acción organizada de civiles que ejercen controles coercitivos en rotondas, calles, micros, donde piden carnet de identidad y las credenciales y “pases” ilegal y abusivamente expedidos por los cívicos.

– Hay movilización de grupos violentos de personas en motocicletas que recorren barrios y provincias arrogándose un “mandato” de hacer cumplir el paro.

– Más de $us 700 millones de daño económico a Santa Cruz, que se carga al pueblo cruceño, porque los que convocan no sufren los efectos

Camacho y Calvo contrataron sicarios para arremeter contra los cruceños

Ahora El Pueblo Digital.- El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, acusó al Gobernador Fernando Camacho y al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, de contratar sicarios para arremeter contra la población cruceña en relación al último deceso registrado en el barrio Latino, en la ciudad de Santa Cruz.

“Son asesinatos que se están cometiendo por sicarios que contrata Camacho y Calvo para que generen estos hechos de violencia”, afirmó.

Agregó que ambos políticos no buscan el Censo para 2023, sino convulsionar al país como se realizó el 2019 que provocó un golpe de Estado.

“No les interesa el Censo a Calvo y a Camacho, lo están utilizando como un pretexto para generar violencia al igual que lo han hecho el 2019”, aseguró.

En 20 días de paro convocado por el Gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y por el cívico Rómulo Calvo, cobró la vida de cuatro personas por diferentes hechos violentos que hoy enlutan al país.

El paro impide investigar asesinatos, violación grupal y delincuencia en bloqueos

ABI.- La inseguridad ciudadana en los puntos de boqueo, entre el ocaso y la madrugada, han cobrado la vida de dos personas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se sospecha que uno de ellos se trata de un crimen de odio, una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales.

La fuerza pública de Santa Cruz informó que investiga, además, al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes están a favor y contra del paro económico que este jueves cumple 20 días.

Lamentablemente –declaró el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Julio César Cossío– las condiciones sociales dificultan las investigaciones y el trabajo de inteligencia operativa.

“Y en este ambiente, a veces hostil, se pone en riesgo a los servidores públicos policiales”, remarcó el jefe policial.

Mototaxista

Eduardo Arancibia Barrancos, de 22 años, falleció al ser casi decapitado por un cable de tendido eléctrico que los bloqueadores dejaron amarrado a baja altura entre dos árboles.

El joven chofer de mototaxi circulaba en su vehículo de dos ruedas durante la madrugada del martes y, al intentar sortear un punto de bloqueo en el barrio Tres Lagunas, ninguna señal le advirtió del letal obstáculo.

Pandillas o crimen de odio

En la madrugada del jueves, vecinos del barrio Latino denunciaron que dos hombres, también en un punto de bloqueo, fueron atacados por un grupo de personas y que los apuñalaron.

Uno falleció y el estado de salud del otro, que está internado en un centro de salud de la ciudad, es de diagnóstico reservado.

De acuerdo con el comandante de la Estación Policial Integral 9, Jorge Espejo, el fallecido es José Eduardo Sosa, de 28 años.

«Estamos en la etapa de investigación, pero son cosas confusas, hay una referencia de que fueron atacados mientras hacían vigilia, y también de que se trataría de un problema de pandillas que están aprovechándose del paro», explicó.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, reveló desde la Capital del Estado que José Eduardo Sosa perdió la vida al desangrarse por múltiples puñaladas y que, además, “le extirparan el corazón”.

La autoridad del Ministerio Público aportó otra línea de investigación al caso: «De hecho, ya raya en un crimen de odio”.

Violación grupal

La madre de una víctima pidió a la Casa de la Mujer que denuncie que, en un punto de bloqueo durante el tercer día de paro cívico, se cometió una violación agravada por múltiples agresores.

“La Policía activó inmediatamente todos los mecanismos de investigación para encontrar a los responsables del hecho”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Carlos Oporto.

En este caso, el secretario general de la Fiscalía General del Estado también explicó que se trata de una joven de 21 años y que ya se desplegó un equipo multidisciplinario especializado para avanzar en el caso.

El hecho habría ocurrido el 24 de octubre en la zona periurbana de Pampa de la Isla, en el barrio Señor de los Milagros, próximo al cuarto anillo.

Puerto Quijarro

Julio Taborga se convirtió en el primer fallecido del paro cívico. Murió en la madrugada del 23 de octubre en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil.

Taborga era funcionario del municipio fronterizo.

Derechos Humanos

El exrepresentante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Bolivia, Denis Racicot, consideró que en Santa Cruz rige de facto una “masiva y sistemática” violación a los derechos humanos como efecto del paro indefinido.

Racicot señaló, en declaraciones a la estatal Bolivia TV, que el paro ha dado espacio a un “clima generalizado de violación a los derechos humanos”, porque por decisión de unas cuantas personas se está privando a una población de varios millones de ejercer su derecho al trabajo, a la educación e incluso a la libertad de movimiento

A tres años: Camacho y el pacto “que cerró con militares y policías” para consumar el golpe de Estado de 2019

ABI. – Con esa imagen fabricada por sus asesores: una cachucha negra y con una polera blanca de mangas cortas, Luis Fernando Camacho, cuenta “su hazaña”: “La historia fue tan hermosa que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”.

Ese “pacto” con los militares y policías, como lo confesó el propio Camacho en diciembre de 2019, le dio la “seguridad” para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Eso sucedió el 2 de noviembre de 2019. Empleando símbolos religiosos y también la biblia, Camacho, por entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, secundado por su vicepresidente Rómulo Calvo, dio a Morales un plazo de 48 horas para que renuncie.

Alegando un supuesto fraude electoral, que nunca certificó la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 4 de noviembre de ese año, Camacho leyó ante un cabildo la carta de renuncia de Morales y prometió trasladarse a La Paz para hacerla firmar.

Para entonces, el padre de Fernando Camacho, José Luis Camacho Parada, quien fue paramilitar en la década de los ’70, y tuvo un rol activo en la masacre de la UAGRM (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) en el golpe de Estado de 1971 (Valverde: 2002, p.121) que instaló la dictadura de Hugo Banzer, ya había establecido los contactos con los miembros de las Fuerzas Armadas y también con la Policía.

El nexo de las conversiones fue Luis Fernando López, quien días después sería premiado con el cargo de Ministro de Defensa.

“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas”, declaró Camacho rodeado de un grupo de personas aparentemente en el aeropuerto de Santa Cruz.

De acuerdo con Camacho, eso fue decisivo porque así se pudo llevar la protesta de Santa Cruz a La Paz pues, si no Morales, habría “estado mirando todo desde el palco”.

Y así sucedió. El “pacto” con los policías, a quienes incluso Camacho les prometió una jubilación con el 100% de su sueldo, como sucede con los militares, se materializó el 8 de noviembre de 2019.

Los policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con múltiples demandas, que incluían la renuncia del presidente Morales.

El mismo día, la policía de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron al motín, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.

Esto generó que la Plaza Murillo, que alberga las sedes de instituciones públicas, como la Casa Grande del Pueblo, la Vicepresidencia del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional, quedaran desprotegidas.

De acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el “motín aceleró la escalada de violencia en casi todo el país”.

El Gobierno convocó a un diálogo urgente con la Policía Boliviana para terminar el motín y pacificar al país, descartando cualquier intervención de las fuerzas militares y ofreciendo el cumplimiento a tres de sus exigencias.

En medio de ese contexto, a las 04.05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, de forma unilateral e inconsulta con la OEA, el secretario general del organismo, Luis Almagro, publicó su Informe de Hallazgos Preliminares a las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa”.

A raíz de la polémica desatada por el informe, durante la mañana el presidente Morales anunció que se repetirían las elecciones y se renovarían los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, los políticos opositores rehusaron la propuesta del jefe de Estado e hicieron pronunciamientos para que renunciara.

Ese 10 de noviembre, según testimonios recopilados por la GIEI, las Fuerzas Armadas movilizaron un caza militar para sobrevolar bloqueos en Challapata, sin solicitar la autorización del presidente o del Ministro de Defensa.

Además, privaron a Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera del uso del avión presidencial, decisión que se revirtió luego de algunas negociaciones; pero al llegar al Chapare se los trasladó al área militar de ese aeropuerto en lugar del área civil.

Mientras el presidente y el vicepresidente viajaban de La Paz al Chapare, el comandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, emitieron sendas declaraciones, llamando a la renuncia del mandatario Morales.

“Queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP, que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”, señalaba un comunicado difundido por el comandante de la Policía Boliviana.

Tras ello, el comandante, jefe de las Fuerzas Armadas, hizo una declaración semejante en conferencia de prensa.

“Tomando en cuenta la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado, en conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, dijo Kaliman.

El mismo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a su cargo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano”, dijo Morales.

El plan golpista tenía con claridad su objetivo y no permitió que ningún legislador del MAS-IPSP llegara a asumir la presidencia y para cumplir ese objetivo no midieron las consecuencias.

Luego de la dimisión de Morales y García Linera, también dimitieron la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambas autoridades en la cadena de sucesión, según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado.

Para que Borda renuncie, los opositores incendiaron su casa, y el 10 de noviembre de 2019 tomaron de rehén a su hermano a quien lo trasladaron descalzo hasta la plaza principal de la ciudad de Potosí.

“Lamento mucho que en este momento ha sido tomado de rehén mi hermano, ha sido trasladado descalzo a la plaza, les pido respetar su vida. El problema en mi ideología es conmigo y no con mi familia. Ayer, un grupo de personas en la ciudad de Potosí prendió fuego a mi casa, en protesta por los ataques que sufrieron los mineros en la localidad de Challapata en la carretera a la ciudad de La Paz”, dijo Borda a una emisora local.

Para el portavoz Presidencial, Jorge Richter, lo que sucedió en 2019 fue la aplicación de una metodología de asumir una “indignación colectiva”, en ese caso sobre las elecciones generales, para “imponer un nuevo orden político”.

Y es esa misma metodología la que hoy Camacho y el cívico Rómulo Calvo, protagonistas de la ruptura del orden constitucional de 2019, tratan de reeditar tomando como bandera la realización del Censo de Población y Vivienda el año 2023, sin considerar los criterios técnicos que exige ese proceso.

“El paro cívico es la herramienta de movilización con la cual se puede afectar a un Gobierno, funcionó el año 2019, el día de hoy, con estos 20 días, no ha funcionado porque se han dado otros condicionamientos y otras respuestas”, sostuvo Richter.

Consumado el golpe de Estado en 2019, la red Unitel, empresa bajo control del Grupo Monasterio, una de las representaciones más evidentes del poder oligárquico en Bolivia, de acuerdo con el investigador Edgar Ramos Andrade, empezó a divulgar, sin sustento normativo que, a la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, le correspondía asumir la presidencia pese a que la propia Constitución no incluía su cargo como parte de la sucesión constitucional.

No obstante a ello, y como lo admitió el monseñor Ricardo Centellas, de “ipso facto y ahorrando formalismos”, la segunda Vicepresidenta del Senado se declaró primero Presidenta del Senado, y posteriormente Presidenta del país, el 12 de noviembre de 2019, y para poner orden dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas de Sacaba y Senkata, dejando más de una treintena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y perseguidos políticos.

El día en que las FFAA se cuadraron ante la senadora Áñez

El 11 de noviembre de 2019, Áñez llegó a La Paz para tomar el poder.

Jeanine Áñez improvisó una rueda de prensa al llegar a la Asamblea, el 11 de noviembre.

Por Rubén Atahuichi / LA RAZON.- Minutos después de que el presidente Evo Morales renunció en Chimoré, el 10 de noviembre de 2019, la senadora Jeanine Áñez ya había proclamado su sucesión. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas ya se le habían cuadrado, sin ser proclamada aún.

Al mediodía del 11 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores arribó a El Alto, motivada por la propuesta que un grupo de jerarcas de la Iglesia Católica (UCB), embajadores, políticos y cívicos le había hecho de asumir el poder.

Lo hizo en un vuelo privado de Amaszonas, de Trinidad, con escala en Santa Cruz, a La Paz. En Santa Cruz coincidió con el senador Óscar Ortiz, de su alianza Unidad Demócrata (UD).

“En el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea; allí estaba personal militar, me subí al helicóptero, junto con el senador Ortiz.

El que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar”, contó en su declaración ante el fiscal Omar Mejillones, el 8 de junio de 2021.

Un militar se había cuadrado a la senadora, aparentemente, por instrucción del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros.

Acto seguido, Áñez, Ortiz y los dos hijos de la senadora fueron transportados al Colegio Militar, en la zona de Irpavi de La Paz, en el helicóptero FAB-754.

Jeanine Áñez llega a la Asamblea Legislativa. Foto. la razón-archivo

Con Morales atrincherado desde la noche anterior en la selva del Chapare, en aprestos para abandonar el país, Áñez organizaba la toma del poder. Tenía apoyo político y externo, aunque no fuerza legislativa para una eventual sucesión; representaba a la minoría.

Declaración Constitucional

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y su asesor Luis Vásquez habían desempolvado la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que el exmandatario había blindado su sucesión ante la renuncia, por un cáncer terminal, del entonces presidente Hugo Banzer.

En la reunión extralegislativa de la UCB, la tarde de la renuncia de Morales, ambos explicaron el sentido del documento para sustentar la sucesión de Áñez.

Eso ante la renuncia sucesiva del vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda.

Entonces, Ricardo Paz, asesor de Carlos Mesa, llamó a Áñez para comunicarla con el foro. “Entre las 18.00 y 19.00 (era de noche) yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión”, contó Áñez al fiscal.

“Yo respondo que estaría dispuesta si podría contribuir a la pacificación del país”, siguió.

Con esa certeza, Áñez intentó arroparse del conflicto que entonces había liderado el presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador Luis Fernando Camacho. Al llegar éste a La Paz, había establecido su cuartel general en el hotel Casa Grande.

Hasta allí llegó Áñez luego de abandonar el Colegio Militar.

Después de una reunión con Camacho y el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, que también secundaba las protestas, la senadora tomó rumbo a la plaza Murillo, acompañada de una cápsula presidencial.

Entonces, Mesa —quien se movilizó por sentirse víctima de un presunto fraude electoral— propugnaba la convocatoria de la Asamblea Legislativa para la sucesión.

Es “la única posibilidad de construir una sucesión democrática y una acción que esté bajo la norma constitucional para que el mundo no nos acuse de haber llevado un gran golpe de Estado”.

Áñez y la Asamblea Legislativa

Al llegar Áñez a la Asamblea Legislativa, lamentó la crisis y lloró conmovida —indicó— por las muertes del conflicto. “Esto es por Bolivia, queremos la pacificación del país. De manera constitucional, voy a asumir primeramente la presidencia del Senado”, dijo.

Adelantó que iba a recomponer la Cámara de Senadores (directiva con mayorías y minorías) y prometió la lectura de las renuncias.

“Vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas”.

No cumplió ni lo uno ni lo otro. No hubo sesión en el Senado.

En la noche, a través de un video, se atribuyó la presidencia del Senado en una conminatoria al comandante de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.

“No queremos muertos en este país; si hay alguna persona que cae después de esta solicitud (…) es de su entera responsabilidad”.

Para entonces, la Unión Europea, la Iglesia Católica y representantes políticos, como Quiroga, Samuel Doria Medina y Paz.

Además de activistas como Waldo Albarracín y Juan Carlos Núñez, y algunos embajadores, entre ellos León de la Torre, habían intentado un acuerdo extralegislativo sin éxito con Salvatierra.

https://www.la-razon.com/lr-en-la-memoria/2022/11/11/el-dia-en-que-las-ffaa-se-cuadraron-ante-la-senadora-anez/