ABI.- El canciller Rogelio Mayta informó este martes que Bolivia presentará un reclamo en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra su secretario general, Luis Almagro, por injerencia en los asuntos internos nacionales y el papel político que pretende retomar con el comunicado que emitió para ratificar su informe sobre el análisis de integridad de las elecciones generales de 2019.
“¿Cuál es el escenario para reclamar? Hay que reclamar, lo que tenemos que reclamar es en la institucionalidad de la OEA (…). Deberíamos discutir esto en el Consejo Permanente, allí es donde pensamos llevar estas cosas. En ese comunicado (de ratificación de informe) ya tiene responsabilidad y nosotros no vamos a dejar de apuntarlo, vamos a ir a reclamar ahí mismo a la OEA”, anunció en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.
La autoridad diplomática explicó que el Consejo de Seguridad de la OEA fue creado precisamente para que el organismo internacional no incumpla sus normas.
Recordó que Almagro pretende, con su comunicado, invalidar la pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, en el área de seguridad informática y administración de redes sobre la integridad de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
Mayta calificó ese accionar como un exceso total e inaceptable, puesto que se trata de un agravio más al Estado boliviano que no puede dejarse pasar.
“Una secretaría no puede estarse volviendo como juez, parte, verdugo de los Estados americanos. O sea, son simples empleados la gente de esta secretaría. Los dueños de la OEA son los países. Todos los países, los del norte, los del sur, del Caribe, de Centroamérica”, recordó.
El Ministro de Relaciones Exteriores mencionó que Almagro y sus colaboradores desinstitucionalizan totalmente la OEA con sus acciones, puesto que juegan al margen de las reglas definidas para el cumplimiento de sus obligaciones.
“Se están atribuyendo funciones y potestades que no tienen y los Estados que formamos parte de la OEA no podemos permitirlo”, agregó.
Finalmente, Mayta mencionó que cuando el proceso penal por la denuncia de fraude electoral decante como un caso concluido y se publique el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el tema del golpe de Estado la próxima semana se analizará qué medidas más se tomarán “contra esta OEA de Almagro y con Almagro mismo”.
La Fiscalía considera que el informe de 2019 de la OEA es un ‘indicio’ y no es vinculante
“Durante el desarrollo del proceso penal no se recibió aportes de carácter probatorio por parte de actores que hoy observan este trabajo”, dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía del Estado. Foto: FGE
Por Rubén Atahuichi / LA RAZON.- En respuesta al comunicado de la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA, que ratificó que en las elecciones de 2019 hubo “irregularidades”, la Fiscalía General del Estado consideró que ese informe es un indicio y no es vinculante.
“Para nosotros, el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante”, afirmó este martes en conferencia de prensa el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.
El lunes, la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó el informe del organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia —anuladas posteriormente— que denunció irregularidades “dolosas” en el proceso.
En respuesta a las pericias de la Universidad de Salamanca (España) que halló “negligencias” y no “modificación” de datos sobre el recuento rápido y el cómputo final, la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA confirmó “los graves hallazgos en materia informática”.
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Al respecto, Quispe dijo que el Ministerio Público “no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que no llevan ni siquiera la firma o rúbrica de sus autores anónimos”.
Cuestionó que el informe de la OEA sea solo producto de pactos y acuerdos políticos, a diferencia de las investigaciones del Ministerio Público que, en su criterio, abordaron “la parte técnico-jurídica”. Antes de las elecciones de 2019, el entonces canciller Diego Pary firmó un acuerdo con la OEA para el desarrolló de una auditoría a los resultados de las elecciones cuyo carácter señalaba que era vinculante.
Sin embargo, aclaró que “sería incongruente por parte del Ministerio Público pronunciarse sobre documentos que se limitan a decir muchas cosas que pueden o no pueden ser ciertas, sin evidencias contrastables y, peor aún, que no tengan base técnico-científica”.
El funcionario defendió la pericia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, de la que dijo que es parte de “una investigación penal, integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia son incuestionables”.
La pericia “fue realizada con honestidad y libre de presiones, conforme ellos mismos han reconocido”, insistió.
Al contrario, Quispe afirmó que quienes denunciaron fraude en las elecciones generales de 2019 nunca presentaron pruebas. “Durante el desarrollo del proceso penal no se recibió aportes de carácter probatorio por parte de actores que hoy observan este trabajo”.
La madrugada del 10 de noviembre de 2019, la OEA adelantó un informe preliminar sobre su evaluación de los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Consideró que hubo graves irregularidades en el sistema informático que no le permiten validar las elecciones.
Dicho documento precipitó la renuncia del entonces presidente y candidato Evo Morales, para que se encontraba acorralado por protestas contra su gobierno y las elecciones, además de un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial planteada ese día en conferencia de prensa por las Fuerzas Armadas.
Con el informe de la Universidad de Salamanca, la Fiscalía General del Estado cerró el caso, decisión que generó duros cuestionamientos y amenazas de movilización por parte de fuerzas políticas y cívicas contrarias al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Vamos a ser claros: el Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema; por tanto, no vamos a entrar al debate de este tema con nadie”, remató Quispe.
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