Carlos Quisbert / La Paz.- Los cinco generales que conforman el Comando de la Policía recomendaron el cambio del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, y de otros nueve directores nacionales, debido a diferentes irregularidades.
“En virtud de lo anteriormente expuesto, velando por la eficiencia de los servicios policiales, intereses y prestigio institucionales, nos permitimos sugerir respetuosamente a su autoridad, realizar cambios en las siguientes autoridades policiales”, señala una hoja de recomendación emitida desde el despacho del subcomandante Ronald Suárez, al comandante general de la Policía Rodolfo Montero.
La nota dirigida a Montero pide el cambio de directores de la Dirección Nacional de Recaudaciones, de la Dirección Nacional de la Felcc, de todos los directores departamentales y el nacional de Tránsito, del fiscal general policial y del fiscal departamental de La Paz. Asimismo, sugieren el cambio del director general de Investigación policial interna y de los comandantes departamentales de Cochabamba y Chuquisaca, según el documento publicado en el portal Detrás de la Verdad.
En el caso de Rojas, la información se dio a conocer tras varias denuncias de abusos cometidos contra el personal a sus órdenes en La Paz, a los que destina a otros departamentos por no cumplir órdenes “que no se rigen al debido proceso o por no involucrar a determinadas personas de su interés”, señala una de demandas internas contra Rojas.
Además, lo señalan por la “manipulación de casos”, entre ellos el que se sigue contra Marcelo Hurtado, gerente de la Red ATB, por la supuesta adquisición irregular de otro canal, PAT.
Página Siete intentó comunicarse con el coronel Rojas para conocer su versión, pero no atendió las llamadas. En el caso ATB, Rojas fue denunciado por la investigadora del proceso, Silvia Sandoval, por direccionar la investigación con el fin de encubrir la participación de la esposa del coronel, quien trabajó en una aseguradora de propiedad de Hurtado.
Según la capitana Sandoval, a raíz de ese caso la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) inició un proceso para que la autoridad justifique un patrimonio de más de seis millones de bolivianos. Ella asegura que recibe amenazas.
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