AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- Tres son los decretos supremos con los que el gobierno de Jeanine Áñez viabilizó la adquisición de gases lacrimógenos con el fin de reforzar a las fuerzas combinadas entre militares y policías para reprimir movilizaciones que cuestionaban el régimen.
Según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el 29 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó al Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de gases antidisturbios o antimotín para la Policía Boliviana.
“Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Defensa realizar la adquisición excepcional de materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana en el marco del Artículo 32 de la Ley Nº 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de 18 de septiembre de 2013”, se lee en el Artículo 2 de la norma.
A eso, se suma otro documento: el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre de 2019. Áñez y sus ministros firmaron y promulgaron esta norma que abroga el Decreto Supremo 4090 y autoriza al Ministerio de Defensa la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos.
“Se autoriza al Ministerio de Defensa la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”, se lee en el Artículo 2.
Dos meses después, el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete reasignaron al Ministerio de Gobierno un monto de Bs 40.068.000 mediante el Decreto Supremo 4168 que se transfirieron al Ministerio de Defensa para adquirir agentes antidisturbios.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación – TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas al Ministerio de Gobierno”, se lee en el Artículo 1 de dicha norma.
“Los pagos con coimas y sobreprecio se realizaron desde marzo hasta abril de 2020”, indica el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en una publicación difundida esta jornada en su cuenta oficial de la red social Facebook.
Los datos fueron proporcionados un día después de que el Departamento de Justicia de EEUU informara que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, puede recibir una sanción de 20 años de cárcel por estar involucrado en un hecho de sobornos y lavado de dinero por el caso denominado gases lacrimógenos.
Mediante un comunicado oficial, indicó que Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020, por lo que fueron aprehendidos.
La compra de gases pasó por cuatro entidades y fue autorizada por Añez
En diciembre de 2019 se aprobaron dos decretos para autorizar al Ministerio de Defensa la compra que había sido negociada por el Ministerio de Gobierno. Uno de ellos tuvo que ser abrogado.
Página Siete / La Paz.- Transcurrido un año y cinco meses de la firma del contrato para la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios mediante la empresa intermediaria BTS, las conclusiones de una investigación en EEUU removieron otras indagaciones realizadas en el país, que llevan a la conclusión de que este proceso pasó por al menos cuatro instituciones y que fue autorizado por la entonces presidenta Jeanine Añez y su gabinete.
El requerimiento nació en el Ministerio de Gobierno, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, el desembolso fue autorizado por el Ministerio de Economía y el pago lo concretó el Banco Central de Bolivia (BCB), todo ello bajo el paraguas del Decreto Supremo (DS) 4116, que autorizó una compra por excepción y en el extranjero, como finalmente ocurrió.
El 17 de septiembre de 2020, un día antes de ser destituido del cargo de procurador general del Estado por presión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, José María Cabrera informaba ante una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el ahora exministro arrestado en EEUU se había negado a dar información sobre los mecanismos que se siguieron para la compra de ese equipamiento antidisturbios.
La Procuraduría había avanzado en una investigación (el Legislativo encaraba en otra) y ayer Cabrera recordó que para esa fecha ya se habían detectado varias irregularidades, dos de ellas muy notorias: que se haya acudido a una empresa intermediaria y que un proceso de contratación que comenzó en un ministerio continúe en otro.
“No puede empezar un proceso de contratación en un ministerio y continuar en un segundo ministerio, esas son situaciones totalmente anómalas (…) Tampoco había explicación suficiente de por qué se acudía a una empresa intermediaria si es que se conocían antecedentes de contratación directa con la empresa proveedora”, dijo.
Un día después de aquel informe que prestó ante la comisión especial mixta de investigación conformada para este caso, Cabrera recibió en su despacho una copia legalizada del Decreto Presidencial 4345, que disponía su destitución y el nombramiento de Alberto Morales en su reemplazo. “Se dio a petición del ministro de Gobierno”, sentenció entonces el destituido procurador.
Primeras sospechas
A fines de mayo de 2020 una investigación de la red Gigavisión ya había advertido sobre las irregularidades en esta adquisición debido a las marcadas diferencias de costo con otras similares realizadas en otros países.
Reveló, además, que las gestiones comenzaron el 25 de noviembre de 2019 con el pedido de una cotización a la empresa proveedora, la brasileña Cóndor, y que siguieron con el anuncio posterior de que la compra se realizaría necesariamente mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), que no tenía ni tiene una oficina ni representante legal en Bolivia. Las consultas las hicieron funcionarios del Ministerio de Gobierno.
BTS operaba desde el extranjero, particularmente Tamarac, en el estado de Florida, en Estados Unidos, a donde finalmente llegaron los depósitos (5,6 millones de dólares en dos pagos) que alertaron a las autoridades estadounidense sobre el soborno y lavado de dinero por el que ahora Murillo está preso en ese país y su exjefe de gabinete Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
Concretados los contactos, la gestión de compra avanzó desde el Ministerio de Defensa, en cumplimiento del DS 4116, aprobado el jueves 12 de diciembre de 2019 en lugar del DS 4090, que había sido autorizado dos semanas antes, pero sin mencionar en ninguno de sus cuatro artículos que la autorización era para adquisiciones en el extranjero.
Dos decretos
El primero señala que se autoriza al Ministerio de Defensa “la adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotín, clasificados como materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana”.
El DS 4116, que además abrogó el DS 4090, autoriza a la misma cartera “la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”. De los seis artículos que tiene, tres de ellos mencionan que la autorización es para adquisiciones “en el extranjero”.
El abogado Gary Prado, quien accedió al cuaderno de investigaciones de este caso en Bolivia y revisó las conclusiones de la investigación realizada en EEUU, dijo ayer que el primer decreto fue solicitado por el Ministerio de Gobierno, pero luego observado por el Ministerio de Defensa, tras lo cual se generó el segundo que autorizó la compra por excepción, pero además permitió la transferencia de recursos para la compra del Ministerio de Gobierno al de Defensa.
“El Ministerio de Defensa actuó cumpliendo un decreto supremo (…) nadie sabía que el interés, la motivación y el negociado venía de funcionarios del Ministerio de Gobierno, lo que se devela con la investigación de EEUU (…) Van a disculpar ellos, pero fueron los tontos útiles de esta operación”, opinó en declaraciones a radio Fides.
La investigación realizada por el agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Eades, y revelada esta semana, menciona la participación de funcionarios de ambos ministerios, pero además señala que el BCB, entonces bajo el mando de Guillermo Aponte, realizó un depósito por 3.976.902 dólares a una cuenta de la empresa intermediaria el 17 de marzo de 2020, luego de dos intentos fallidos en enero del mismo año, ello debido a observaciones del banco receptor en EEUU.
El 8 de abril, el BCB hizo un segundo depósito a la intermediaria, esta vez por 1.754.584 dólares.
El 13 de marzo de 2020, cuando fallaron los primeros intentos de depósito en cuentas de BTS en EEUU, mensajes intercambiados por WhatsApp entre Méndez y un funcionario del Ministerio de Gobierno dejan ver que uno de los motivos era la demora en la aprobación del Ministerio de Economía, entonces a cargo de José Luis Parada.
“Son hijos de puta. Ya no me responden… Nos quedan 45 min. Hasta las 6:30. Así que eso [B] anco [C] entral puede hacer el depósito. Pero Economía [el Ministerio de Economía] no quiere hacerlo”, se lee en el informe del agente estadounidense Eades.
Añez marca distancia con actos de corrupción y Núñez la defiende
- Expresidenta La expresidenta Jeanine Añez marcó distancia este jueves con los actos de corrupción por los que su exministro de Gobierno Arturo Murillo es investigado en Estados Unidos. “La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, lastimosamente hubieron funcionarios que se alejaron de toda ética. Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, porque hacen quedar mal al país”, publicó la exmandataria en las cuentas que sus colaboradores manejan en Twitter y Facebook.
- Exministro El exministro de la Presidencia Yerko Núñez reapareció este jueves, en contacto con radio Compañera, para aplaudir la investigación iniciada en Estados Unidos contra su excolega de Gobierno, Arturo Murillo y salir en defensa de la expresidente Jeanine Añez, de quien dijo que “no está involucrada” en actos irregulares. “Saludo las investigaciones que desarrolló el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, ya que muestra cómo se debe desarrollar una investigación seria por posibles delitos de corrupción sin la intervención del poder político”.
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Justiniano: Añez encubrió la corrupción de Murillo
El exministro señaló que la expresidenta incurrió en incumplimiento de deberes al no destituir y procesar a Arturo Murillo.
Página Siete Digital.- El exministro Jerjes Justiniano afirmó que la expresidenta Jeanine Añez encubrió los hechos de corrupción del otrora titular del ministerio de Gobierno, Arturo Murillo.
Agregó que la exmandataria incluso incurrió en el delito de incumplimiento de deberes al no hacer que se investigue el caso gases lacrimógenos, una vez que se hizo público.
“Añez encubrió a Murillo, en este caso ha tenido un incumplimiento de deberes, omitió realizar acciones ante un hecho de corrupción. Ella encubrió a Arturo Murillo porque se enteró de muchos actos de corrupción de él. No se si ella tendrá participación en el caso gases lacrimógenos, pero ella tiene responsabilidad por incumplir con sus deberes de instruir una investigación”, señaló.
Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue arrestado por los delitos de soborno y lavado de dinero, que surge a raíz de la compra irregular de armamento no letal a una empresa intermediaria norteamericana. Se estima que en este hecho hay un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Justiniano relató que él recibió la documentación de esta irregularidad en enero del año pasado por parte de unos policías. Explicó que en los folios detalla que el Ministerio de Gobierno indicó a la empresa El Cóndor que se iba comprar las municiones no letales a través de la intermediaria Bravo Tactical Solution.
“La expresidenta Jeanine Añez se enteró de este caso, de las armas químicas, en diciembre, enero, febrero. Unos policías realizaron la investigación y me pidieron anonimato, después denuncié lo de las armas químicas”, indicó.
La exautoridad manifestó que es muy difícil que Añez no hubiera tenido conocimiento de este proceso de contratación. Explicó que el tema era público y no destituyó a Murillo, tampoco ordenó una investigación para esclarecer las denuncias.
“La Presidenta no hizo nada porque obviamente era Murillo quien estaba detrás. Esto nos demuestra el nivel de influencia que tenía Arturo Murillo por encima de la Presidenta. (…) Todo el mundo sabía que Murillo era el poder tras el trono y no se sabe por qué. Pero hay algo que en el pasado comprobé, que: más que la amistad, une la complicidad”, añadió.
Revelan sobreprecio
En junio, la red Gigavisión reveló sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. El proceso de contratación lo realizó el Ministerio de Defensa, a pedido del titular de la Cartera de Gobierno. El monto total que se pagó era de $us 5,6 millones, se compraron cartuchos de gas, la unidad, a $us 37, lo que tenía un costo de $us 12.
Ante esto, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, salió a justificar el precio de la compra. Por su parte, Arturo Murillo advirtió con denunciar ante la Comisión de Ética Periodística al comunicador Junior Arias, a quien acusó de “mentir” en la nota que publicó.
Destitución de Cabrera
El entonces procurador José María Cabrera realizó la investigación por el caso ENDE, respiradores españoles y municiones no letales. En estos hechos fueron halladas varias irregularidades, que en dos de ellos involucraban a Murillo.
Cabrera aseguró que esto ocasionó la molestia del “todopoderoso” aún consejero de la cartera de Gobierno e influyó para que Añez lo destituya en septiembre y designen en el cargo a Alberto Morales, quien descartó continuar con la investigación de esos casos.
“Por ocho meses, luego de mi destitución, hizo que en Bolivia se paralicen las investigaciones del caso gases lacrimógenos, que había empezado primero en el país. Finalmente tuvo que ser la justicia de un país extranjero, como Estados Unidos que se esclarezca prácticamente el caso. Es una llamada de alerta a todas las autoridades judiciales, por su lentitud, estar al servicio de los gobiernos de turno e ineficacia”, subrayó.
El exprorcurador puntualizó que cuando solicitó la documentación al Ministerio de Defensa, esta cartera de Estado los entregó. Pero cuando se hizo la solicitud a dependencia gubernamental de Gobierno, no le remitieron los documendos requeridos. “Murillo nunca hizo caso a nuestras solicitudes, él era una ministro todopoderoso. La prueba de ella fue que hizo destituir a un Procurador que investigaba hechos de corrupción”, enfatizó.
Añez ratifica su confianza a Murillo
Tras conocerse todos estos indicios e investigaciones, la Asamblea Legislativa convocó a interpelación al titular de Gobierno. En octubre al no hacerse presente para explicar el tema fue censurado por el Parlamento, lo que significaba que iba a ser removido del cargo.
Cinco días después, el Arturo Murillo fue nuevamente designado como ministro por la presidenta Añez.
Hoy, luego de conocerse del arresto del exconsejero en EEUU, la ahora exmandataria sostuvo que no se eligen colaboradores para que se corrompan y pidió que Murillo sea “castigado”.
El exministro Gobierno salió del país días antes de la posesión del presidente Luis Arce; no estuvo durante el proceso de transición. Según informó la Policía salió de Bolivia a Brasil, de ahí a Panamá con destino final a Estados Unidos, donde fue detenido en pasados días.
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Canciller dice que EEUU informó a Bolivia sobre el caso Arturo Murillo
Mauricio Quiroz Terán 28/5/2021 04:00
Murillo fue detenido el 22 de mayo bajo la sospecha de lavado de dinero y soborno, dos delitos tipificados en una ley de Estados Unidos para prevenir la corrupción. Ese día, el exministro de Gobierno fue enviado al Centro de Detención Preventiva de Miami-Dade, en el estado de Florida, donde ahora espera la decisión del juez sobre su futuro legal.
El exministro pudo cometer esos delitos en Estados Unidos por acceder a más de $us 600.000 de un soborno que facilitó el negocio de una empresa, Bravo Tactical Solutions LLC, una intermediaria que vendió gases lacrimógenos a Bolivia por $us 5,2 millones, cuando el precio real de esos insumos, adquiridos de la empresa brasileña Cóndor, era de $us 3,3 millones.
Según la investigación de la policía de Florida, la coima también llegó a Sergio Rodrigo Méndez, un amigo del exministro y que en 2020 fue su jefe de gabinete.
Los ciudadanos estadounidenses Bryan Samuel Berkman y su hijo Luis Berkman Littman, dueños de esa empresa, pagaron $us 850.000 de fianza y quedaron libres. Su socio Philip Lichtenfeld fue enviado a prisión preventiva, según explicó el abogado estadounidense Thomas Becker, en contacto con EL DEBER, con información basada en las decisiones del Tribunal de Servicio del estado de Florida.
Ante ese juzgado, Murillo compareció el miércoles 26 de mayo ante el magistrado Jonathan Goodman, quien atendió un requerimiento fiscal para que se aplique la figura legal de “Pre-trial detention” que es la reclusión del imputado previo al juicio, pero la audiencia fue postergada para las 10:00 del 7 de junio, a requerimiento de la abogada defensora, Julia Kefalinos.
Becker explicó que el proceso que enfrenta Murillo y sus “socios” puede durar hasta dos años y precisó que los acusados “enfrentan al Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de Seguridad Nacional”, la entidad que realizó la investigación previa a las detenciones del 21 y 22 de mayo. Esas pesquisas incluyeron rastreo de mensajes de WhastApp y de llamadas telefónicas.
“Murillo debería contratar a abogados muy capos y eso cuesta dinero”, señaló Becker a este rotativo. El profesional conoce la realidad del país, puesto que respaldó a las familias que demandaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la ‘Guerra del Gas’. Becker detalló que el exjefe de gabinete de Murillo no logró pagar una fianza y recibió detención preventiva que cumple en la ciudad de Miami.
De todas maneras, el ex hombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez puede quedar libre bajo fianza, aunque para el sistema legal de EEUU ya hay “una bandera roja porque dejó Bolivia sin atender demandas penales en su contra”, apuntó el jurista.
La detención de Murillo se realizó en Naples, una ciudad cerca de Miami, por agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que estaban a cargo de las pesquisas.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo ayer que el Gobierno boliviano estuvo al tanto de esas acciones a merced de un intercambio de información, a través de los canales diplomáticos. “De forma cordial, en el marco del respeto, hemos estado compartiendo información con los Estados Unidos. Sabíamos de la detención de Murillo hace algún rato atrás y antes de que se haga público. No nos correspondía dar la noticia, ni mucho menos especular ni nada por el estilo, y eso es lo que hemos hecho de manera respetuosa con la propia administración de justicia de EEUU”, apuntó.
No obstante, el miércoles, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentaba al cuñado de Murillo como detenido, recibió una nota de su asesora, Gabriela Reyes, y detuvo el informe para señalar que su predecesor acababa de ser detenido.
Extradición
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer en Sucre que autoridades del Ministerio Público de La Paz recibieron en enero instrucciones para iniciar la extradición sobre la base de una acusación instalada en enero, pero por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y munición no letal. En EEUU, se investiga al exministro y a sus “socios” por lavar dinero y conspirar para acceder a sobornos.
“El 12 de enero de 2021 el Ministerio Público inició el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal, para que la solicitud sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente, según el artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. También se dispuso la realización de todas las acciones procesales destinadas a las recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”, dijo Lanchipa.
Cinco meses y 15 días después de que se iniciara ese trámite, el mismo no es de conocimiento de la Cancillería, su titular, Rogelio Mayta, explicó que ellos son el canal oficial para enviar al Departamento de Estado de EEUU la petición de extradición. La solicitud, según su explicación, la podía realizar el fiscal que conoce el caso o el juez que está a cargo del proceso; ninguna de estas instancias empezó un trámite
“Hasta el momento a la Cancillería no ha llegado ningún requerimiento de una autoridad judicial para que pueda procederse a presentar una solicitud de extradición de parte del Estado boliviano”, dijo Mayta.
Bolivia y EEUU firmaron en 1995 el Tratado de Extradición que está basado en el principio de reciprocidad y de cooperación. Mayta explicó que esta nota establece que la solicitud de extradición debe ser planteada por el Tribunal Supremo de Justicia a requerimiento de la Fiscalía. En EEUU ese pedido debe ser analizado por autoridades del sistema judicial.
“No nos adelantaremos. Que todo se vaya desarrollando. Es conveniente no precipitarse y adelantar criterio sobre las cosas que van a suceder. En EEUU hay un proceso penal abierto contra el señor Murillo, otros bolivianos y ciudadanos estadounidenses. Ese proceso va a seguir su curso. Aquí en Bolivia, tenemos otros procesos también contra el señor Murillo que van a seguir su curso”, puntualizó Mayta sobre las solicitudes de extradición.
En todo caso, el canciller anticipó que el país cooperará con estos procesos. “Probablemente, a nosotros nos toque aportar y a ellos les toque aportar con información. Eso se verá más adelante”.
El abogado Becker dijo que ese tipo de cooperación se realiza en el ámbito técnico, pero puntualizó que en su país “los fiscales trabajan solos” y que las autoridades pueden aportar con información una vez que se desarrolle el juicio. “Los acusados, entre ellos Murillo, también pueden declararse culpables y de este modo, accederán a penas menores de dos, tres o cuatro años de prisión. El delito por el que es acusado el exministro tiene una pena máxima de 20 años, aunque durante el litigio, los acusados pueden acceder a fianzas para salir libres.
“Si le otorgan fianza, pediremos la extradición de Murillo, que ha robado recursos de los bolivianos”, anticipó ayer el ministro Del Castillo durante una entrevista con la red Unitel. La autoridad adelantó que se mantendrán atentos al desarrollo del caso y anticipó que pedirán, a través de la cooperación internacional, “que existan personas en esa audiencia que puedan aportar mayores datos de convicción” sobre los delitos que juzga Estados Unidos.
Políticos, oficialistas y opositores lanzaron duras críticas contra la Fiscalía que tiene este caso desde hace un año y no avanzó en las investigaciones. Los propios legisladores del MAS pidieron informes al fiscal sobre el estado en el que está la denuncia.
“Si tuviéramos un FBI boliviano, hasta el último masista cerraría la puerta en Chonchocoro”, cuestionó el senador Edwin Bazán, de la alianza opositora Creemos. El legislador solicitó informes a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo, sobre las acciones que hicieron desde sus carteras para esclarecer el caso en el país.
El senador Leonardo Loza (MAS) insistió en la necesidad de promover la extradición de Murillo y también abrió la posibilidad de requerir informes a la Fiscalía sobre el caso vinculado con el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para el Ministerio de Defensa.
El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano aclaró que el caso de sobreprecio en Bolivia, es distinto al tema de lavado de dinero que está en EEUU.
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