Agencia Boliviana de Información (ABI). – El Ministerio Publicó determinó ampliar el proceso penal en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez Chávez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó mas de una decena de personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.
“Memoria, Verdad y Justicia, el Ministerio Publicó ha informado al Juez Cautelar Primero de la ciudad de El Alto la ampliación del proceso penal por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves contra Jeanine Áñez Chávez quien será juzgada por la Masacre de Senkata”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
La decisión fue comunicada por los fiscales Walter Lora Uría, Iván Cernadas Miranda y Favio Maldonado Parada al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, en el marco del proceso seguido de oficio en contra de Luis Fernando Valverde Ferrufino y otros, por los hechos registrados en a la zona de Senkata, de la ciudad de El Alto, durante el traslado de un convoy de combustible en noviembre de 2019.
“Tenemos a bien comunicar a su autoridad la ampliación de investigación en mérito a lo dispuesto por los artículos 8; 12 numerales 1 y 2; 40 numerales 1 y 2 de la Ley 260; a efectos de control jurisdiccional conformen a los artículos 54, 293 de la Ley 1970 en contra de la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, se Lee en el escrito.
De acuerdo con la investigación preliminar, Valverde Ferrufino dio la orden para que se desplace el convoy de combustible desde la planta de Senkata, el 19 de noviembre de 2019, en medio de una violenta represión vecinal en la zona.
En el escrito se señala que fuerzas conjuntas de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales de identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.
La base central de la acusación en contra de la exsenadora es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata, El Alto, y en Sacaba,, Cochabamba, en este último donde también se registraron más de una decena de personas fallecidas.
Por estos hechos, Áñez es acusada por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leyes previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata, como en Sacaba.
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