Agencia Boliviana de Información (ABI). – La activista de Derechos Humanos y directora de la Red Andina de Información (RAI) Kathryn Ledebur afirmó que hay evidencias de que el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) recibió financiamiento, a través de giros bancarios, e incluso equipamiento por parte de actores políticos que impulsaron el golpe de Estado de 2019, entre ellos el excívico Luis Fernando Camacho.
Argumentó que el propio cabecilla de esta organización, Yassir Molina, quien es procesado por la violencia y los destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado de Sucre en 2020, confesó en varias declaraciones públicas que recibió financiamiento.
“Sabemos, perfectamente, que este grupo de choque, este grupo paraestatal y parapolicial, recibía pagos, recibía equipamiento de actores políticos en el golpe de Estado, pero también de empresarios cochabambinos de diferentes sectores que brindaron apoyo y de eso sí hay pruebas claras, lo que falta es que avance las investigaciones”, explicó en declaraciones a Bolivia TV.
Consideró ingenuo pensar que la “Resistencia financiaba sus actividades vendiendo sándwich” y que “planearon su accionar”, porque incluso tenían adiestramiento militar y policial.
“Hay giros bancarios, hay testimonios”, insistió la activista al pedir una pesquisa no solo a los protagonistas materiales de los hechos de la ruptura del orden constitucional de 2019 y las posteriores masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, sino a los financiadores y actores intelectuales de esos ilícitos.
En medio del proceso que encara por los destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado, Molina remitió en noviembre de 2022 una solicitud para someterse a un juicio abreviado.
Además de aceptar su culpa por ese hecho, Molina anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”.
“Necesariamente debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante los meses de septiembre a diciembre de la gestión 2019”, anunció Molina en la solicitud dirigida al fiscal General, Juan Lanchipa, que al final fue rechazada.
En ese memorial identificó a Diego Murillo Téllez, actual concejal; Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Mauricio Arturo Muñoz; Marcelo Pierola; Rómulo Calvo, actual cívico de Santa Cruz; Luis Terán, Jorge Valda, exabogado del Comité pro Santa Cruz; Gualberto N.N., en su momento dirigente del autotransporte; “entre muchos otros más”.
“Hemos sido instrumentalizados y otros ni siquiera han sido partícipes del hecho”, alegó Molina ante los medios de comunicación.
En esa ocasión, también decidió cambiar de abogado porque presuntamente el que tenía le ocultó información del proceso. Eligió en su remplazo al abogado Jhasmani Torrico, conocido mediáticamente por sus procesos por extorsiones y golpizas a demandados por sus clientes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó en su informe sobre los hechos de violencia y muerte de 2019 de paraestatales a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité pro Santa Cruz.
El grupo de Molina iba en motos por la ciudad de Cochabamba agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al MAS o, simplemente, por vestir de pollera.
Ledebur consideró un avance importante que Camacho sea procesado por esos hechos porque tuvo un contacto directo tanto con la RJC como con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)
“Sabemos que, en el caso de Luis Fernando Camacho, que está con detención preventiva por su acciones y declaraciones alrededor del golpe de Estado, hay mucha evidencia de la instrucción entre la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista con el apoyo del Comité Pro Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, y una relación que continuaba cuando Rómulo Calvo asumió la presidencia”, afirmó.
Aseguró que hay las pruebas de “la colaboración entre la Resistencia y la Unión Juvenil Cruceñista” y que “hay videos donde claramente hacen referencia al Comité Cívico y a Luis Fernando Camacho”.
La activista instó al Gobierno a cumplir con la recomendación del GIEI y desarticular a esos grupos irregulares, como también lo solicitó el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
“Los cascos blancos en La Paz también están sueltos, es obligación del Estado desarticularlos”, insistió.
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