Sucre, Agencia Boliviana de Información (ABI). – Con una multitudinaria marcha y mitin cerca del edificio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sectores sociales y laborales exigieron justicia para las víctimas del golpe de Estado de 2019, cárcel para los autores de la ruptura del orden constitucional y respeto a la democracia y al gobierno legítimo de Luis Arce.
Similares movilizaciones se dieron la semana pasada en ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro en respuesta también a una protesta cívica del 10 de enero de 2023 que buscó la libertad del excívico Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonhocoro por el caso Golpe de Estado I.
A una sola voz, profesionales, médicos, gremialistas, trabajadores campesinos y vecinos, con la tricolor y wiphalas en mano, demandaron a los magistrados del TSJ que hagan su trabajo y procesen a los responsables del golpe de Estado que dio paso a las masacres de Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba, que dejó más de una veintena de personas fallecidas por impactos de bala tras una intervención policial-militar en ese noviembre de 2019.
“Esta gran marcha pacífica, concentrada aquí, al frente del Tribunal Supremo de Justicia, es para pedir 30 año de cárcel para el señor Camacho, que en 2019 entró con la Biblia a la Casa Grande del Pueblo diciendo que Dios está con nosotros. Con un mano agarraban la Biblia y con la otra nos mataban”, recordó Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa.
Aguilar exigió que Camacho, que cogobernó con Jeanine Añez entre 2019 y 2020, como lo confesó la hija de la mandataria de facto Carolina Ribera, debe ser procesado como corresponsable por los hechos sangrientos.
La normativa nacional no consigna la cadena perpetua, pero demandó que el excívico que alentó y financió las protestas que llevaron al golpe de Estado sea condenado a 30 años de cárcel.
Camacho se encuentra en la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva, por el caso Golpe de Estado I. Su detención provocó una serie de hechos de violencia en Santa Cruz que derivaron en la toma y quema de edificios públicos como de la Fiscalía Departamental, de Impuestos y del Banco Unión.
Las protestas fueron bajando de intensidad y este lunes fueron suspendidas por los grupos del Comité pro Santa Cruz y de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), como lo catalogó un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó la violencia de la crisis de 2019.
El proceso legal contra Camacho está en curso. Confesó que su padre, José Luis Camacho, “arregló” con policías y militares para que quiten el respaldo al gobierno de Evo Morales y consolidar el golpe de Estado, como ocurrió.
“Esto no es venganza, no es secuestro, es justicia”, aseguró ante la multitud Aguilar, quien, por otro lado, exigió agilizar los trámites para que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, que fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en Estados Unidos, sea extraditado y procesado por las masacres de 2019.
A su turno, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Mario Seña, demandó a la justicia que, junto con Camacho, sean procesados los actores de las reuniones de 2019 en la Universidad Católica Boliviana, que terminaron por configurar el gobierno de facto de Áñez.
Apunto a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, además del empresario y político Samuel Doria Medina.
“El señor Mesa tiene que ser aprehendido, Tuto también, al igual que el señor Doria Medina. También los grupos criminales de la Unión Juvenil Cruceñista, porque no se puede permitir el amedrentamiento a nuestro pueblo”, demandó Seña.
Tanto Aguilar como Seña solicitaron a las autoridades que, en apego a las recomendaciones del GIEI, desarticulen al grupo irregular de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) e investiguen los ataques a las instituciones públicas durante las protestas violentas que exigían la liberación del encarcelado Camacho, entre el 28 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023.
Juan Rodríguez, dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de Nor y Sud Cinti, aseguró que, con la reclusión de Camacho, aunque de forma preventiva en Chonchocoro, la “justicia recuperó su dignidad”.
A los defensores del excívico y gobernador, les acusó de miopía por no ver las evidencias de la autoría del excívico en los hechos de 2019.
Eddy López, de la Coordinadora de Gremiales, hizo eco de la voz de los manifestantes y reafirmó el respaldo al Gobierno nacional y advirtió a los cívicos que se enfrentarán a un pueblo unido si intentan otra vez convulsionar el país.
La marcha se inició a las 15.30 en la plaza Tréveris. La columna de personas atiborró las calles de la capital atravesando por la avenida Jaime Mendoza hasta llegar al Parque Simón Bolívar, donde se realizó un mitin masivo.
Similares marchas, con igual exigencia de justicia por los muertos de 2019, ya se realizaron la anterior semana en La Paz, Cochabamba, Pando, Beni, Tarija y Oruro.
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