Lima, 10 ene (Prensa Latina).- La tensión y la incertidumbre marcan hoy una nueva jornada de crisis en Perú, tras 45 muertes acumuladas en un mes y una jornada sangrienta a la que el Gobierno respondió con un discurso criticado por confrontacional.
En ese difícil contexto, además, esta tarde se presentará el gabinete ministerial ante el Congreso, para exponer sus planes y pedir la confianza ratificatoria del pleno, donde todo indica que el primer ministro, Alberto Otárola, deberá dar explicaciones sobre las 17 muertes de ayer en la ciudad surandina de Juliaca.
Otárola tuvo a su cargo anoche un mensaje televisivo, junto a un grupo de ministros, cuando se creía que la presidenta Dina Boluarte sería quien asumiera esa tarea.
El congresista opositor Flavio Cruz comentó que la ausencia de la mandataria fue muy significativa, sugirió que podría evidenciar que no es ella quien gobierna, y calificó de autoritario el tono del discurso leído casi a gritos por el primer ministro.
Ese último atribuyó los luctuosos sucesos de la víspera a un ataque masivo y organizado contra los policías, con explosivos y armas artesanales y sostuvo que “las muertes expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado”.
Otárola responsabilizó al anterior gobierno por azuzar las marchas y protestas por el Perú que han dejado 75 policías heridos hasta el momento.
Sin hacer ninguna autiocrítica ni asumir responsabilidades, dio a entender que el encarcelado expresidente Pedro Castillo estaría “coordinando indebidamente estas movilizaciones” con el fin de buscar impunidad.
“Aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano y quebrar la democracia y que quisieron derribar a las instituciones públicas durante la asonada que empezó el 7 de diciembre del año pasado, en esta segunda convocatoria han dado un paso más y han tratado de subvertir el orden constitucional”, aseveró Otárola.
Se refirió a las movilizaciones desatadas tras ese día cuando Castillo fue destituido y encarcelado por intentar la disolución del Parlamento opositor.
Esas acciones dejaron un rastro de 22 manifestantes muertos y seis en accidentes en situaciones derivadas de las protestas, a las que se añadieron los 17 decesos de ayer, sumando 45, según conteo de la Defensoría del Pueblo.
Agregó que el Gobierno no permitirá la asonada contra Lima, como llamó a las marchas a la capital que proyectan pobladores de Puno, región en la que se encuentra Juliaca y en cuya capital anoche hubo incendios y saqueos.
El primer ministro aseguró además que las fuerzas gubernamentales van a recuperar el orden en Puno, adonde viajará hoy una misión gubernamental en busca de diálogo y llevando medicinas para la atención de los heridos, más de 40 civiles, incluyendo un menor de edad y un médico abatido cuando socorría a heridos en las calles.
Perú. La dictadura de Boluarte masacró nuevamente al pueblo de Puno / 12 asesinados en Juliaca
Resumen Latinoamericano / Wayka / 9 de enero de 2023.
12 subió hoy el número de muertos en una protesta antigubernamental en esta urbe peruana de la región surandina de Puno, confirmó hoy el director del hospital estatal de la ciudad, Jorge Sotomayor.
El médico confirmó también que los cadáveres presentan impactos de proyectiles de armas de fuego, en varios casos de efectos devastadores, que solo pueden ser causados por balas explosivas que causan una muerte segura.
“Quiero hacer un llamado a los policías, a los generales de la Policía, a que no se comporten de esa manera con nuestros hermanos”, aseveró impactado por lo sucedido.
Indicó que nueve cadáveres se encuentran en la morgue del hospital Carlos Monge, uno en un centro de salud y hay dos por levantar de la calle y varios murieron por disparos en la cabeza.
Las muertes se registraron durante nuevos intentos de manifestantes de incursionar en el aeropuerto de Juliaca, asedio al que se sumaron pobladores de provincias de cercanas que llegaron masivamente a sumarse a las protestas.
Miles de pobladores de localidades de la provincia de Collao, de habla aimara, a reforzar las protestas en esa urbe, donde al anochecer se registraron piedras contra locales gubernamentales y judiciales, uno de los cuales fue incendiado.
Sotomayor confirmó además que las operaciones de las fuerzas militares y policiales dejaron un saldo de 29 heridos de diversos niveles de gravedad.
El gobernador de la región de Puno, Richard Hancco condenó las muertes y rechazó la campaña política y mediática que atribuye las protestas a elementos terroristas y extremistas las protestas reanudadas el 4 de enero.
“Como jamás ha ocurrido, en cada cuadra hay un piquete de activistas de la huelga», dijo al destacar la gran participación popular en la protesta.
Señaló que la culpa de la crisis la tiene la derecha centralista y sus provocaciones contra la población descontenta y que utiliza para sus fines a la presidenta Dina Boluarte, según dijo, y agregó que “cuando ella renuncie, la gente de Puno se va a alegrar”, añadió.
La nueva oleada de demostraciones de descontento continúan las efectuadas en diciembre pasado, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo por intentar la disolución del Parlamento.
De otro lado, en Lima, el gobernador de la norteña ciudad de Trujillo, César Acuña, confirmó que las muertes en Juliaca, obligaron a la presidenta Boluarte a suspender una reunión del Acuerdo Nacional que había convocado para buscar salidas a la crisis y en la que él participó.
Brutal represión. Mientras Dina Boluarte se reunía con gobernadores regionales en el Acuerdo Nacional, Nivardo Enríquez de la Defensoría del Pueblo informa varios muertos a causa de la represión en las movilizaciones que exigían el cierre del Congreso y renuncia de Dina Boluarte. Miles de ciudadanos de varios distritos de la región anunciaron viaje a Lima para continuar las protestas.
Imágenes dolorosas. Un asesinado y decenas de heridos tras brutal represión a la ciudadanía que rechaza acciones del gobierno de Dina Boluarte y reclama el cierre del Congreso.
Fotos: Max Nina / Pachamama Radio
Dina Boluarte y una preocupante cifra: 45 muertos en protestas en apenas 33 días de gobierno
Dina Boluarte asegura que desde el gobierno “no están generando violencia”. (Reuters/Angela Ponce)INFOBAE.- Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el pasado 7 de diciembre del 2022, luego del intento de golpe de Estado y posterior vacancia de Pedro Castillo. Desde su juramentación, la población le expresó su rechazo y le exigió su renuncia.
Desde el sur del país, de donde es natural Boluarte, proviene la mayor resistencia a su gobierno. Apurímac (su tierra natal), Arequipa, Cusco, Tacna y Puno se han levantado no solo reclamando su salida, sino también el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.
De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo, las protestas en contra del gobierno ya cobraron la vida de al menos 45 compatriotas. Esto en apenas un mes y unos pocos días con Boluarte al mando del país.
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El Ministerio Público le abrió investigación a ella y su premier Alberto Otárola y otros de sus ministros por la muerte de 28 personas por disparos presuntamente provenientes de efectivos de la Policía y el Ejército, durante las manifestaciones de diciembre de 2022.
A esta casi treintena de fallecidos se suman los 17 que perdieron la vida este 9 de enero de 2023 en la localidad de Juliaca, en la región Puno. La Defensoría informó que esta cifra aún no es definitiva, pues lastimosamente podría incrementarse.
En poco más de un mes, 45 peruanos han muerto producto de los enfrentamientos que se han desatado entre civiles y las fuerzas del orden. En videos compartidos en redes sociales se observa el uso excesivo de la fuerza y disparos a mansalva de parte de militares y policías.
La población también ha protagonizado actos vandálicos en algunas regiones. (Reuters/Hugo Courotto)El 11 de diciembre de 2022, apenas cuatro días después del intento de disolución del parlamento, las muertes empezaron a registrarse. Un adolescente de 15 años, escolar del colegio Simón Bolívar de Andahuaylas, Apurímac, fue la primera víctima mortal de la escalada de violencia que no ha cesado.
Las víctimas se concentraron principalmente en seis regiones: Ayacucho, Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco, Arequipa y Puno.
1. Beckhan Quispe( 18 ) – Apurímac
2. D.A.Q ( 15 ) – Apurímac
3. R.P.M.L ( 16 ) – Apurímac
4. John Enciso Arias( 18 ) – Apurímac
5. Wilfredo Lizarme ( 18 ) – Apurímac
6. Miguel Arcana ( 23 ) – Arequipa
7. Cristhian Rojas ( 19 ) – Apurímac
8. Carlos Huamán Cabrera ( 26 ) – La Libertad
9. José Sañudo Quispe ( 31 ) – Ayacucho
10. Clemer Rojas García ( 22 ) – Ayacucho
11. Jhon Mendoza Huarancca( 34 ) – Ayacucho
12. Luis Urbano Sacsara ( 22 ) – Ayacucho
13. José Luis Aguilar Yucra ( 20 ) – Ayacucho
14. Edgar Prado Arango ( 51 ) – Ayacucho
15. Raúl García Gallo ( 35 )- Ayacucho
16. C.M.R.A ( 15 ) – Ayacucho
17. J.T.C ( 17 ) – Junín
18. Diego Galindo Vizcarra ( 45 ) – Junín
19. Rolando Barra Leyva ( 22 ) – Junín
20. Leonardo Huanco Chaka ( 27 ) – Ayacucho
21. Xavier Candamo Dasilva (30) – Arequipa
22. Jhonatan Alarcón Galindo (19) – Ayacucho
23. M.L.C.L – Arequipa
24. E.V ( 17 ) – La Libertad
25. Efrén Cruz Cabrera ( 45 ) – Cusco
26. Lucio Quispe Ccallo ( 32 ) – Cusco
27. Yoni Cárdenas Escobal ( 51 ) – La Libertad
28. Ysabel Paucar Sapillado ( 89 ) – Cusco
Las personas han enterrado a sus familiares fallecidos en medio del dolor. (AP Foto/Hugo Curotto)En la lista parcial de las muertes ocurridas en Juliaca este 9 de enero figuran estos nombres:
29. Marco Antonio Samillan Sanga (31) – Puno
30. Cristian Mamani Hancco (22) – Puno
31. Reynaldo Ilaquita Cruz (19) – Puno
32. Roger Rolando Cayo Sacaca (22) – Puno
33. Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca (22) – Puno
34. Y.A.H. (17) – Puno
35. NN – Puno
36. NN – Puno
37. NN – Puno
38. Nelson Uber Pilco Condori (21) – Puno
39. Gabriel Omar López Amanqui (35) – Puno
40. NN – Puno
41. Rubén Fernando Mamani Muchica -Puno
42. NNN – Puno
43. NN – Puno
44. NN – Puno
45. NN – Puno
Otra masacre en Perú
Por Isaac Bigio/ Diario Siglo XXI.- Cuando Dina Boluarte cumplía 33 días en la Presidencia del Perú la cifra de asesinados por sus armas llegaba oficialmente a al menos 40 civiles, varios de ellos menores de edad. El 9 de enero en Juliaca las fuerzas armadas y policiales dispararon a indefensos, matando al menos 12 personas e hiriendo a decenas más.
Dina se viene convirtiendo en la segunda mujer dictadora de la historia sudamericana. La anterior, Jeanine Añez mató a menos gente en los 361 días que duró su mandato. Nunca antes una presidenta del mundo ha abaleado a tantos compatriotas suyos (y en tan poco tiempo). Jamás antes un gobierno civil en Perú ha tenido más asesinatos por la represión que días en el poder.
Esta sangre, en vez de contener al pueblo, le viene enfureciendo. Manifestantes han bloqueado las carreteras que unen al Perú con Chile y Bolivia, mientras que en Tumbes, en la frontera con Ecuador, el paro es fuerte. Mientras la prensa tradicional no informa casi nada, los medios alternativos muestran video de grandes marchas en varios departamentos (como Puno y Apurímac, en donde nació Boluarte).
Los aymaras del extremo sur están tratando de ocupar la capital de su departamento (Puno) para luego marchar a Lima. Otras naciones originarias al extremo norte (como los aguajunes y wampis) o al centro este (como los ashaninkas) vienen impulsando marchas, bloqueos y el paro nacional. Los quechuas chancas, de donde proviene Boluarte, le han declarado la guerra y han sido el primer baluarte en las grandes marchas demandando su caída.
Gustavo Petro llegó a ser electo como el primer presidente izquierdista de Colombia como un subproducto del paro nacional de 14 meses (abril 2021-julio 2022) en el cual fueron asesinadas 80 personas. En Perú, quien tiene un 50% menos de habitantes que Colombia) ya se ha llegado a la mitad de esa cifra, y, todo ello, cuando el “paro nacional” cumplía su quinto día. Tal como van las cosas, este Gobierno puede que supere al de la ultraderecha oligárquica de Iván Duque.
Boluarte se ha solidarizado con el nuevo presidente Lula del Brasil frente al intento de los bolsonoristas de asaltar los 3 poderes del Estado. Sin embargo, ella es el títere de todos los fascistoides que han terminado derrocando ilegal e inconstitucionalmente al único presidente peruano electo con más de 8,8 millones de votos.
Boluarte ha enajenado a sus propios paisanos de Abancay, a las naciones indígenas y a casi todos los que votaron por ella pensando que iba a cumplir las “palabras de maestro” como vicepresidenta de Castillo. Como es muy impopular y carece de partido y bancada, ha decidido “vender su alma al diablo” y convertirse en un pelele del fujimorismo.
Justo cuando Boluarte masacraba en Juliaca, se realizaba en Lima el “Acuerdo Nacional” en el cual los 3 poderes del estado, la fiscalía, la iglesia y otras instituciones buscan darle un espaldarazo. Esta carnicería también se dio en la víspera de que el Congreso vote por la ratificación del gabinete del Premier Otórola.
La derecha con su prensa y congresistas, que antes cuestionaba a Castillo o a sus ministros por cualquier cosa, ahora se hacen los de la vista gorda ante tantas matanzas.
La presidenta Dina Boluarte pule su alianza con el fujimorismo prohibiendo la entrada de Evo Morales al país
La represión en Perú sumó otras doce muertes
Por Carlos Noriega/Página/12 en Perú.- Este lunes fue un nuevo día trágico en las movilizaciones populares contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que controla la derecha. La represión a las protestas ha dejado al menos doce muertos por disparos de la policía en la región altiplánica de Puno. Desde que las protestas se reanudaron el 4 de enero, Puno es el epicentro de las mayores movilizaciones, pero no el único lugar donde se vienen dando. Al cierre de esta nota continuaban allí los enfrentamientos y las movilizaciones masivas.
Gran cantidad de manifestantes rodearon el aeropuerto, cerrado desde hace días. Estas son las primeras muertes desde el reinicio de las protestas en enero. En diciembre hubo 28 muertos, 22 de ellos por disparos del ejército y la policía. Y hubo 485 heridos, según un reporte de la Defensoría del Pueblo.
Hay movilizaciones en varias ciudades y este lunes fue cerrado el aeropuerto de la región andina de Ayacucho por las protestas. Diversos bloqueos se mantienen en más de cincuenta puntos en carreteras de todo el país. Un recién nacido falleció cuando la ambulancia en la que era trasladado no pudo pasar un bloqueo. En los últimos días se han denunciado más de 300 detenciones arbitrarias en Lima.
En este contexto de agudización de las movilizaciones, este lunes el gobierno decidió prohibirle el ingreso al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de promover las protestas en Puno, zona fronteriza con Bolivia. También lo señalan, sin argumentos serios, de apoyar supuestas intenciones separatistas de las poblaciones andinas del sur. A Morales lo calificaron “una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional”. Esta prohibición se extiende a otros ocho ciudadanos bolivianos.
El gobierno ha justificado esta insólita prohibición contra Morales en la Ley de Migraciones que señala que se la puede tomar contra quienes “amenacen o solivianten el orden interno”. Se le acusa de injerencia en las protestas por haber comentado que son una “insurgencia” contra “el Estado colonial”, y por pedir que “cese la represión”. Los acusadores de Morales señalan que el proyecto Runasur puesto en marcha por el expresidente boliviano para promover la articulación de las poblaciones originarias y organizaciones populares, busca impulsar la separación de las poblaciones indígenas del sur andino del Perú.
La prohibición de que Evo Morales ingrese a Perú, absurda en sus justificaciones y expresión del autoritarismo que ha ganado espacio, se da en medio de una campaña con amplio respaldo mediático de criminalización de las protestas, que acusa de “terroristas” a manifestantes y pretende explicar la indignación popular culpando a supuestos “azuzadores” de la izquierda local e internacional. Estas acusaciones eluden que hay una clase política desacreditada, pobreza, marginación y racismo sufrido por las poblaciones movilizadas, y represión de un gobierno aliado con la derecha dejando más de treinta muertos.
“No volverá a entrar al Perú”, dijo el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola al referirse a Evo Morales. En tono amenazante, aseguró que el gobierno “está observando detenidamente, no solamente la actitud de Evo Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur del Perú”. Antes que se conociera la decisión de prohibirle el ingreso al país, Evo había respondido señalando: “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero, por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y “terruqueo” (término usado en Perú cuando se acusa a alguien falsamente de terrorista) contra nuestros hermanos indígenas”. El Perú profundo demanda una transformación de fondo.
En un comunicado, el Movimiento al Socialismo (MAS) calificó las acusaciones contra Morales como “una arremetida promovida por un grupo de poder ilegítimo manchado con la sangre de nuestros hermanos indígenas asesinados por reclamar democracia y justicia social”. Y rechazan la criminalización del proyecto Runasur.
Desde la izquierda peruana condenaron esa prohibición de ingreso al país: “Esta decisión contra Evo Morales es inaceptable, es una forma de eludir la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte por la crisis, es no entender que la crisis está en nuestro país. En lugar de buscar un chivo expiatorio en el extranjero, el gobierno debe asumir la responsabilidad por la crisis, buscar una salida y garantizar que no van a haber más muertos y heridos”, señaló la legisladora Ruth Luque.
Desde el otro lado, la derecha parlamentaria y mediática celebró entusiasmada la prohibición de ingreso al país a Evo, una decisión tomada un día antes que el gabinete ministerial concurra al Congreso de mayoría derechista a pedir el voto de confianza, requisito para ser ratificado. Este es un nuevo gesto del gobierno en su acercamiento a la derecha y ultraderecha, reforzando las coincidencias del Ejecutivo con estas bancadas en la víspera de la presentación del gabinete en el Congreso. El apoyo de la derecha le aseguraría al gabinete el voto de confianza.
“Son personas subversivas, delincuentes, indeseables”, atacó el legislador fujimorista Ernesto Bustamante, al referirse en una cesión del Congreso a Evo Morales. El presidente del Congreso, el general en retiro José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, se sumó a los ataques contra Morales. El legislador del partido ultraderechista Renovación Popular, el almirante en retiro Jorge Montoya, presentó una acusación penal contra Morales por promover las protestas y pidio su extradición.
Mientras las protestas populares no cesan y la represión y muertes continúan, desde el gobierno y la derecha parlamentaria y mediática desvían los reflectores, dirigiéndolos contra Evo Morales.
Sin solución crisis en Perú tras 17 muertes y duro discurso oficial
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/4133699/otra-masacre-peru
https://www.pagina12.com.ar/514499-hubo-doce-nuevos-muertos-por-represion-en-peru
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