Como ocurrió en Bolivia el 2019, Lula dice que la Policía fue cómplice de los bolsonaristas golpistas

Por Darío Pignotti/ Página/12 en Brasil.- El infatigable Lula. Al día siguiente del asalto al Palacio del Planalto perpetrado por seguidores de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, retornó a la sede del Poder Ejecutivo en ruinas. Decidido a revertir la marea golpista, en un gesto de fuerte peso simbólico, se dirigió a pie este lunes a la noche al Supremo Tribunal Federal (STF) en el centro de Brasilia. En su marcha por la plaza central de la capital, lo acompañaron la titular del STF, Rosa Weber, el vicepresidente Geraldo Alckmin, algunos gobernadores, senadores y diputados.

Esta suerte de marcha cívica se inició luego de una reunión con gobernadores para tratar la crisis causada por las invasiones a los palacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente empleó un tono frontal para referirse a los hechos del domingo, diciendo que “vamos a investigar” quiénes fueron los manipulados y quiénes los responsables intelectuales que no se hicieron presentes en el Palacio del Planalto para realizar las tomas y generar un clima de ruptura institucional. “¿Qué estaban reivindicando, aumento de salario?. No, ellos estaban reivindicando un golpe”.

El presidente agregó que “hubo una convivencia de la policía apoyando a los manifestantes, mientras los soldados conversaban con las personas ( subversivas) como si fuesen sus aliadas”, denunció.

Desde temprano

Temprano, a las nueve de la mañana del lunes, el flamante jefe de Estado llegó al Planalto, sede del gobierno, donde casi nada quedó en pie. La turba de extrema derecha descargó el domingo su ira antidemocrática destruyendo todo lo que encontraba a su paso, desde muebles y computadoras hasta la pintura Las Mulatas de uno de los padres del modernismo nacional, el inmortal Di Cavalcanti. La obra de 1962, tasada en 1,4 millones de dólares, fue tajeada por los invasores .

¿Por qué tal ensañamiento con esa joya pictórica? Quizá porque retrata unas muchachas afrodescendientes, mal vistas por esta derecha racista y reivindicadas por el nuevo gobierno responsable de recrear el Ministerio de Inclusión Racial, a cargo de la joven negra Anielle Franco. Y quizá porque Di Cavalcanti fue afiliado al Partido Comunista.

En su retorno al predio destruido, un Lula con traje gris y camisa oscura sin corbata, observó a decenas de empleados recoger vidrios, apilar muebles, sacarlos en contenedores y limpiar las heces dejadas por ese grupo de fascistas tan escatológicos como políticamente iletrados.

Una de las pocas oficinas a salvo de la plaga fue el despacho presidencial, en el tercer piso, donde el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) y su vice Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB) se sentaron uno junto al otro. Los acompañaban el titular del Congreso, senador Veneziano Vital do Rego, el jefe de Diputados, Arthur Lira y la presidenta del STF, jueza Rosa Weber.

Unidos

“Estamos unidos para que las medidas institucionales sean tomadas, instamos a la sociedad a que mantenga la serenidad en defensa de la paz y la democracia, el país precisa de normalidad”, señala un documento firmado por Lula, Vital do Rego, Lira y Weber. “Los poderes de la República, defensores de la Carta Constitucional, rechazan los actos terroristas, el vandalismo, las acciones criminales y golpistas que ocurrieron en la tarde de ayer en Brasilia”.

Que el primer documento de los representantes de los poderes de la república escoja la palabra “terroristas” para aludir a la horda de militantes que depredó los predios públicos, dice bastante sobre la gravedad de la intentona golpista, un plan sobre el cual Bolsonaro comenzó a hablar y a agitar desde hace dos años, en enero de 2021, cuando el presidente norteamericano Donald Trump persuadió a los suyos para que asaltaran el Capitolio en Washington. La aventura del oligarca del Partido Republicano naufragó, en parte, porque le faltó el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Al revés de Estados Unidos, en Brasil las Fuerzas Armadas se afiliaron al bolsonarismo y comulgaron con el plan para desestabilizar a Lula. Por eso el Cuartel General del Ejército fue cedido como guarida donde dos mil extremistas montaron un campamento desde donde lanzaron operaciones de terrorismo urbano, la última de ellas el domingo pasado.

Según avanzan las investigaciones, se advierte cómo los militares utilizaron a los manifestantes para generar el caos e instalar la ingobernabilidad. Con los palacios capitalinos en llamas y la policía bolsonarista inmóvil, Lula se vería obligado a decretar la intervención militar en la seguridad interna. Es decir: abdicar ante la corporación castrense una semana después de asumir el gobierno.

El plan fracasó porque el presidente, en lugar de pedir que los militares salieran a patrullar las calles, optó por intervenir el gobierno de Brasilia y tomar el control de su policía para volver a la “normalidad”, como dice el documento presentado este lunes.

Campamento

La intensa agenda presidencial de este lunes buscó ampliar las alianzas políticas que permitan aislar al núcleo concentrado del golpismo formado por Bolsonaro, los militares y los activistas zombies. Después de hablar con los jefes de los poderes Legislativo y Judicial a la mañana, por la noche Lula se reunió con los gobernadores para acordar medidas en común contra los sediciosos.

Mientras se realizaban los encuentros en el Planalto en fase de reconstrucción, Lula envió a un par de ministros al Cuartel General del Ejército para pactar la evacuación de los revolucionarios de derecha. Al principio, los generales pusieron objeciones, pero con el correr de las horas y la presión de la opinión pública, se vieron obligados a consentir la salida de mil doscientos acampados y su traslado a una sede de la Policía Federal para ser interrogados.

Dos ministros

Con esta presión sobre la cúpula militar bolsonarista, el gobierno conquistó una victoria, transitoria pero importante. El rédito político es para el presidente y su ministro de Justicia, Flavio Dino, partidario de hacer justicia con los autores materiales e intelectuales de los actos “terroristas”. Si la tesis de Dino avanza, las investigaciones podrían revelar los nombres de los empresarios que financiaron el levantamiento del domingo. Y no solo eso: también echarán luz sobre la probable complicidad de los militares y la casi segura responsabilidad de Bolsonaro desde Estados Unidos, donde algunos diputados demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden que lo expulse.

El triunfo del ministro de Justicia, Flavio Dino, con la expulsión de los militantes acampados frente al Ejército, fue una derrota para el contemporizador ministro de Defensa, José Mucio, oriundo del campo conservador, quien propuso una salida conciliada con los militares, incluyendo la tolerancia con los grupos amotinados a los que no trata de golpistas sino de manifestantes con derecho a expresar sus ideas. El titular de Defensa apunta hacia una amnistía, que también abarcaría a Bolsonaro. Ese proyecto hoy perdió una batalla con Lula caminando hacia el STF y Dino haciéndose fuerte en la búsqueda de justicia.

Brasil: crónica de un ensayo anunciado

Por Atilio A. Borón/PAGINA 12.-
 (Fuente: NA)

Lo ocurrido en Brasil es algo inédito en la historia de ese país. Pero, paradójicamente, era algo previsible. Hubo muchas señales de que la derecha radical, neofascista o neonazi, no estaba dispuesta a permitir que se consumara en paz y ordenadamente la asunción de Lula como nuevo presidente del Brasil. Claros indicios de que apostaba a un golpe militar, para lo cual golpeaban la puerta de los cuarteles y acusaban públicamente de cobardes a los militares por no “rescatar al país” de las garras del comunismo y su arma mortal: “la ideología de género”.

Lo mismo que se hizo en Chile en los meses finales del gobierno de Salvador Allende. La receta es la misma, “made in America”: movilizar a un segmento de la “sociedad civil”, ganar las calles, precipitar la intervención militar y tumbar al gobierno indeseable. Por eso lo ocurrido era algo que estaba presente en el nefasto “clima de época” alimentado por la inexorable declinación de Estados Unidos como superpotencia mundial y su recargada virulencia.

El signo de esa revuelta bolsonarista guarda una notable similitud con lo acaecido casi exactamente dos años antes en el Capitolio de Estados Unidos.  En este país tuvo lugar un 6 de enero, en Brasil el 8. La coincidencia no es casual, habida cuenta de la existencia de una muy activa y muy bien financiada internacional neofascista que tiene como su gurú ideológico y organizacional a Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. Pero las coincidencias no terminan allí. El objetivo fue el mismo: demostrar cómo un grupo decidido y relativamente pequeño (en Brasil, unas cuatro mil personas) puede apoderarse a voluntad de la sede de los tres poderes del Estado y, si algunas condiciones maduran, hacer que las fuerzas armadas den un paso al frente y consumen la re-edición del infausto golpe de estado de 1964. Por eso lo ocurrido es un ensayo, una prueba. Seguramente volverán a la carga para crear una situación que finalmente termine por convertir en inevitable un arbitraje militar.

Claro que lo anterior depende en gran medida de lo que haga el gobierno de Lula. Por empezar tendrá que decretar la intervención de la gobernación de Brasilia, cómplice necesaria por su pasividad ante los revoltosos. Tendrá también que reemplazar a la cúpula de los servicios de inteligencia del Estado, que fueron incapaces –o no quisieron- anticipar esta situación y advertir a las autoridades del peligro que se avecinaba. Y otro tanto tendrá que hacer con las fuerzas armadas. Por otra parte, el presidente Lula tendrá que convencerse que deberá movilizar y organizar a su base electoral y recuperar el control de calles y plazas. En caso contrario, la estabilidad de su gobierno podría llegar a verse muy comprometida. Ni las instituciones ni las diversas ramas del aparato estatal le responden tal cual manda la Constitución. Su único reaseguro es la movilización popular.

Hablábamos más arriba del “clima de época” en el que hay que enmarcar lo sucedido. Repasemos: en 2021 se produjo lo del Capitolio; el 2022 fue pródigo en acontecimientos similares. En Julio miles de manifestantes en Sri Lanka tomaron por asalto la residencia oficial y la oficina del presidente, e incendiaron la del primer ministro. El signo político no era reaccionario, pero la forma de la protesta sí lo fue. En diciembre se frustró un intento neonazi de ocupar violentamente el Bundestag y varios parlamentos de los Landers alemanes. En septiembre se produjo el frustrado intento de magnicidio en contra de Cristina Fernández de Kirchner, aún lejos de estar esclarecido; en diciembre la destitución de Pedro Castillo en Perú; ahora la tentativa en Brasil. Y antes, a no olvidarlo, tal vez inaugurando este ciclo, el cruento golpe neofascista en Bolivia.

El obvio pero sistemáticamente negado “déficit democrático” de los sistemas políticos que se pretenden democracias (¡y que no lo son!) se combina con los efectos de la crisis capitalista y los desquiciantes movimientos de las placas tectónicas del sistema internacional en Ucrania y Taiwán. Y esto, políticamente hablando, es dinamita. Para desactivar esta bomba de tiempo se requerirá de mucha habilidad política, inteligencia y fuerza, para tomar decisiones difíciles que provocarán encendidos debates. Ojalá que Lula pueda demostrar que posee esas virtudes.

Intento de golpe de estado en Brasil: un ex embajador aseguró que hubo “connivencia”, “guiñadas” y “poca policía”

PERFIL/ Buenos Aires.- Fanáticos bolsonaristas invadieron la sede de los tres poderes de gobierno en Brasilia, donde acampaban hacía más de dos meses exigiendo un golpe de estado que evitara el recambio presidencial. El fallido intento de golpe de estado del pasado domingo arrojó al menos 1.500 detenidos y la apertura de un sinfín de sumarios contra los manifestantes, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios.

Ante la grave situación que atraviesa el país vecino, RePerfilAr consultó al ex Embajador de Brasil, España y la Organización de los Estados Americanos, Juan Pablo Lolhé quien expresó que lo sucedido “fue grotesco”, porque “no se detiene una manifestación de 2.000 personas con mangueras con agua”. Y continuó: “Son fanáticos, pero también hay otros componentes que es bueno señalar. Hay connivencia, hay guiñadas, hacerse el distraído, muy poca policía y en algunos casos policías mezclados con manifestantes”. “Hay mucho para investigar, eso lo tiene que hacer la justicia”.

Respecto a las presunciones de que el Presidente Lula Da Silva sabía que iban a ocurrir estos hechos y dejó que pasaran, el ex Embajador expresó, “son especulaciones, hay que dejar que investigue la justicia”.

Ante el retorno de Lula a la Presidencia y respecto al tercer mandato del líder del PT brasilero, Lolhé advirtió sobre las diferencias en los contextos del gobierno: “Lula estaba acostumbrado a ganar por amplios márgenes y esta vez ganó por una pequeña diferencia; la conformación de Brasil es muy distinta a la que él gobernó; existe una grieta que anteriormente no existía”. Por ello, ahora en el país vecino hay “contexto difícil para él, porque Lula tiene la misión primaria de unir al país y pacificarlo. Habría que ver si lo logra”.

“Las revueltas pueden continuar, pero no de la forma que estaban desarrollándose porque hubo cierta permisibilidad. Será una confrontación más dura si la cuestión sigue”, analizó el diplomático. Y luego añadió: “Dependerá mucho del clima político y social y eso está por verse porque Lula recién asumió hace una semana”.

Respecto a la posibilidad de que ocurra algo similar en Argentina, Juan Pablo Lolhé consideró las diferencias en la cantidad de habitantes, territoriales, culturales y las similitudes respecto al Macrismo y Bolsonarismo por la centro derecha y la visión de centro izquierda del Lulismo y Kirchnerismo. “La ventaja que vemos aquí es que siempre hay un oficialismo y una oposición lo cual es una garantía para la democracia. El problema es si la sociedad se beneficia con eso”, concluyó.

Brasil: crecen las sospechas de que policías de Brasilia dejaron actuar a los bolsonaristas

Comenzaron a circular videos donde se ve a los efectivos charlando y sacando fotos mientras los actividades avanzaban. Lula denunció “falta de seguridad”.

Varias horas después de que iniciara el ataque a los edificios gubernamentales de Brasil, comienza a tomar fuerza la sospecha de connivencia entre la Policía de Brasilia con los manifestantes bolsonaristas a partir de los videos que circulan en redes sociales y la sugerente falta de seguridad en las inmediaciones.Según publica el sitio Globo.com, un grupo diez policías militares fueron filmados hablando con los atacantes y grabando imágenes de la invasión del Congreso Nacional en sus teléfonos celulares.

Mientras los radicales subían la rampa y destrozaban el edificio, la policía esperaba junto a los vehículos, sin ninguna acción para contener a los extremistas, reporta el medio brasileño.

La invasión se produjo tras un enfrentamiento con la Policía Militar en la Explanada dos Ministérios, en Brasilia. Los participantes en actos antidemocráticos portaban palos y piedras.

Según consigna Globo.com, la policía militar trató de contener a los radicales con gas pimienta, pero invadieron el área de contención que rodea al Congreso Nacional.

Imágenes del sitio muestran que un vehículo de la Fuerza Nacional cayó en el espejo de agua del monumento.

Las sospechas denunciadas por Lula Da Silva

En respuesta al ataque de los manifestantes bolsonaristas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, cuyo gobernador, Ibaneis Rocha, es un aliado de Bolsonaro.

Tras calificar de “fascistas” a los manifestantes determinó la intervención hasta el 31 de este mes, mientras el gobernador Rocha decidió echar a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y estaba en Orlando este domingo, misma ciudad donde está el exmandatario.

Lula también aseguró que van a tener que pagar también los policías del Distrito Federal que fueron filmados evitando detener a los manifestantes

El mandatario remarcó que hubo un operativo de seguridad defectuoso.

“Creemos que hubo falta de seguridad y quiero decir que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y serán punidas”, dijo Lula en Araraquara, estado San Pablo, donde estaba de visita por una tragedia de inundaciones.

Al mismo tiempo, calificó de “genocida” a Bolsonaro, a quien acusó de estar convocando a desmandes desde hace varios meses.

El ataque a las instituciones en la Plaza de los Tres Poderes fue llevada a cabo por más de 5.000 personas que llegaron en más de 80 ómnibus de todo el país.

Los manifestantes rompieron vidrios, cámaras de seguridad, armarios y despachos en el Planalto y el STF.

En la Corte fue retirada la puerta del despacho de Alexandre de Moraes, el juez que investiga al bolsonarismo y al ex presidente por atentar contra la democracia desde 2020. “Este es nuestro mayor trofeo”, dijo uno de los ultraderechistas que ingresó a la sede de la corte.

Estas personas protestaban en todo el país en la puerta de los cuarteles para pedir un golpe, anular la elección de Lula y reponer a Bolsonaro desde noviembre.

Según dijo Lula en su mensaje a la población, fue financiado por sectores de la minería ilegal, el agronegocio y los traficantes de madera.

Lula acumula apoyos internacionales y en las ciudades de Brasil, que exigen castigo para los golpistas

La connivencia de la policía con los asaltantes y la financiación de los campamentos de los ultras centran las investigaciones sobre el asalto fallido a las principales sedes institucionales de Brasil.

EL SALTO DIARIO.- Flávio Dino, ministro de Justicia de Brasil, ha detallado que ya son más de 1.500 las personas detenidas por el asalto a las sedes institucionales que el pasado domingo 8 de enero tuvo lugar en Brasilia por parte de partidarios de Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas y fuera del cargo desde el 1 de enero.

El grueso de las detenciones, hasta 1.200, se produjo en la jornada del lunes, con la situación ya completamente controlada por el Gobierno. Además, se desmantelaron los campamentos desde los que salieron los asaltantes del Congreso Nacional de Brasil, el palacio presidencial de Planalto y el Tribunal Supremo, situados en los alrededores del cuartel federal militar de Brasilia. Se les acusa de un ramillete de delitos, el más grave el de golpe de Estado, pero también de otros como lesiones, desórdenes públicos, posesión de armas y robo.

Entre los identificados como participantes en el asalto están un sobrino de Jair Bolsonaro, un exconcursante de Gran Hermano, concejales y diputados provinciales, un general en la Reserva que ejerció cargos de responsabilidad en el Gobierno de extrema derecha en la anterior legislatura y un asesor del Ministerio de Defensa.

Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia, ha sido el principal responsable político señalado por la crisis provocada por el intento de golpe. Rocha, suspendido durante 90 días, es sospechoso de connivencia y omisión ante las pruebas de que se estaba pergeñando el intento de golpe. A su vez, el gobernador ha cesado a su director de Seguridad acusándolo de la misma connivencia.

El relato de O Globo, primera cadena de TV del país, indica que Lula da Silva se indignó el domingo al ver imágenes “de policías bebiendo agua de coco en lugar de frenar el avance hacia la Praça dos Três Poderes y tomándose selfies con los manifestantes”, lo que motivó que el Gobierno interviniese la seguridad pública del Distrito Federal.

Las imágenes de agentes de policía alentando a los bolsonaristas han dado la vuelta al mundo y otra prueba que señala al cuerpo es la negativa del Ejército a permitir a la policía participar en el desmantelamiento de los campamentos. Además, el dispositivo de movilización de los policías militares en Brasilia facilitó el acceso de los golpistas a la Praça dos Três Poderes, según ha señalado el propio Ministerio de Justicia.

En el momento del intento de golpe, apenas 140 efectivos seguían en la capital —otros 500 estaban movilizados en otros Estados— y se hizo caso omiso de los informes de inteligencia que alertaban de los preparativos del asalto. Lula Da Silva ha anunciado asimismo que la investigación debe centrarse sobre la financiación de los campamentos de los que partieron los asaltantes, el líder del Partido dos Trabalhadores ha esgrimido su experiencia en la lucha sindical para defender que los golpistas tuvieron que recibir financiación externa.

La Abogacía General de la Unión ha anunciado que bloqueará los fondos de aquellas empresas que se demuestre que han financiado esta operación, la investigación se focalizará también en las empresas de transporte que facilitaron el traslado de los golpistas en las horas previas al asalto.

Apoyo internacional

El Gobierno de Lula, no obstante y a pesar de los errores de seguridad, ha salido reforzado en las escena internacional. Joe Biden, presidente de Estados Unidos que en estos días participa junto a Justin Trudeau y Andrés López Obrador en la cumbre de los “Three Amigos” que reúne a los principales mandatarios norteamericanos, llamó a Da Silva para reforzar su apoyo, algo no tan habitual en el tratamiento por parte de la Casa Blanca del golpismo en Latinoamérica. Biden anunció que ha invitado a Da Silva a una reunión en Washington en febrero.

Dentro del Partido Demócrata, una serie de voces han pedido más contundencia en la respuesta. Congresistas como Alexandria Ocasio Cortez han pedido la extradición de Jair Bolsonaro, actualmente ingresado en instalaciones médicas en Orlando (Florida), “los Estados Unidos deben dejar de prestar refugio a Bolsonaro”, ha pedido la congresista niuyorquina. Joaquin Castro, congresista demócrata por Texas, ha acusado al expresidente de inspirar el ataque fascista del domingo y ha pedido a su Gobierno la expulsión a Brasil del político de extrema derecha. Pese a las evidencias, Bolsonaro ha intentado desvincularse de los hechos del pasado domingo.

El apoyo al actual presidente se ha extendido casi sin excepción a toda la comunidad internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como los principales mandatarios latinoamericanos han reafirmado su respaldo a Lula Da Silva. En el interior, la jornada de ayer se cerró con una reunión del presidente con los gobernadores de los 27 Estados del país, el Frente Nacional de Alcaldes o la presidenta del Tribunal Supremo.

En las calles de Brasil, y en las de algunas ciudades europeas, ese rechazo al golpismo se ha traducido en una serie de movilizaciones que tuvieron lugar el 9 de enero. El color rojo característico de los simpatizantes del Partido dos Trabalhadores tiñó las calles de Sao Paulo, Porto Alegre, la propia Brasilia o Rio. Los lemas inciden en el rechazo a una posible amnistía a favor de los golpistas: #SemAnistiaPraGolpistas ha sido la etiqueta bajo el que se han englobado las fotografías y vídeos de las marchas en la red social Twitter.

https://www.pagina12.com.ar/514520-lula-volvio-al-planalto-y-avanzara-contra-los-golpistas

https://www.pagina12.com.ar/514211-brasil-cronica-de-un-ensayo-anunciado

https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/intento-de-golpe-de-estado-en-brasil-1200-detenidos.phtml

https://www.clarin.com/mundo/brasil-crecen-sospechas-policias-brasilia-dejado-actuar-bolsonaristas_0_5msUF1zl94.html

https://www.elsaltodiario.com/brasil/lula-acumula-apoyos-despues-intento-golpe-brasil