ABI. – La violencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó como saldo provisional a 27 estructuras dañadas entre públicas y privadas, 44 vehículos destruidos bajo el fuego y 26 policías heridos, desde el pasado 28 de diciembre, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Grupos radicales al servicio del comité cívico cruceño arremetieron contra instalaciones públicas y bienes privados, vehículos oficiales y uniformados en defensa del detenido Luis Fernando Camacho.
El excívico tiene cargos en la justicia por terrorismo que habría cometido en las violentas jornadas del golpe de Estado de noviembre de 2029.
“Los delincuentes contratados” para atacar bienes públicos y privados buscan la impunidad de Camacho, dijo el titular de Gobierno, de acuerdo con un reporte institucional.
Del Castillo detalló que de esos hechos violentos se tienen 24 personas sentenciadas, 22 en calidad de aprehendidas, con detención preventiva y 16 con medidas sustitutivas.
En total fueron 76 personas aprehendidas y arrestadas en flagrancia por los delitos de destrucción o deterioro a bienes del estado y la riqueza nacional, instigación pública a delinquir, además del secuestro de 10 vehículos que fueron utilizados para estos fines.
“Existen varios videos que circulan en redes sociales y en medios de comunicación donde se puede ver que son estos sectores radicales los que atacan a la Policía Boliviana, y las fuerzas del orden responden usando gases lacrimógenos para dispersar a estas personas”, indicó.
Documentación de los casos de corrupción en Santa Cruz se perdieron con la quema de la Fiscalía
Santa Cruz, 05 de enero de 2023 (ABI). – La quema de las instalaciones del Ministerio Público en la capital cruceña provocó la pérdida de documentación y evidencias en casos de corrupción que implican a la gobernación administrada por Fernando Camacho, a la alcaldía e incluso a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
“En el incendio de la Fiscalía se ha perdido mucha documentación, muchas evidencias sobre estos casos de corrupción”, denunció este miércoles el director departamental de la FELCC, coronel César Cossio.
Explicó que la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) funcionaba en el último piso de la Fiscalía Departamental y con el ataque de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) además de afectar seriamente las instalaciones afectaron a los procesos de investigación.
Detalló que entre la documentación que se perdió como causa del incendió están los casos más grandes de corrupción como los casos Carro Bombero, Pacheco, Ítems fantasma de la alcaldía cruceña e irregularidades en la universidad pública, entre otros.
El 28 de diciembre, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, una turba de gente afín al excívico irrumpieron contra el edificio de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
Aproximadamente a las 17.40 de ese miércoles, el grupo vandálico, rompió los candados y vidrios, saquearon el lugar y le perdieron fuego y dejando las instalaciones inhabitables.
Nueve de los involucrados en este hecho fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva. Ellos fueron encontrados con objetos pertenecientes al Ministerio Público como impresoras, computadoras y otros objetos, además de petardos. De este monto, Bs 2,1 millones le fue depositado a su cuenta en una entidad financiera y Bs 2,4 millones en transferencias a las cuentas de otras personas.
Lejos de refutar estas evidencias, el movimiento cívico reunido en Santa Cruz determinó convocar para el 10 de enero a marchas de protestas en todo el país y posteriormente a movilizaciones escalonadas exigiendo la liberación de Camacho.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, no dudó en calificar de “política” la convocatoria. Argumentó que el gobernador cruceño conocía del proceso, defendió el accionar del Ministerio Público y rechazó las aseveraciones de que Camacho habría sido secuestrado.
“Nosotros entendemos esto como un tema político, hay familias que piden justicia y necesitamos que se genere en ese marco”, insistió Alcón.
No obstante, aseguró que el derecho a la protesta de todos los sectores está garantizado en tanto no vulneren la normativa u ataquen o dañen la infraestructura pública. Afirmó que los autores serán procesados.
Grupos violentos desbaratan cuatro estaciones de peaje en Santa Cruz
El balance de los daños especifica destrozos y quema de puertas, ventanas, activos, impresoras y servidores, entre otros equipos.
• Ahora El Pueblo/
El director ejecutivo de Vías Bolivia, Emilio Zurita, denunció ayer que grupos violentos afines al Comité pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) destrozaron y quemaron por lo menos cuatro estaciones de peaje en el departamento de Santa Cruz.
De acuerdo con Zurita, estos actos vandálicos provocaron daños en las casetas, lo que impide cobrar peajes. Debido a eso se estableció una pérdida económica que alcanza a los Bs 2,1 millones.
Las estaciones afectadas por estos grupos vandálicos son Quiser, Puesto Méndez, Kilómetro 17 y San Carlos.
El recuento de daños especifica destrozos y quema de puertas, ventanas, activos, impresoras, servidores, entre otros equipos, incluyendo las viviendas y cocinas que utilizan los recaudadores.
“Además quiero denunciar que hay personas vandálicas que han buscado si hay dinero de recaudación para llevárselo y ese es un delito que no podemos permitir (…) ¿Cuánto hemos perdido hasta ahora? Hemos perdido 2.174.936 bolivianos”, lamentó Zurita.
De acuerdo con el ejecutivo de Vías Bolivia, el daño económico solo en el departamento cruceño alcanza al menos a Bs 1.682.636 y a más de Bs 2 millones a escala nacional en cuanto al cobro de peajes.
La demanda por esos daños económicos al Estado boliviano será presentada ante las autoridades competentes, para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, explicó que las pérdidas económicas por estos hechos afectan no solo al nivel central sino a las gobernaciones, que reciben el 30% de lo recaudado.
“De todo lo recaudado, le entregamos el 30 por ciento, en este caso, a la Gobernación de Santa Cruz, sin que esta haga mantenimiento a las carreteras de la Red Vial Fundamental (RVF)”, manifestó.
Municipios de Santa Cruz rechazan violencia de afines a Camacho
El vicepresidente de Amdecruz alertó que el Comité pro Santa Cruz pone en marcha otro plan para tomar de manera definitiva el poder en el país.
Milenka Parisaca / Ahora El Pueblo Digital /
La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), integrado por 55 municipios de los 56 existentes en el departamento, informó este jueves que las autoridades municipales rechazan los actos violentos organizados por afines a Luis Fernando Camacho.
“Las autoridades electas por el voto popular, el voto secreto en las urnas, como son los alcaldes no estamos de acuerdo con ninguna medida de esta naturaleza, pero además hay que denunciar el carácter violento que tienen estas medidas, que ya es de conocimiento del pueblo boliviano y de la comunidad internacional”, dijo Pedro Damián Dorado, vicepresidente de Amdecruz, a Bolivia Tv.
Desde el 28 de diciembre de 2022, grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y del Comité Cívico protagonizan actos violentos para exigir la liberación de Camacho, quien permanece recluido en el penal de Cochocoro de La Paz, en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I.
En ese contexto, Dorado pidió al Gobierno nacional y a la justicia no dar la espalda al pueblo cruceño, que es víctima de violencia, amedrentamientos, saqueos y otras vulneraciones a sus derechos.
“Hacemos nuestro llamado, nuestra convocatoria al pueblo cruceño, boliviano, a no quedarnos con los brazos cruzados esperando que las instituciones del Estado hagan su trabajo, sino que también nosotros, democráticamente, en el marco de las leyes, accionemos medidas que amparen la democracia, el estado de derecho y sobre todo la vida de los ciudadanos”, señaló.
A criterio del vicepresidente de Amdecruz, el Comité pro Santa Cruz, con ayuda de la derecha, pone en marcha otro plan para tomar de manera definitiva el poder en el país, para lograr impunidad por las masacres de 2029 y beneficiarse con los recursos de los bolivianos.
“Definitivamente un golpe de Estado, la desestabilización está en marcha, los grupos de poder avanzan hacia la toma del poder por la fuerza a nivel nacional y van a buscar cualquier excusa, antes era el Censo hoy van a tratar de instrumentalizar la detención de Camacho y eso el pueblo boliviano no tiene que permitirlo”, agregó.
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