AHORA EL PUEBLO.- Las organizaciones sociales de todo el país levantaron su voz casi al unísono para condenar la violencia desatada por grupos radicales liderados por la Unión Juvenil Cruceñista y afines al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, cuestionó que grupos radicales de cívicos cruceños sigan generando terror en su población pretendiendo defender a Camacho, de quien considera que está en el lugar que le corresponde por los hechos suscitados en 2019 y los muertos de Senkata y Sacaba.
“Ahora toman instituciones públicas con actos vandálicos. Desde aquí queremos decir al Ministerio Público que haga cumplir el rol de lo que dice la Constitución Política del Estado, quien está encabezando esto, Rómulo Calvo, debe ir a acompañar a Luis Fernando Camacho, porque él está encabezando en este momento, lo estamos viendo en vivo todos los días enfrentando, queriendo tomar el Comando Departamental de la Policía Boliviana”, señaló en un reporte de Bolivia TV.
Por los desmanes ocasionados en la capital cruceña, Alavi pidió que el Ministerio Público cumpla con las leyes bolivianas para procesar a Calvo y a quienes están causando actos violentos en Santa Cruz.
Por su parte, el secretario general de Juventudes de Trinidad, Jonathan Huallpara, rechazó los actos violentos por parte de grupos violentos; asimismo, lamentó que se perjudique económicamente no solo a Santa Cruz, sino a todo el país en su conjunto.
“Lamentamos todo tipo de actitud encabezada por el Comité Cívico pro Santa Cruz junto con unos jóvenes vándalos que están atacando a la sociedad cruceña, están perjudicando a gente que trabaja para comer día a día. Repudiamos como jóvenes estos hechos vandálicos y apoyamos al Gobierno”, dijo en un reporte de la televisión estatal.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, rechazó los atentados a la seguridad de los cruceños y los actos de violencia en contra de diferentes instituciones públicas.
“Rechazamos y repudiamos todo acto violento, fascista y racista de la Unión Juvenil Cruceñista que está afectando al patrimonio del Estado, no solo eso, sino también maltratando, torturando y amenazando a nuestra población”, refirió Aguilar.
En ese marco, las bartolinas exigieron que se investigue y sancione a los responsables por los asaltos y saqueos en las diferentes instituciones de Santa Cruz.
Aguilar señaló que mediante actos violentos los sectores radicales buscan la impunidad por el golpe de Estado y las masacres ocasionadas al romper el orden constitucional.
“Nosotros no lo vamos a permitir como organizaciones sociales, tienen que responder a la justicia boliviana, Luis Fernando Camacho y los actores que lo han acompañado como el gabinete del gobierno golpista”, dijo Aguilar.
De la misma forma, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Santa Cruz, Omar Rivera, sostuvo que los atentados que se viven en la ciudad de Santa Cruz por parte de grupos vandálicos de la Unión Juvenil Cruceñista solo perjudican a la población cruceña.
“Repudiamos estos actos y consideramos que el Ministerio Público y la Fiscalía deberían investigar y dar con los autores de estos atentados criminales que solo perjudican, es repudiable esta actitud y esperemos que el Ministerio Público le caiga con todo el peso de la ley a esta gente que está haciendo estos atentados criminales y tiene que ser castigada”, dijo Rivera.
El secretario general de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Elías Tejerina, responsabilizó a los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista que estaría acostumbrada a actuar de esa manera y considera que ya es hora de que el Gobierno ponga mano dura a toda esa organización criminal.
“El CIDH ha dicho claramente que son grupos armados irregulares y tienen que desbaratarse en Bolivia y en Santa Cruz más que todo la cabeza”, señaló al programa Con Aire Fresco, de la Red Patria Nueva.
Procurador pide sanción
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, lamentó los hechos de violencia registrados en los últimos días en Santa Cruz debido a la demanda de que el gobernador Luis Fernando Camacho sea liberado y consideró que deben tener una sanción de acuerdo con la ley penal.
En cuanto a la situación jurídica de Camacho, señaló que el procedimiento se encuentra bajo la norma y la tutela de un juez, quien determinó su detención preventiva por cuatro meses y se está a la espera de que se verifique la audiencia de apelación incidental que fue también formulada por la Procuraduría General del Estado, que es parte del proceso por el caso Golpe I, para saber a qué tribunal se sorteó y así poder prepararse y estar listos para la audiencia ante un juez unipersonal.
Respecto a la determinación que asumió el Comité Cívico pro Santa Cruz de no permitir que salga alimento fuera de ese departamento para el resto del país y cerrar las carreteras, Chávez manifestó que se trata de medidas que de hecho están fuera de lugar y perjudican al empresariado y a la población, por lo que espera que vuelvan a la cordura, puesto que la gente desea trabajar y no tolerará órdenes de un grupo al que nadie eligió, cuando anteriormente ya pasaron por 36 días de un paro impuesto por ese grupo.
“El Ministerio Público ha dado cuenta de las formas en la que esta persona ha sido primero aprehendida y luego bajo tutela del juez ha sido detenida, y en todo caso pues estamos nosotros participando para que en ese tiempo se pueda acopiar todos los medios de prueba respectivos”, indicó.
COB y Pacto de Unidad se declaran en estado de emergencia y exigen al Gobierno no permitir impunidad de autores del golpe
Las organizaciones sociales, a nivel nacional, se reunirán para cerrar filas en demanda de justicia.
Milenka Parisaca / Ahora El Pueblo Digital /
Movimientos sociales del país, aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad se declararon este miércoles en estado de emergencia debido a la amenaza del Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) de generar convulsión social para conseguir la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, procesado por el caso Golpe I. Exigieron al Gobierno no permitir impunidad para los actores de los hechos vandálicos de 2019 y 2022.
“No puede haber impunidad para quienes han sido los autores intelectuales del golpe de Estado de 2019, por eso hoy más que nunca las organizaciones sociales a nivel nacional nos vamos a reunir para tratar estos y otros porque estamos viendo actos de vandalismo, de sedición, terrorismo”, afirmó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
Las protestas de los grupos afines Camacho distan mucho de manifestaciones sociales pacíficas porque su mayor característica es el uso de la violencia como medida de presión, con amedrentamiento a la población, a transportistas, gremiales, saqueos y toma y quema de instituciones públicas y privadas, observó.
“Nuestros hermanos han sido afectados fuertemente la gestión pasada con los 36 días de paro y hoy otra vez están amenazados, es más otra vez se pone en riesgo la economía y eso es muy preocupante para nosotros por eso es que nos declaramos en estado de emergencia”, expresó.
Denunció que los mismos actores ligados al régimen de facto de Jeanine Añez, que convulsionaron el país en 2019, comenten, como en ese tiempo, injerencia en Bolivia al entrometerse en asuntos internos.
“Hoy vemos autoridades europeas, chilenas haciendo injerencia en nuestro país. ¿Dónde se ha visto esas cosas? Pedimos al Gobierno que actúe también con esas personas. Ahora nos damos cuenta quiénes han sido los que han financiado el golpe de Estado de 2019, por eso es que el pueblo pide a gritos que no puede haber impunidad”, afirmó.
Solicitó a los administradores de la justicia ampliar los procesos para detener a los promotores y ejecutores del golpe del golpe de Estado de 2019 con el gobierno de facto.
“Al mismo tiempo llamamos a la reflexión a nuestros hermanos, no estamos generalizando. Eso queremos que quede claro con nuestros hermanos de Santa Cruz, el 60% de la población quiere trabajar, reconstruir otra vez su economía, pero hay algunos grupos, logias que lamentablemente quieren politizar todo”, enfatizó Huarachi.
En ese contexto, detalló que en las siguientes las organizaciones populares del país se reunirán para expresar su rotundo rechazo a las nuevas intentonas golpistas y determinar acciones para defender el estado de derecho, resguardar la democracia y el pedir justicia para las víctimas de las masacres de 2019.
