Por Ariel Basteiro/Embajador de Argentina en Bolvia/ LA RAZON/Bolivia.- El último lunes 12 de septiembre, con estupor vimos cómo un periodista de El Deber, desde su cuenta de Twitter (@msuarez_ED), decía: “Eso le faltó al anterior, ensayar”, en respuesta al tuit del periodista Carlos Montero donde citaba una noticia que titulaba “Vandalizaron un monumento a Néstor Kirchner: ¿Fue atacado a balazos?”.

Ante este gravísimo hecho al que podemos calificar como apología del delito, nos comunicamos con el director general del diario El Deber para solicitarle que se repudiara o se acusara que no se compartía dichas posturas.

La respuesta fue que el sacaría una aclaratoria al respecto y quedaba a disposición para que desde la Embajada tuviéramos derecho a réplica sobre otros artículos publicados en el diario en cuestión. Desde el día 14 al día de hoy, fue infructuoso poder comunicarnos con el señor Rivero, por lo cual nos vemos en la obligación de contestar ante tamañas agresiones publicadas en un diario que dice ser democrático y respetuoso del debate de ideas y pluralidad de opiniones, hechos que no son asumidos cuando se solicita acusar actos graves como estos.

Ante el intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la solidaridad del pueblo boliviano no solo se hizo sentir con los mensajes de sus principales autoridades nacionales, sino también por la ciudadanía en general y sus organizaciones sociales en las puertas de la Embajada Argentina en Bolivia, el pasado viernes 2 de septiembre.

El pueblo argentino se viene movilizando por más de cuatro semanas en defensa de la Vicepresidenta desde que la Fiscalía colonizada por Mauricio Macri pretende dictar una sentencia de 12 años de prisión, sin tener pruebas y usando la figura de “asociación ilícita”, mecanismo ya reconocido en la justicia argentina para procesar a alguien cuando no hay pruebas.

Los fiscales pretenden hacer creer que Néstor Kirchner fue electo presidente en 2003 y Cristina Fernández en 2007 y en 2011 con el 54% de los votos, con el único objetivo de crear una asociación ilícita, con el agravante de que todos los actos de esos periodos hubieran sido ilícitos, incluso el nombramiento del fiscal Lucíani cuya designación fue firmada por Cristina y hoy es quien la acusa.

¿Pero por qué este poder judicial sometido los grupos concentrados de la economía y los monopolios mediáticos, se enfrenta alevosamente contra Cristina Fernández?

Cristina representa la amenaza a los intereses de corporaciones monopólicas en Argentina y a los sectores especulativos de las finanzas, que tienen un prontuario de políticas de endeudamiento odioso en países subdesarrollados; sometiéndolos a reajustes económicos que afectan al bolsillo del pueblo trabajador.

Cristina, durante su gobierno, logró que los trabajadores se beneficien en la distribución de la riqueza con un 51% a su favor y 49% para las patronales. Esos números, durante el gobierno de Macri, se revirtieron en 57% en favor de las patronales y 43% para los trabajadores.

Hay algunos voceros que pretenden enlodar el legado de Cristina con falsas acusaciones, pretendiendo justificar el intento de magnicidio. Véase el artículo escrito por Javier Medrano en el periódico El Deber, “¿Quién es Cristina Fernández? Una política del melodrama y el teatro”, donde el autor afirma que:

“Lo sucedido en Argentina, con el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner… es una clarísima muestra del riesgo de estos hechiceros de la política, que pueden conducir a la gente a realizar actos de violencia pura, como es el intento de un asesinato”.

Por “hechiceros” no se refiere a los medios de comunicación y políticos que echan leña al fuego todos los días para alimentar los discursos de odio y la división en las sociedades, no, sino que para el autor: “…Lo único cierto es que ella (Cristina) es culpable de haber abierto una grieta profunda de odio y revanchismo.”

Intentan convertir a la víctima en victimaria, curiosa forma de analizar un intento de magnicidio.

Si uno dice defender a la democracia y sus instituciones, lo primero que debe hacer es defender la presunción de la inocencia, y así no caer en la lapidación mediática que lo único que busca es inocular odio en las sociedades para justificar magnicidios.

En definitiva, si uno dice defender a las instituciones, lo último que puede hacer es justificar un intento de magnicidio a una autoridad electa por el elemento más sagrado de la democracia: el voto.

Todo esto, sin sumar la actitud de algunos “periodistas”, que en sus redes sociales inflan la llama del odio con comentarios que por lo menos deberían ser repudiados por los medios en donde trabajan.

CRISTINA

Por Ariel Basteiro/ LA PAZ / 7 de diciembre de 2022.- Denuncio la corrupción de la Justicia argentina, manipulada por una oligarquía antipatria que ha creado un Súper Estado para supeditar los intereses argentinos a los de un pequeño grupo de mafiosos que se hacen pasar por empresarios y que lucran con las vidas del pueblo trabajador.

Este Súper Estado es un Estado sobre otro Estado. Es un Estado que nadie eligió pero que opera sobre las instituciones de la democracia.

Es un poder que se ejerce fácticamente mas no legalmente, mucho menos legítimamente.

Este poder es el que maneja los hilos de los medios de comunicación, la Justicia y la economía, sin haber ganado el voto de la mayoría de los argentinos.

Es un poder que se consolidó en el gobierno de Mauricio Macri con el endeudamiento desproporcionadamente irracional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es el mismo poder al que se enfrentaron Néstor y Cristina cuando trataron de regular al principal monopolio mediático de Argentina, Clarín, y al sector sojero del país que mediante su política de monocultivo extranjeriza un recurso estratégico para su pueblo.

Este mismo poder, mafioso, es el que ha vuelto para cobrar venganza. Llegando incluso a financiar, por parte de un grupo de empresarios amigos de Macri, a un grupo violento para matarla.

Contra el pueblo trabajador que osó disputarle la riqueza de su fuerza de trabajo a esa corporación de delincuentes. Pero también es el mismo pueblo que volvió a elegir a Cristina y a un gobierno popular, después de cuatro años desastrosos de Macri.

Eso no se lo perdonan al pueblo que se atrevió a elegir nuevamente a su lideresa.

Pretenden escarmentar a Cristina por representar los intereses del pueblo argentino.

Para dejar en claro que quien se atreva a tocar los intereses de la mafia del Súper Estado oligárquico, pagará con su libertad.

Pero Cristina no está sola, y mucho menos su pueblo la abandonará. El próximo 12 de diciembre, en la convocatoria del acto en el que Cristina será la única oradora, será el momento para demostrarlo.

A Cristina tratan, fundamentalmente, de sacarla de las elecciones. La verdadera sanción no es que vaya presa, sino que no pueda ser candidata. Los jueces contra toda lógica, sin elementos, terminaron dándole seis años de cárcel, buscando ilegalizarla.

No la castigan por cosas que supuestamente habría hecho mal. La castigan por haber hecho las cosas bien, en favor de su pueblo.

ENLACES DE LAS NOTAS

https://www.la-razon.com/voces/2022/09/26/el-deber-de-informar-y-hacer-justicia/?

https://www.la-razon.com/voces/2022/12/07/cristina/