Los mismos actores del 2019 intentan un nuevo golpe de Estado en Bolivia

Por Jorge Petinaud Martínez/La Paz/Prensa Latina.- Al cumplirse este 10 de noviembre un trienio del golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente de Bolivia Evo Morales, los autores de aquella ruptura constitucional ejecutan otro plan desestabilizador del Proceso de Cambio.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, denunció el 9 de noviembre que la retirada de los delegados del Comité Interinstitucional cruceño de la mesa técnica censal dio inicio a un plan para desencadenar la violencia en Bolivia.

Durante una conferencia de prensa en la cual se auxilió de videos y un gráfico con “la línea del tiempo”, apuntó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

Al referirse a la muerte del motociclista identificado como Eduardo Arancibia, degollado por un cable en un punto de bloqueo, y a ataques de paramilitares contra la localidad de Buenavista con petardos de alta potencia poco después de la retirada de los delegados cruceños de la mesa técnica, Richter recordó una advertencia pública de Calvo al presidente, Luis Arce.

“El único responsable de lo que pueda pasarle a Bolivia de hoy en adelante se llama Luis Arce Catacora”, amenazó el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz ante medios periodísticos. Añadió que se “sentarían con la Comisión Interinstitucional para tomar nuevas medidas”.

Camacho, en tanto, instó a “radicalizar la presión «porque el Gobierno no escucha absolutamente nada”.

Richter concatenó los acontecimientos de la noche del martes 8 de noviembre con un llamado a la toma de instituciones gubernamentales al siguiente día, cercos iniciados en la oficina territorial de Impuestos Nacionales y en la de la Aduana en Santa Cruz.

Mostró la “línea de tiempo” y consideró que el plan se inició con la retirada de la comisión técnica, en Trinidad, a las 20.30 hora local del martes, y a esa misma hora Calvo pronunció su advertencia al mandatario.

Señaló el portavoz que inmediatamente después un grupo de motociclistas partió hacia el poblado contrario al paro de Buena Vista, justamente el lugar donde se desató la violencia.

RECURSOS PARA FINANCIAR LA LOGÍSTICA DELINCUENCIAL

“Hay recursos para financiar esta logística delincuencial. No es lo espontáneo de una medida pacífica”, razonó al advertir que la Policía, en cambio, no pudo llegar para preservar el orden porque cuando le avisaron ya existía un bloqueo en la localidad intermedia de Portachuelo.

En la misma secuencia temporal, recordó que a las 22:00 hora local Camacho anunció la radicalización de las protestas contra la realización del censo en 2024.

Media hora después, remarcó, el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, advirtió en un video compartido en las redes sociales que “las medidas ahora se van a radicalizar y se van a profundizar (…) que empieza con la toma de instituciones”.

Richter informó que a la 01:00 del martes, miembros de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista iniciaron un ataque contra el barrio Plan Tres mil, el cual se prolongó por tres horas, hasta que efectivos policiales dispersaron a los agresores con gases lacrimógenos.

El vocero comentó que además de estos autores materiales de hechos violentos, los gestores intelectuales tendrán que asumir su responsabilidad por violar las normativas vigentes en el país.

Pese que a diferencia de 2019 los grupos de poder cruceños no lograron esta vez desencadenar un movimiento nacional y paralizar a todo el país por la movilización de los sectores populares, llamó la atención su rearticulación pública con aliados de La Paz, Tarija, Cochabamba y Potosí, implicados en el golpe que forzó la renuncia de Morales.

Sospechosas resultaron las reapariciones del expresidente boliviano y ultraconservador Jorge «Tuto» Quiroga en una visita a la casa del cívico Calvo, y del también exmandatario impulsor junto a Camacho en 2019 de la asonada golpista Carlos Mesa, en una conferencia de prensa en la cual planteó exigencias acerca del Censo de Población y Vivienda.

Las verdaderas intenciones de este plan salieron a la luz el 30 de septiembre último, con la intervención en el cabildo convocado por el Comité Cívico cruceño del abogado y exmilitar Jorge Santiesteban.

“Recuerden que ya los derrotamos y los vamos a volver a derrotar”, proclamó ante las cámaras de la televisión nacional en alusión al proyecto golpista que impuso a Jeanine Áñez al frente del gobierno de facto en 2019.

La analista política Susana Chacón denunció que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y 10 empresarios recurren al Censo de Población y Vivienda como un pretexto para alcanzar de manera inconstitucional el poder político como en 2019.

“No es menos cierto lo que se está ventilando en las redes, que existe un plan del señor Luis Fernando Camacho y de unos 10 empresarios que quieren la cabeza del presidente (Luis Arce), quieren tomar nuevamente el poder a la fuerza, eso es cierto. ¿Hay evidencia?

“¡Sí hay evidencia!”, afirmó.

Chacón declaró al sistema de medios estatales bolivianos que el afán desestabilizador es real y las pruebas están en manos de personas que sabrán cómo reaccionar en su momento.

Sostuvo que en política no existe coincidencia ni casualidades, y esas fuerzas radicales buscan siete objetivos que faciliten sus propósitos golpistas.

Enumeró entre ellos el Censo de Población y Vivienda y después el nuevo padrón electoral con el cual pretenden generar posteriormente la versión de un fraude, con los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Indicó la politóloga que el INE es la punta de lanza de todas las demás desestabilizaciones que vendrán con exigencias como la reforma a la justicia, los transgénicos, los avasallamientos de terrenos y el pacto fiscal.

ACCIONES DESESTABILIZADORAS EN MARCHA

Instó a las autoridades a ser previsoras y actuar porque estas acciones desestabilizadoras ya están en marcha con vistas a los comicios generales de 2025.

“Están en una carrera electoral compitiendo por los nuevos liderazgos departamentales y aquí se juegan papeles muy importantes”, alertó Chacón.

De acuerdo con la analista, dos bandos pugnan por el control del Comité Cívico pro Santa Cruz, uno con Camacho a la cabeza y el otro con Fernando Larach al frente, ambos vinculados a logias de poder como Toborochi y los Caballeros de Santa Cruz, respectivamente.

Recordó Chacón que el Gobierno nacional convocó en reiteradas ocasiones al diálogo para resolver el tema del Censo de Población y Vivienda, sin embargo, pese a que las autoridades cedieron en varios temas, los cívicos no mostraron voluntad de llegar a una solución negociada.

Incluso, el titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, declaró a la cadena estadounidense CNN que después de la demanda del “Censo en 2023 sí o sí”, se pasará a la exigencia de la renuncia del mandatario Arce.

“Tenemos tres caudillos insensibles, no tienen olor a pueblo”, expresó la analista respecto a Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

«Santa Cruz está secuestrada y sufre un boicot económico de tres representantes de logias, quienes pugnan por el control del Comité pro Santa Cruz en las elecciones de 2023», concluyó la politóloga.

Arce llama a la defensa de la democracia y del gobierno frente a las acciones de la “derecha reaccionaria”

AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMAICON (ABI). – Desde Potosí, el presidente Luis Arce convocó al pueblo a “permanecer unido en la defensa de la democracia (y) de su gobierno elegido democráticamente” frente a las acciones de la “derecha reaccionaria” que, utilizando a los medios de comunicación que le son afines, pretende mostrar a una Bolivia en “crisis y profundamente dividida”.

Sin embargo, “Bolivia es un solo as de voluntades que quiere vivir en paz y armonía”, como lo hace el pueblo de Potosí, afirmó en su discurso en la sesión de la Asamblea Departamental de Potosí y del Concejo municipal en vísperas al aniversario cívico departamental.

Arce hizo alusión al paro-bloqueo que cumple 19 días en Santa Cruz, en medio de violencia, racismo y discriminación. El gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, opositores al gobierno y actores centrales de la crisis y golpe de Estado de 2019, lideran la extrema medida de presión en demanda de adelantar el censo.

“El camino trazado no está libre de dificultades y peligros, hoy más que nunca el pueblo boliviano debe permanecer unido en la defensa de la democracia, de su gobierno que ha sido elegido democráticamente y con voto popular”, insistió en alusión al 55,1% de votos con los que fue elegido en las elecciones de 2020.

Arce enfrenta acciones de protesta desde que ganó las elecciones y que tienen su epicentro en Santa Cruz, articulados por cívicos y excívicos como Camacho. Movilizaciones de cívicos cuestionaron su triunfo electoral y exigieron a los militares tomar el poder en 2020, mientras que a fines de 2021 fueron parte de otro paro indefinido en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Hoy más que nunca debemos cerrar filas contra todos los intentos de la derecha reaccionaria que valiéndose de uno y otro pretexto, y con la ayuda de los poderosos medios de comunicación que le son funcionales, procura mostrar a Bolivia como un país en crisis y profundamente dividido”, advirtió en la sesión.

Una comisión técnica reunido en Trinidad determinó reducir en un mes el plazo del censo y fijó su realización entre marzo y abril de 2024. Las delegaciones técnicas de Camacho, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y de las alcaldías de Santa Cruz, La Paz y Tarija abandonaron la cita, en tanto que 36 delegaciones siguieron trabajando.

Gobierno denuncia una “violencia planificada y financiada” en Santa Cruz y apunta a Camacho y Calvo

ABI. – Apenas los delegados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Gobernación de Santa Cruz dejaran la Comisión Técnica, en Trinidad (Beni), a las 20.30 del martes, el cívico Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho vaticinaron un escenario “apocalíptico” en esa región y, en un par de horas, se generaron los ataques de grupos de choque, afines a los cívicos, a opositores al paro en el municipio de Buena Vista y en el populoso Plan Tres Mil.

Así, de acuerdo con el portavoz presidencial Jorge Richter, se daba marcha a la “violencia planificada” en el departamento de Santa Cruz que apuntaría a generar enfrentamientos y hasta fallecidos, con el fin de cubrir de legitimidad su “método de conflicto” que incluye el paro que lleva 19 días.

En una exposición pormenorizada, Richter evidenció al menos ocho hitos de lo que fue el trascurrir de una supuesta defensa de la paz social y la lucha de reivindicaciones justas, que alega el Comité Interinstitucional, al extremo de generar hechos vandálicos en contra de la misma población.

Esto se inició a las 20.30 del martes. A esa hora, los delegados de la Gobernación y de la Universidad decidieron retirarse de la Comisión Técnica antes de fundamentar su propuesta de realizar el Censo de Población y Vivienda el año 2023.

Apenas la delegación cruceña se retiró de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, donde sesionó la Comisión, el cívico Calvo realizó aseveraciones temerarias, dijo Richter.

“El único responsable de lo que pueda pasar con Bolivia de ahora en adelante será Luis Arce Catacora, al margen de no querer escuchar al pueblo, está provocando que la convulsión y la molestia de los diferentes sectores cada día sea mayor», dijo Calvo.

De acuerdo con Richter, mientras Calvo hacía su advertencia, ya estaba en marcha una caravana de motociclistas con desino a Buena Vista, un municipio ubicado sobre una colina con vista al “Parque Nacional Amboró”, a 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, que no comulga con los planes de la Gobernación y de los cívicos.

He ahí la razón por la que los grupos de choque se trasladaron a ese municipio, pues tenían el objetivo de generar enfrentamientos con la población. En su pretensión, los movilizados, en su mayoría jóvenes, atacaron con detonantes un surtidor con el aparente interés de generar consecuencias irreparables.

Richter dijo que esta no fue una movilización espontánea, sino parte de una planificación, pues dijo que llegar hasta Buena Vista toma alrededor de horas y el uso de motocicletas demanda un alto presupuesto.

“Existe una planificación de ataque deliberado porque ellos han logrado pasar el bloqueo en Portachuelo, la policía no ha podido”, reveló Richter al asegurar que “hay recursos que financian toda esta logística delincuencial” y que también hay “responsables intelectuales”.

A eso sumó una segunda advertencia pronunciada por el gobernador Luis Fernando Camacho quien, a las 22.00 del martes, antes de reunirse con Calvo, dijo que “vamos a radicalizar las medidas” porque “quieren cansar al pueblo cruceño” y afirmó que “no se descarta nada”.

Como efecto de ello, horas más tarde, entre la 01.00 y 03.45 de la madrugada, se registraron enfrentamiento de unionistas con vecinos del Plan Tres Mil.

A ello se sumó el deceso de un motociclista que fue degollado por un cable coaxial amarrado en los extremos de dos postes de alumbrado eléctrico en un punto el bloqueo del paro indefinido en Santa Cruz.

En sintonía con Camacho y Calvo, el vicerrector de la Universidad, Reinerio Vargas, anunció vigilias en los edificios públicos, situación que inició este miércoles en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales.

Richter afirmó que estas acciones son parte de una “metodología para convulsionar, crear conflicto, tensión y hasta muertos” en la capital cruceña y que cuenta también con un importante financiamiento.

Como evidencia, enseñó varios mensajes divulgados en grupos de WhatsApp en los que se instruye, por ejemplo, a personal de la gobernación cruceña realizar depósitos a una cuenta de la Cooperativa Jesús Nazareno, una entidad financiera, además, vinculada con el caso de los ítems fantasmas por el que la exalcaldesa Angélica Sosa guarda detención preventiva.

El portavoz enfatizó que estas acciones de violencia no tienen justificativo porque ya se accedió a una de las principales exigencias de Comité Interinstitucional que era la redistribución de los recursos por coparticipación tributaria.
Con la propuesta del Gobierno, esto se concretaría en el mes de octubre de 2024 con los datos preliminares del Censo.

Por tanto, Richter instó a que se “deponga el paro indefinido” y abogó para que “Santa Cruz retorne a la normalidad”, porque, además, la Comisión Técnica concluyó su labor y recomendó que el proceso censal se realice entre los meses de marzo y abril de 2024.
“Esperamos que Santa Cruz encuentre el camino de la tranquilidad en las siguientes horas”, expresó.